En defensa de los ríos
La Corte Constitucional declaró el río Atrato como el primer ecosistema “sujeto de derechos” en Colombia. ¿Qué significa esta sentencia y cómo impacta al río Medellín?
Desde el pasado 29 de abril, el río Atrato tiene derecho a respirar, a vivir como todos los seres humanos. El río más caudaloso de Colombia está intoxicándose por actividades como la minería ilegal. Para no ir muy lejos: en 2016 la Defensoría del Pueblo llamó la atención por la afectación de mercurio y cianuro en el afluente, pues afectaba a 120 resguardos indígenas y 600 comunidades afrodescendientes.
Ante la situación, a las comunidades ribereñas no les quedó otro camino que solicitar, como lo hicieron para ellas mismas en 1991, derechos para el ecosistema.
En una sentencia inédita, la Corte Constitucional declaró al Atrato como “sujeto de derechos”. Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte aprobó que el río fuera protegido más allá de la legislación ambiental, argumentando que la naturaleza, en lugar de ser propiedad del ser humano para su abastecimiento, está en igualdad de condiciones que los seres humanos.
Así lo dice la sentencia: “Se trata de ser conscientes de la interdependencia que nos conecta a todos los seres vivos de la tierra; reconocernos como partes integrantes del ecosistema global”.
Para que esta idea pase del papel a la realidad se necesita que el Gobierno garantice los siguientes derechos del Atrato: conservación, protección, restauración y mantenimiento. ¿Cómo hacerlo? Primero, como ordenó la Corte, hay que elaborar un diagnóstico, luego conformar una comisión de “guardianes del río” y un plan de cumplimiento vigilado por el Instituto Humboldt y World Wild Foundation Colombia.
Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente ejecuta un plan con los mineros para erradicar la minería con mercurio antes de diciembre de 2018. De hecho, en octubre de 2016 los mineros de Chocó rati- ficaron un acuerdo voluntario con el Ministerio para no utilizar mercurio en sus actividades. Por su parte, el Minambiente invirtió 2.900 millones de pesos para ejecutar el Programa de Restauración de Áreas Degradadas por extracción ilícita de minerales en la zona del medio San Juan.
Que los ríos tengan derechos, y de paso otros ecosistemas, sería una idea en sintonía con la crisis ambiental que atraviesa el país: de acuerdo con la Universidad Nacional, la industria, el sector agropecuario y las aguas domésticas generan 9 mil toneladas de materia orgánica contaminante de los acuíferos.
Alcance de la decisión
Si la Corte ahonda en la protección de derechos de los ecosistemas, la legislación colombiana podría llegar a parecerse a la de Bolivia, país que le otorgó derechos a la “Madre Tierra”.
Lo explica la profesora Gloria Amparo Rodríguez, directora de la especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario: “Ha sido común en los últimos años que los países reconozcan no solo al ser humano como sujeto de derechos. En Francia, Ecuador y Bolivia le han otorgado derechos a la naturaleza, buscando una protección especial”.
De acuerdo con el contexto internacional, Rodríguez no descarta que “la sentencia de la Corte tenga un alcance mayor y que en un futuro los ríos Medellín y Bogotá, por ejemplo, tengan derechos. Este es un precedente importante porque los sujetos que gozan de derechos especiales deben ser protegidos”.
En relación con los antecedentes ambientales, Rodrigo Negrete, abogado especialista en medio ambiente de la Universidad del Norte, explica que la Corte priorizó ecosistemas estratégicos como los páramos, humedales y manglares. “Ha identificado que son frágiles y que por su importancia ecosistémica requieren protección. Sin embargo, el Gobierno sigue siendo muy débil a la hora de protegerlos”.
Oportunidad para otros ríos
El río Bogotá se convirtió en referente de la contaminación en Colombia por perder el oxígeno en algunos tramos, como lo ha demostrado la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Pese a que el Consejo de Estado emitió un fallo en 2014 que ordenaba su recuperación antes de 2044, los avances han sido mínimos.
Según el cronograma de la sentencia, por esta época ya debería existir una gerencia del río Bogotá, las sedes de curtiembres en teoría estarían por fuera de la ronda del río y ya tendría que estar en marcha la descontaminación del afluente. Sin embargo, ninguna condición se ha cumplido en su totalidad. Apenas en diciembre pasado el Gobierno presentó un proyecto de Ley para crear la gerencia del río Bogotá.
Ante esa situación, las organizaciones ciudadanas defensoras han optado por interpo- ner acciones populares, tutelas, demandas. Fernando Vásquez, director de la Fundación Al Verde Vivo, es uno de esos líderes ambientales. “Tuvimos que interponer acciones legales y después de 22 años el Consejo de Estado falló a favor del río Bogotá. Sin embargo, se incumplen las sentencias. Usted ve y las curtiembres siguen, los vertimientos de las construcciones también y el río recibe aún aguas residuales domésticas de 835.000 personas”.
Para Vásquez, que el río Bogotá cuente con derechos podría mejorar la situación. Sin embargo, precisa que sin la vo- luntad institucional, la idea podría quedarse en el papel: “Es lamentable que el afluente termine siendo un río jurídico, no un ecosistema que moviliza las aguas. Si se logra la protección con los derechos que hoy tiene el Atrato, sería un precedente muy importante para que se le valore como lo que es”.
Al revisar los avances en la descontaminación del río Bogotá, uno de los proyectos que tendrá impacto es el de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de Salitre, en la cual la CAR invertirá cerca de 430 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 1 billón de pesos.
La planta permitirá tratar las aguas residuales generadas por 2 millones de habitantes del norte de la capital. De otro lado, está el proyecto de la Ptar Canoas, la cual debería ayudar a descontaminar el río en su cuenca media y baja. Según la CAR, los diseños de la obra se presentarán en 2018.
Más avanzado se encuentra el proyecto de descontaminar el río Medellín. En teoría, antes
de terminar el año comenzará a operar la Ptar de Aguas Claras, en Bello, obra que junto con otras plantas logrará descontaminar el 95 por ciento de las aguas residuales en el Valle del Aburrá, según EPM.
Pese a los proyectos, a las organizaciones ambientales les preocupa que continúe la contaminación en algunos fragmentos de los 100 kilómetros del río Medellín, incluidos afluentes como quebradas y humedales.
Así lo explica Guillermo Rojo, coordinador de Naveguemos el Río: “Las plantas de tratamiento son un avance, pero hace falta mucho más. Sin duda nos interesa que sea declarado como sujeto con derechos porque no estamos protegiendo debidamente las quebradas. Con los 500.000 millones de pesos que invertimos en Parques del Río habríamos podido comprar 10.000 hectáreas de tierras en el Valle de Aburrá para proteger el río, para demostrar que él es el centro, no el ser humano, como sucede en Parques del Río”.
Para estar en el centro de la agenda pública, el río Cauca también podría contar con derechos. De este ecosistema se abastece el 70 por ciento de los ciudadanos de Cali. Finalizando 2016, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) denunció la presencia de cultivos ilícitos y extracción minera ilegal en la zona donde confluye el río Timba con el Cauca. Actualmente, las comunidades ribereñas del río Cauca esperan la construcción de plantas de tratamiento en Jamundí, Palmira, Buga y Cartago. Tulúa cuenta con una que trata el 100% de sus aguas residuales, a la que se suma otra Ptar en Cali, según la CVC.
La situación en esta región del país fue diagnosticada por la Universidad del Valle. El profesor Jorge Latorre, especialista en Ingeniería Sanitaria, considera que “el modelo de desarrollo es el origen del problema en el río Cauca. Es un modelo fundamentado en la explotación de recursos naturales, como la explotación minera, la caña de azúcar y la venta de hidrocarburos. Los sistemas naturales comienzan a desaparecer para favorecer otro tipo de explotación”.
Si el río Cauca fuera considerado sujeto de derechos, Latorre considera que se facilitaría el control de las actividades
extractivas, generando una presión en el trabajo de las entidades ambientales. “Necesitaríamos que con esa declaración del río como sujeto de derechos vengan recursos y una gestión de conocimiento, por ejemplo, para que las empresas implementen usos eficientes del agua. Para disminuir significativamente los niveles de contaminación necesitamos el trabajo de múltiples sectores, por eso la política sería importante, pero no suficiente”.
La voluntad política es un tema reiterativo cuando se trata de cumplirle al medio ambiente. Susana Muhamad, exsecretaria de Ambiente en Bogotá, tuvo que ver con sus propios ojos cómo se dilataba el proceso de recuperación del río por trámites en el gobierno Nacional.
“La sentencia del río Bogotá incluye todos los elementos, participación ciudadana, gerencia del río, participación de municipios, en fin, una serie de órdenes que garantizarían su recuperación. Pasó el tiempo y
nadie cumplía. Al Ministerio de Ambiente le dieron la orden de crear la gerencia del río y ni siquiera eso radicó. Sin la voluntad política, solamente queda la movilización ciudadana”.
Pese a los problemas institucionales, otorgarle derechos al río Bogotá sería un acto simbólico que marcaría otro precedente importante en la jurisprudencia colombiana. “Sería vital porque la naturaleza no solamente genera recursos. Un ecosistema tiene derechos, como nosotros: derecho a respirar, a tener un espacio donde vivir, a tener salud. Si el río es sujeto de derechos — concluye Muhamad— cambia la relación entre ese ecosistema y el ser humano. Dejaríamos atrás la relación instrumental y lo veríamos como sistema vivo”