Los desafíos que traerán las 16 curules especiales en la Cámara

Esta semana inicia en el Congreso el trámite del proyecto de acto legislativo que, según el Acuerdo de La Habana, amplía la participación política de territorios que sufrieron el conflicto.

Mínimo el 10 % de los miembros de la Cámara de Representantes, que serán elegidos en 10 meses, provendrá de 16 zonas rurales del país que en las últimas décadas fueron escenarios del conflicto y donde el Estado brilla por su ausencia.

Las 16 nuevas curules serán creadas por medio de un acto legislativo que el MinInterior ya radicó en el Congreso y que se empezará a tramitar la próxima semana. La iniciativa desarrolla el punto 2.3.6 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, y tendrá una vigencia por dos períodos legislativos (ocho años).

En vista de que el trámite será por la vía rápida ( fast track), podrían ser mínimas las modificaciones que recibirá en los cuatro debates. Si bien en el documento están consignados los aspectos generales de cómo funcionaría esta jurisdicción, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) confirma que ya tiene la reglamentación, pero que esperará qué pasa en el Congreso y para mirar si es necesario hacer modificaciones.

Zonas de alto riesgo

En 2016 el censo electoral nacional fue de 34’.899.945 ciudadanos. El de estas circunscripciones de 2’.688.159 personas, lo que representa el 7.6% del país. Estarán integrados por 167 municipios, distribuidos en 15 departamentos. Antioquia es el de mayor representación. Tendrá dos y compartirá otra con Chocó.

Según Jaime Alberto Carrión, docente de Sistemas Políticos en la U. Nacional, es algo justo porque, después del Distrito Capital, es el territorio con mayor número de víctimas de la violencia, especialmente por desplazamiento.

A Luis Trejos, docente de Ciencia Política de la U. del Norte, le preocupa que en esos territorios todavía haya presencia de grupos armados ilegales, distintos a las Farc, como Eln y bacrim, que controlan rentas ilegales. “El solo hecho de la presencia de estos actores altera cualquier posibilidad de participación política libre y espontánea, porque tienen unos ‘órdenes’ sociales” definidos.

Según un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, desde el primero de enero de 2016 hasta el 6 de abril de 2017, en estos municipios, que representan el 14.8 % de las entidades territoriales del país, se presentaron 160 hechos de violencia; es decir, el 36 % del total nacional. Hubo 69 amenazas y 56 asesinatos.

Ante este temor la OACP señala a este diario que con las Farc desarmadas la fuerza pública tendrá un mayor control sobre esos territorios, sin dejar de reconocer la presencia de otros actores ilegales. “La Fuerza Pública deberá blindarlos para que la gente pueda elegir con mayor tranquilidad y transparencia”.

Posible usurpación

Los candidatos solo podrán inscribirse por grupos significativos de ciudadanos y organizaciones sociales. En las circunscripciones que coincidan con territorios étnicos, podrán inscribir candidatos los consejos comunitarios, los resguardos, las autoridades indígenas y las kumpañy (gitanos).

Así las cosas, 167 consejos comunitarios con asiento en esos territorios (71 % del total del país) y 380 resguardos indígenas (el 44.9 % de los existentes) quedarán abarcados dentro de la circunscripción especial de paz.

En el proyecto se lee de manera explícita que ni los partidos o movimientos con representación en el Congreso, y menos el que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal, podrán inscribir listas de candidatos.

No obstante, Patricia Muñoz Yi, docente de Ciencia Política de la U. Javeriana, sostiene que la primera preocupación tiene que ver con la posibilidad de que las nuevas curules sean conquistadas por actores políticos tradicionales, o por el partido político de las Farc, en cuerpo ajeno.

“El proceso debe ser afinado al máximo, activar toda la vigilancia previa y de control que se hace para una elección ordinaria, sobre todo en el censo electoral, porque se podría presentar trasteo. Se deben activar alarmas, por medio de veedurías, sobre la relación de candidatos con actores políticos tradicionales”.

El primer riesgo, advierte Jorge Iván Cuervo, docente e investigador de la U. Externado, es que no se vean representados sectores marginados por los políticos o los actores sociales que han estado por fuera del debate político.

“Esa figura se inspira en un imaginario de que hay actores sociales puros o que aspiran a serlo, y no van a ser coptados por terceros. Ahí hay cierta ingenuidad, porque no hay forma efectiva de asegurar que muchos de estos no vengan del sistema político, o no hayan sido actores cercanos a las Farc, sin que hayan militado en ella. Habrá comunidades campesinas y afro muy organizadas, pero no faltarán los colados”.

Luis Fernando Álvarez, expresidente del Consejo de Estado y decano de Derecho de la U. Bolivariana, aprecia que, por el momento, la duda principal se refiere a la inscripción y a qué debe entenderse por grupos significativos de ciudadanos. “Va a suceder como con las juntas administradoras locales: los grupos tradicionales, incluso las Farc, por su logística, van a escoger e imponer candidatos”.

Trejos recuerda que, por ejemplo, Yahir Acuña, el expresentante por Sincelejo, logró las dos curules de las negritudes por medio del movimiento Afrovides, y en ambas quedaron personas blancas.

Los controles que vienen

Trejos destaca que habrá representación política en espacios nacionales de toma de decisiones de territorios marginados por efectos de la confrontación armada.

La norma establecerá que los candidatos, además de los requisitos generales, deberán ser habitantes regulares de la circunscripción o desplazados de estos territorios, y en proceso de retornar.

EL COLOMBIANO estable-

ció que la reglamentación prohibe la creación de movimientos o grupos significativos solo para dar avales en las elecciones, pues desdibujaría el objetivo. Estos grupos deben acreditar varios años de trabajo social en la región y los candidatos deben tener relación con esas organizaciones y no podrán haber tenido representación pública, política o directiva en determinados años atrás en ningún otro partido político tradicional.

La OACP reconoce que es muy difícil blindar por completo el proceso, porque muchas organizaciones compartirán ideales con partidos tradicionales o con el nuevo partido de las Farc.

De otro lado, la condición de víctima se tendrá que acreditar por una certificación expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas o por cualquier otro medio probatorio que pueda certificar la Procuraduría mediante acto administrativo, pues muchos no están inscritos ante la Unidad.

Manuel Atehortúa, vocero de Marcha Patriótica en Antioquia, cuya cabeza visible es la exsenadora Piedad Córdoba, afirma que se están preparando para competir en esas jurisdicciones. Aunque es un movimiento social y político de alcance nacional, deberán demostrar arraigo territorial.

Carrión dice que la mayoría de las organizaciones sociales en Colombia tiene trabajo con cobertura nacional, en distintos campos, por lo que será difícil probar cuándo estará inhabilitada para participar con candidatos.

“Nada se dice acerca de los requisitos que tendrían allí los grupos significativos, cuántas firmas y apoyos se requieren, teniendo en cuenta que son áreas rurales y diversas. Ahora, ¿qué futuro tendrán dentro de otro años? ¿Competir en igualdad de condiciones?”.

Abstención e inversión

Según la MOE, la participación electoral promedio en estas zonas, en las elecciones para Cámara en 2014, fue del 42 %; es decir, lo que representó el 11,5 % del total. Además, presentan déficit de cedulación.

Por esa razón, en las regiones habrá promoción fuerte de inscripción de cédulas, que irá acompañada de una pedagogía electoral y una priorización para el registro de documentos de identidad. De igual manera, si el censo electoral de un municipio supera los 50.000 ciudadanos, solo serán habilitados los puestos de votación en las zonas rurales.

Para Trejos, por tratarse de zonas apartadas, deberá haber una infraestructura o una logística electoral que lleve mesas de votación a los puntos apartados, porque lo que se busca es la inclusión de las comunidades en el sistema democrático.

¿Qué tanto lograrán los 16 nuevos congresistas impactar el desarrollo de sus comunidades con políticas públicas, leyes e inversión? Los movimientos sociales y políticos tendrán la palabra