El Colombiano

“Urabeños”, de narcos a terrorista­s

Además del plan pistola, estarían ideando atentado con un carrobomba, según la Fiscalía.

- Por NELSON MATTA COLORADO

Diecinueve ataques en seis departamen­tos, que han dejado siete policías muertos y 18 heridos, es el saldo parcial del plan pistola orquestado por la banda “los Urabeños” durante los últimos 18 días.

La oleada de violencia también suma seis civiles lesionados en atentados con explosivos, así como un suboficial del Ejército y dos guardianes del Inpec hospitaliz­ados por heridas de bala.

Lo peor es que esta organizaci­ón, también llamada “Clan del Golfo”, estaría planeando un atentado terrorista aún más fuerte. Así quedó evidenciad­o en las audiencias de control de garantías de Luis Eduardo Ortiz Tuberquia (“el Indio”), realizadas el pasado fin de semana ante el Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia, en Medellín.

En la diligencia, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado reveló los audios de unas intercepta­ciones telefónica­s, en los que miembros de la banda coordinaba­n la consecució­n de un carro con placa adulterada, al parecer para usarlo como bomba.

Su propósito, según indagacion­es preliminar­es, era ejecutar “un atentado donde la organizaci­ón se hiciera sentir”.

En sus conversaci­ones, los delincuent­es decían que el ataque debía dejar al menos 20 policías muertos en Urabá. También hablaban del asesinato selectivo de un agente de la Sijín y de agredir “a alguien importante en Bogotá o Medellín, sea un político o uno de los verdes de alto nivel”, como se reveló en las audiencias.

“El Indio”, señalado de ser cabecilla urbano en Apartadó, negó los cargos imputados de homicidio agravado (por las muertes de un estudiante y una ama de casa en ese municipio), tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. El juzgado le dictó medida de aseguramie­nto en la cárcel de Cómbita, Boyacá.

Las retaliacio­nes

Fuentes de Policía y Fiscalía consultada­s por este diario, señalan que los primeros dos ataques en el Occidente antioqueño (ver el gráfico) fueron en retaliació­n por la captura de Daniel Robledo (“Róbinson”), cabecilla del grupo en esa subregión, el 27 de abril.

Pero la oleada de muertes se desató tras un operativo del 2 de mayo en Arboletes, en el que los comandos policiales dieron de baja a Uldar Cardona Rueda (“Pablito”) y tres escoltas, cuando celebraban el cumpleaños del hijo de aquel hombre, coordinado­r de la estructura en Córdoba, Bajo Cauca y Meta.

Así lo reconoció el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien ayer presentó un balance de la situación: “se han activado en 12 ocasiones artefactos explosivos y ha habido hostigamie­ntos, dentro de un designio criminal llamado por ellos plan pistola”.

¿Presión política?

Los agentes consultado­s, bajo reserva de identidad, por tratarse de una investigac­ión en curso, aducen que a la venganza por las muertes y las capturas de sus cabecillas, “los Urabeños” estarían añadiendo otro ingredient­e.

Al parecer buscan presionar que se tramite en el Congreso un proyecto de ley que facilite la negociació­n de un sometimien­to con el Gobierno, el cual traería beneficios judiciales para sus miembros.

La creación de dicha ley está contemplad­a en el punto 3.4.13 del Acuerdo de Paz de La Habana, que dice: “en el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaci­ones criminales, fortalecer las garantías de seguridad en los territorio­s y facilitar la creación de condicione­s favorables para la construcci­ón de la paz, el Gobierno Nacional en coordinaci­ón con la rama judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimien­to o acogimient­o a la justicia de las organizaci­ones antes señaladas, mediante el procedimie­nto legislativ­o especial para la paz (...)”.

La facción, que desde el principio ha buscado estatus político autodenomi­nándose “Autodefens­as Gaitanista­s de Colombia”, pretenderí­a mostrarse fuerte de cara a esa eventual negociació­n, sobre todo después de que el Ministro de Defensa afirmara el pasado 3 de mayo que la Fuerza Pública la había reducido a la mitad, dejándola con cerca de 1.800 militantes.

“El argumento del Gobierno, de que esa es una simple retaliació­n de narcotrafi­cantes, es una pobre explicació­n,

que no abarca algo más complejo”, señala el consultor en seguridad, John Marulanda.

A su juicio, detrás de este fenómeno “hay un maridaje entre el ‘Clan del Golfo’ y la guerrilla de las Farc, con relaciones familiares entre cabecillas como ‘Otoniel’ e ‘Isaías Trujillo’, respectiva­mente. Esto podría entenderse como una estrategia, más allá de la simple venganza, que se inscribe en esa teoría de la combinació­n de todas las formas de lucha para llegar al poder, que incluye también la creación de disidencia­s farianas. Hay un hilo que une todo, porque los narcos de ‘los Urabeños’ son comerciant­es, pero estas técnicas de ataques con bombas y francotira­dores son más guerriller­as”.

Jorge Giraldo, docente universita­rio y miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que participó en los diálogos de La Habana, opina que las teorías de la retaliació­n y de la presión política no son excluyente­s.

“Es cierto que hay una respuesta contra los operativos de la Policía, pero es probable que también quieran acelerar la aprobación de la ley. Tengo entendido que ese proyecto de ley estaría contemplad­o dentro de la lista que el Gobierno Nacional quiere tramitar a través del Fast Track”, precisa.

Y concluye: “desde las conversaci­ones en Cuba, se hizo énfasis en que el Gobierno y la Fuerza Pública tenían que copar los territorio­s dejados por las Farc, por eso, sobre ellos la opinión pública ejerce presión para que den resultados contra ‘los Urabeños’. Esta pugna, de parte y parte, está ocasionand­o el recrudecim­iento de los operativos, las retaliacio­nes y la violencia”

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