Cuentas detrás de la reforma electoral

La MEE no calculó el impacto fiscal de propuestas. EL COLOMBIANO hizo cálculos de rubros con expertos.

Por lo menos 12 de las propuestas que le entregó al Gobierno la Misión Electoral Especial (MEE) hace dos semanas, y que llegarán al Congreso en dos actos legislativos esta semana, implicarán inversión de recursos públicos, que nadie ha calculado.

El informe, de 324 páginas, no trae un precosteo o estudio de impacto fiscal sobre estas recomendaciones, pese a que un mes antes, cuando la MEE presentó en Cartagena las primeras recomendaciones generales, el presidente Juan Manuel Santos les pidió a los expertos incluir los presupuestos aproximados de las mismas.

No existen datos oficiales de cuánto costaría crear, por ejemplo, el Consejo Electoral Colombiano ( CEC), que reemplazaría al Consejo Nacional Electoral (CNE). Este tendría siete consejeros y personal especializado, vinculado mediante concurso de méritos, con funciones de policía judicial. Además, gozaría de autonomía presupuestal y desconcentración para ejercer un mejor control y vigilancia a las campañas y su financiación.

También sería creada la Corte Electoral (CE), que la integrarían siete consejeros y 18 magistrados distribuidos en seis tribunales regionales. Además, habría siete nuevas curules en la Cámara, y segunda vuelta en elecciones de alcalde en los seis municipios más grandes del país, excepto si el primero gana con el 40 % de los votos y obtiene un 10 % de diferencia sobre el segundo.

De igual manera, el Estado deberá anticipar el 50 % de financiación a partidos antes de elecciones, garantizar el transporte público gratuito para la jornada electoral en las principales ciudades y financiar de manera parcial la publicidad de los partidos en los medios masivos.

Para complementar tendrá que actualizar el censo poblacional, crear puestos de votación móviles en áreas alejadas,

crear la Dirección de Educación Democrática (adscrita al CEC), instituir la cátedra de democracia en instituciones educativas y fundar el programa Nacional de Educación para la Democracia, dirigido a profesores y directivos.

¿Por qué no se costeó?

En el Gobierno desconocen hoy cuánto puede costar este paquete de sugerencias. El viceministro del Interior, Guillermo Rivera, le dijo a EL COLOMBIANO que son recomendaciones de la MEE, no de ellos. “Cuando el Gobierno presente un texto a consideración del Congreso haremos el cálculo de los costos”.

Sobre cuánto costó la Misión respondió que no tenía esa información pero que los gastos se financiaron con recursos de fondo de programas especiales para la paz y de cooperación internacional.

Juan Carlos Rodríguez, director del Instituto para la Democracia de la Universidad de Los Andes y uno de los seis académicos que integraron la MEE, dijo que no tenía el cálculo preciso de lo que costaría implementar estas recomendaciones, “pero habría que agregar los ahorros en materia de elecciones atípicas y costos de campaña considerablemente menores, además de las ganancias intangibles: certidumbre jurídica, ampliación de la democracia, entre otros.

Según la MEE estas modificaciones generarán eficacia y aumentarán la confianza del

ciudadano frente a los procesos electorales, pues contempla autoridades independientes, con capacidad real de control sobre quienes se postulan a cargos de elección popular y que harán efectivo el respeto de la voluntad del ciudadano expresado en las urnas.

El exviceministro del Interior y consultor político, Juan Fernando Londoño, señaló que la MEE debió incluir un costo aproximado de la propuesta, pero que no lo hizo porque hay cosas impopulares, y que si aparte de esto dice que hay que gastar más, peor.

“Urge estudio económico”

Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que la propuesta requiere un estudio de impacto económico. “Es absurdo. Esa reforma no se necesita. Según las cuentas del Estado estamos en crisis y esto la agudiza todavía más. Antes de adelantarla hay que mirar el impacto fiscal de las reformas que se proponen”.

Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional y actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin dar aproximados dijo que será difícil su realización por el costo económico. “Debería hacerse el cálculo indicando cuánto vale hoy el CNE, cuánto la sección quinta del Consejo de Estado y cuánto las elecciones atípicas”.

Felipe García, magistrado del CNE, afirmó que una reforma responsable debería tener calculado, de antemano, los eventuales costos de la propuesta. Agregó que la democracia cuesta y lo más responsable es decirle al país cuánto será ese costo para el erario.

“El CNE no tiene un costo fijo porque depende de si es año electoral o no, pero es de lo que menos vale. Pero la propuesta además, incluye unos tribunales regionales que hoy no tiene”.

¿Sí cuesta tanto?

Armando Novoa, magistrado del CNE, dijo que no está de acuerdo con algunas propuestas de la MEE, sin embargo, los costos serían más o menos iguales. Explicó que el CNE cuesta 13.000 millones al año y que son cuatro consejeros de Estado ( sección Quinta) y nueve consejeros electorales (13 en total), por lo que se aumentaría solo un magistrado.

“Los regionales saldrían de la supresión de uno de los dos actuales delegados departamentales, aunque habría que agregar una infraestructura mínima. Tenemos congelado el censo electoral desde 1985 y es necesario actualizarlo”.

Novoa añadió que los anticipos se giran al CNE, pero no los desembolsan oportunamente, es decir, el costo no se incrementaría.

“No sé cuánto pueda valer el transporte público gratuito, o la financiación de la publicidad, ni el censo poblacional. En la Registraduría existe una dirección de investigaciones para la democracia. Si hay una buena organización electoral, nos ahorraríamos una platica de la corrupción electoral”.

Según Londoño, aunque el transporte el día de elecciones puede costar un poco, es una garantía para que la gente pueda votar y no dependa de los “caciques”. Agregó que el Estado llegaría a un acuerdo con empresas de transporte, que también deben hacer un aporte a la democracia, para que operen a costo o reducirlo de su declaración de renta.

“Con lo que se paga el CNE se pagaría el CEC. Una CE sí implica un costo adicional, excepto que le recorten magistrados al Consejo de Estado, pero es muy difícil. Tener regionales de la organización electoral implica más costos,

“Se observa un incremento de más del 30 % en la burocracia, un primer argumento de irracionalidad”. GUSTAVO GÓMEZ Exmagistrado del Consejo de Estado

excepto que se haga una reforma en la Registraduría para pasar algunas personas. El tema de la educación cívica no cuesta mucho. La propuesta de aumentar congresistas no va a pasar, y 7 más tampoco va a quebrar al Estado”.

Un representante a la Cámara cuesta por año 778 millones de pesos, agrupando su unidad técnica legislativa, sin sumar carros y escoltas. Así que siete representantes más, que según la MEE ayudaría a mejorar la representación territorial, costarían cerca de 6 mil millones de pesos por año.

Un alto funcionario del Estado, que pidió reserva, precisó que la implementación de la CE valdría 40 mil millones de pesos, “calculada sobre la base del costo de un despacho de consejero, con su planta , y de un despacho de magistrado de tribunal con su planta, para los tribunales regionales”.

Añadió que el CEC valdría unos 30 mil millones, porque tienen el mismo salario del consejero y partiendo de la misma planta, que es de 120 funcionarios. “Cuánto valdría la policía de investigación electoral?”.

EL COLOMBIANO tuvo acceso a una relación detallada de gastos de funcionamiento de la Sección Quinta del Consejo de Estado, con función electoral, y suma un total de 16.246 millones de pesos.

¿Por qué se necesitan?

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) e integrante de la MEE, afirmó que la mora en la toma de decisiones en torno a aspectos que se podrían resolver antes de las elecciones ha generado problemas como la realización continua de elecciones atípicas, que sólo desde 2015 le han costado al país alrededor de 10 mil millones de pesos, sin contar los comicios que aún faltan por realizarse.

“La creación de esta Corte responde a la necesidad de la democracia colombiana de tener una corte especializada en materia electoral, lo que, además, permitiría eliminar la duplicidad de funciones que hay entre el CNE y el Consejo de Estado”. Al respecto el magistrado

Jorge Octavio Ramírez, presidente del Consejo de Estado, expuso que el índice de eficacia de la Sección Quinta del Consejo, con experiencia de 28 años en asuntos electorales, es del 95% y que por eso no se justifica la creación de una jurisdicción electoral.

“En el 2016, por ejemplo, esta Sección inició con 53 procesos a su cargo, durante ese año recibió 297, lo que suma 350 procesos, y finalizó el 2016 con solo 34 procesos en los despachos. Es decir falló 316 en los plazos constitucionales. ¿Cómo puede hablarse entonces de ineficiencia o ineficacia?”, agregó Ramírez.

Democracia o burocracia

A través de un comunicado, la Sala Plena del Consejo de Estado rechazó la semana pasada la propuesta de creación de una nueva alta corte porque es “costosísima” y sus tribunales y funcionarios se requerirían solo para épocas electorales. “No tiene relación de conexidad alguna con el acuerdo para la terminación del conflicto , que busca fortalecer la participación”. El presidente del Senado,

Mauricio Lizcano (La U), no conoce los costos de la propuesta. “Vamos a crear una jurisdicción ordinaria, una ju- risdicción especial para la paz, otra electoral... ¿cuántas cortes quieren crear? Tribunales en cada región, una la locura. Es nueva burocracia, con el agravante de que hoy el Consejo es autónomo, con funciones jurisdiccionales y se eligen por cooptación (designación interna), pero la CE tendría un origen político”.

Agregó que aunque algunos dicen que pasan magistrados de la Sección Quinta a la nueva CE, eso es inconstitucional y lo prohibió la ley del equilibrio de poderes (puerta giratoria).

Según la MEE, lo que pretende la nueva jurisdicción es despolitizar las órganos electorales, como el CNE, que están coptados por representantes de los partidos políticos. Los nuevos órganos estarían integrados por ternas presentas por las altas cortes y la presidencia de la República.

El exmagistrado del Consejo, Gustavo Gómez, afirmó que en las propuestas se observa un incremento de más del 30 % de burocracia comparativa, lo cual da un primer argumento de irracionalidad. Para la senadora Nidia

Marcela Osorio (Partido Conservador) así como la Corte Constitucional ha establecido en diferentes sentencias de tutela que la falta de presupuesto no es excusa para que el Estado deje de garantizar el cumplimiento y eficacia de los derechos fundamentales, “elegir y ser elegido” también lo es. “El valor de mejorar la democracia es más alto que el precio de los nuevos mecanismos para hacer un sistema mas incluyente y participativo. El beneficio es más alto que el costo. No hay que confundir valor y precio. Hay que priorizar inversiones y esta es una de ellas”. Por su parte el senador José

Obdulio Gaviria (Centro Democrático), dijo que el mismo grupo que protagonizó las principales decisiones de la constituyente, es el que hoy está poniendo “patas arriba” la institucionalidad colombiana. “Ahora tampoco tienen empacho en llenarnos de más burocracia con costos infinitos que a ellos importan poco o nada. Son los rápidos, los reyes del despilfarro”.

“Más costosa la corrupción”

Ante este dilema costo - beneficio, Patricia Muñoz Yi, docente de Ciencia Política de la U. Javeriana afirmó hoy no tienen valor los costos que pagamos en desequilibrio en las opciones electorales, corrupción política, ingreso de recursos lícitos e ilícitos que luego son cobrados a través de la contratación pública, desviación de recursos, descrédito y falta de confianza en la democracias, las instituciones, los elegidos y la política.

Según el exviceministro Londoño, hay que invertir más en la democracia y se debe dejar la hipocresía. “¿Cuánto nos cuesta la corrupción? Tener un buen sistema de financiamiento sería mucho más barato que toda la corrupción”. No obstante, reconoció que “con el actual monto de recursos para el financiamiento político es imposible transformar el sistema”.

Una comisión del Gobierno realizó un cónclave esta semana para determinar qué propuestas serán llevadas al Congreso. Sin un estudio de impacto fiscal y de capacidad financiera, podrían quedarse en letra muerta

“Tener un buen sistema de financiamiento sería mucho más barato que toda la corrupción”. JUAN FERNANDO LONDOÑO Exviceministro del Interior “Demora en la toma de decisiones le ha costado al país $10.000 millones desde 2015 por elecciones atípicas”. ALEJANDRA BARRIOS Dir. Misión de Observación Electoral