TIERRA Y GUERRA

Colombia busca salir de la guerra mediante la negociación política con las Farc y el Eln, pero una buena parte de la sociedad no quiere aceptar que dejar atrás la guerra es beneficioso. Este sector, afincado en la defensa a ultranza de una justicia retributiva absoluta con la que pretende impedir que haya impunidad para las Farc, centrado en la impugnación de la JEP y en la demonización de la profundización de la democracia, deja de lado las cuestiones que han causado el conflicto como la desigualdad económica, el papel de la concentración de la propiedad y la cuestión agraria.

Negar la guerra interna colombiana con el argumento de que lo único que hubo fue terrorismo por parte de las Farc, es negar el papel central que fenómenos como las disputas sobre los derechos de propiedad sobre la tierra jugaron en la misma.

Es incomprensible que el país político, los medios y el entorno uribista giren en sus discusiones y argumentaciones en torno a asuntos que realmente se han convertido en triviales de tanto repetirlos y que como ciudadanos no seamos capaces de enfrentar los problemas de fondo de nuestro país.

En diferentes zonas del país, los campesinos han estado durante décadas bajo el poder de ejércitos privados de derecha e izquierda, han vivido atrapados como víctimas de la polarización armada, fueron despojados de sus tierras y desplazados a los cinturones de miseria de las ciudades. La sociedad colombiana tiene una deuda con ellos y con los sectores más pobres, y saldarla debería estar por encima de los intereses partidistas y particulares.

Ahora que se inicia la discusión sobre el proyecto de ley de tierras para dar cumplimiento al acuerdo agrario, caen rayos y truenos sobre esta iniciativa que, realmente si fuéramos una sociedad justa y decente, debería ir más allá de lo acordado con las Farc. Pero el representante de Fedegán, José Félix La

faurie, la demoniza porque es parte del acuerdo. La ley de tierras, dijo en CM&, “perturba la propiedad privada. El día que se vulnere la propiedad privada se prende la mecha”. Frase aterradora y amenazante. Y mucho más frente a la dramática cifra de 127 líderes sociales asesinados en el país en los últimos meses. ¿Qué pretende la ultraderecha con su discurso incendiario contra los acuerdos?

Quien conozca la historia de Colombia no puede desconocer que el problema de la tierra y la posibilidad de una reforma agraria han estado en el centro de la confrontación en el país desde el siglo XIX. En el orden político existente la tierra se ha concentrado en pocas manos. Según los datos disponibles, el 77 % de esta está en poder del 13 % de propietarios, y además, 3,6 % de estos tiene el 30 % de la tierra (Reyes, 2009). Es necesario un proceso de justicia social redistributivo si queremos eliminar las razones estructurales que llevaron a la violencia. Es cínico, irresponsable y antipatriótico amenazar con más violencia si se le da a la propiedad privada su función social constitucional

Es necesario un proceso de justicia social redistributivo si queremos eliminar las razones estructurales que llevaron a la violencia.