¿El clan del Golfo se desborda?
Los ataques sostenidos durante tres semanas por el grupo criminal contra la Policía, con el riesgo de actos terroristas, traen preocupación seria y cierta y exigen respuestas del Gobierno Nacional.
La muerte de nueve policías y las heridas a otros 26, durante las tres últimas semanas, convierten las amenazas del grupo criminal “clan del Golfo” en un asunto de seguridad ciudadana de primer orden y no en el resultado de un enfoque amarillista de los grandes medios informativos del país. Diversas fuentes policiales, judiciales y de gobierno y análisis, coinciden en que no se trata de hechos aislados sino de un plan dirigido contra la Fuerza Pública, que incluso podría incluir actos terroristas.
Más allá de las comunicaciones interceptadas, que hablan también de un potencial atentado contra alguna personalidad, con el que esa organización busca “hacerse sentir”, se debe valorar el daño causado hasta ahora y no despreciar las noticias que revelan una línea de tiempo y unos objetivos concretos de intimidación y de visibilidad de los autores.
Mirar por encima del hombro las implicaciones objetivas de los ataques no sería más que darles la iniciativa y un silencio que otorga provecho a los inspiradores de esta arremetida que, además, según el énfasis del mismo Gobierno Nacional, no es atribuible a unas Farc concentradas y ubicadas en campa- mentos, en el camino lento de su desarme y desmovilización.
Habría dos móviles centrales para esta oleada de atentados que cada vez más remiten a un autor definido: el primero es la “respuesta” a las operaciones policiales que produjeron la captura o abatimiento de jefes clave, además del debilitamiento mismo de esa estructura criminal. El segundo se refiere a las presiones para que se aprue- be el proyecto de ley que permita el sometimiento o acogimiento de estos grupos a la justicia, mediante fórmulas penales alternativas -que no de negociación y diálogo políticos-.
Aunque la oficina del Alto Comisionado para la Paz advirtió tres meses atrás que puede haber una puerta abierta al sometimiento de estas bandas y que es la Fiscalía la que debe analizar y definir una ruta jurí- dica, el vicepresidente Óscar Naranjo enfatizó desde este diario que no habrá otra opción que la entrega, sin condiciones, de esas bandas y su combate permanente por parte de la Fuerza Pública.
Posiciones que contrastan. A ellas se suman las de sectores de izquierda que advierten la necesidad de desactivar todos los actores y factores de violencia incluso con una postura del Estado que no sea exclusivamente represiva. Otros analistas temen que en estos ataques, y en estrategias venideras del crimen organizado, haga metástasis una combinación de formas de lucha en la que se unen células del “clan del Golfo” y de las Farc, con propósitos ulteriores de “alcanzar el poder”.
El elemento que da un giro a la situación actual, que es grave por la orquestación y duración de los ataques a la Policía, es que se ponga precio a la cabeza de los uniformados y que se contemple y abra la posibilidad de ejecutar actos brutales contra la institucionalidad. Todo ello como en los peores tiempos del narcoterrorismo. Debe haber solidaridad y respaldo unánimes con la Policía Nacional.
Solo se ha escuchado hasta ahora la recomendación a los agentes para que extremen su autoprotección, pero se siente limitada y parcial la capacidad de respuesta estratégica del Estado frente a semejante amenaza, que se viene cumpliendo. Nuestras Fuerzas Armadas, modernizadas y en su acumulado de luchas contra poderosos actores armados ilegales, no pueden permitirse tal retaliación y tal desafío, por ahora muy preocupantes