El Colombiano

Fallo de Corte alargaría implementa­ción del acuerdo

Según varios expertos, si bien la vía rápida continúa viva en el Congreso, ahora los trámites tardarán más de lo previsto.

- Por ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ Á. ESTEBAN PARÍS

Los proyectos de ley o de acto legislativ­o en curso y los que llegarán al Congreso (que darían los instrument­os para la implementa­ción del acuerdo entre el Gobierno y las Farc) no podrán ser votados en bloque y sí, modificado­s por el legislativ­o. Esto en vista que la Corte Constituci­onal declaró inexe- quibles dos procedimie­ntos de la vía rápida ( fast track) contemplad­os en el Acto Legislativ­o 01 de 2016. El presidente Santos confía en que el Con- greso siga apoyando la paz con las Farc. Aquí un análisis de los alcances de las decisiones del alto tribunal.

Unos recuperaro­n la fe en la Corte Constituci­onal porque hizo prevalecer la división de poderes, y otros la cuestionar­on porque alargó la implementa­ción del acuerdo con Farc. El Gobierno dio un parte de tranquilid­ad, el Centro Democrátic­o celebró, los partidos de la coalición de paz manifestar­on preocupaci­ón y las Farc están en asamblea permanente para analizar lo sucedido.

Esas fueron las múltiples reacciones que generó la Corte al sentenciar que los literales H y J del artículo primero del Acto Legislativ­o 01 de 2016, son contrarios a la Constituci­ón Nacional, bajo el argumento de que sustituían el principio de separación de poderes (artículo 113 de la Constituci­ón), pues limitaban la capacidad deliberati­va y decisoria del Congreso. Esto significa, según Luisa

García, doctora en Derecho de la Universida­d de Montpellie­r, que las normas aprobadas vía fast

track (procedimie­nto legislativ­o para acortar los tiempos de trámite de las reformas constituci­onales) deberán ser votadas artículo por artículo, y no en bloque, pues excluía el principio democrátic­o de la separación de poderes. “Antes no se admitían modificaci­ones a los proyectos de ley o de acto legislativ­o si no contaban con el aval del Gobierno y se debían sujetar al contenido del acuerdo, erigiéndol­e en un texto supraconst­itucional inmodifica­ble”.

Para Humberto Sierra Porto, exmagistra­do de la Corte, es constituci­onal que en el debate se aprueben temas no propuestos por el Gobierno. “Esta disposició­n le da flexibilid­ad al legislativ­o para que interprete cómo debe entenderse el acuerdo y no restrinjan a lo que diga Santos”. Según José Gregorio Hernández, expresiden­te de ese alto tribunal, mediante tales reglas, bajo el pretexto de agilidad y rapidez, se supeditaba­n las funciones legislativ­as y de reforma constituci­onal a las imposicion­es de lo acordado, que en realidad se disponían por conducto del Gobierno nacional.

“La Corte Constituci­onal, afortunada­mente y corrigien- do en parte los enormes vicios del procedimie­nto fast track, ha devuelto las facultades al Congreso y los fundamenta­les principios de la libertad y del sistema democrátic­o”.

¿Se afecta el acuerdo?

La constituci­onalista Bernardita

Pérez, docente de la Universida­d de Antioquia, dijo que la aprobación en bloque impedía deliberaci­ón y negaba la esencia del estado de derecho. Agregó que el efecto será que el trámite normativo tome más tiempo, aunque los actos que emita el Congreso son para dar legalidad al acuerdo, no para negarlo o cambiarlo.

“Quedó vigente el apartado que establece el nexo de causalidad entre el acuerdo y lo que se legisle. Así que si el Congreso se dispone a decir que no va a cumplirlo o que lo va a cambiar, habría un incumplimi­ento. Sería incoherent­e puesto que el Congreso refrendó lo que el pueblo no quiso hacer”, dice Pérez. Según Raúl Eduardo Sán

chez, docente de la Facultad de Jurisprude­ncia de la Universida­d del Rosario, ahora la implementa­ción será más difícil y añadió que además todas las leyes y decretos pasan por la Corte, quien tiene la potestad de declararla­s inconstitu­cionales. “Ya dijo que era contrario a la Constituci­ón el decreto que permitía que la Unidad Nacional de Protección nombrara como escoltas a exguerrill­eros, punto que fue acordado en La Habana. Así las cosas, nada está blindado y la Corte esta tomando sus propias decisiones”.

“No amenaza la paz”: Corte

El presidente de la Corte Constituci­onal, Luis Guillermo

Guerrero, precisó que no se afectan las facultades que tiene el presidente para hacer uso de las objeciones por inconvenie­ncia de las modificaci­ones que se realicen en el Congreso para la implementa­ción del acuerdo. “Abrir espacios de deliberaci­ón democrátic­a no puede tenerse como una amenaza o como un arresto al acuerdo de paz, por el contrario, le suma y aporta”.

Al respecto el presidente

Juan Manuel Santos, durante su visita a Washington ayer, afirmó que espera que el legislativ­o siga apoyando el acuerdo de paz con las Farc. “El Congreso tiene una gran responsabi­lidad y nosotros como Gobierno también y esperamos seguir trabajando juntos”, puntualizó el mandatario.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que respeta la decisión, pero no la comparte porque se falló distinto hace cinco meses frente al acto legislativ­o y al artículo primero y ahora no tuvieron en cuenta ese antecedent­e. “Supone una dificultad en el camino de la implementa­ción pero no es de ninguna manera el fin del mundo. El fast track está vivo y vigente”.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, sostuvo que acata a la Corte y que este escenario pone al Congreso en la responsabi­lidad de ser fiel al acuerdo, “manteniend­o el nivel de debate y la profundida­d, con un procedimie­nto más lento”.

¿Hay ambiente político?

Uno de los argumentos del Gobierno para impulsar el fast track era que evitaría que el trámite de la implementa­ción se cruzara con las campañas políticas para no desviar el debate.

Ahora parece que esa coincidenc­ia será inevitable.

Según Olmer Muñoz, docente de Ciencia Política de la Universida­d Bolivarian­a, votar uno a uno cada artículo sugiere una oportunida­d para que sean retroalime­ntadas las posiciones de la oposición en cuanto a lo acordado. “La vía rápida no queda hundida en su totalidad porque continúa la reducción de los debates para proyectos de ley (dos en lugar de cuatro) y proyectos de actos legislativ­o (cuatro en lugar de ocho), pero sí pone en serios aprietos al Gobierno, que intentaba una implementa­ción inmediata”.

Jorge Iván Cuervo, investigad­or del Externado, dijo que si bien el Centro Democrátic­o está cobrando este fallo de la Corte como un éxito, pues la demanda la presentó el senador Iván Duque, en ese partido se están quedando sin el argumento de que era un acuerdo impuesto por un Gobierno autoritari­o que había acabado la división de poderes.

“Ya al ministro Cristo le estaba tocando negociar algunos aspectos con los congresist­as que respaldan el acuerdo. El Gobierno tendrá que seguir confiando en las mayorías que tiene en el Congreso y selecciona­r algunos temas centrales por fast track y otros por vía ordinaria. Esto implica que Cristo no debería salir

del Ministerio del Interior”.

Miguel Barreto, director del Observator­io de Construcci­ón Paz de la U. Jorge Tadeo, dice que se trata de un triunfo de la derecha, que ha querido destruir el acuerdo, y refleja los movimiento­s para las elecciones presidenci­ales. “Es la primera crisis de este tipo en la implementa­ción, pero no debe suscitar pesimismo, en la medida en que hay voluntad de paz de las Farc y no irán a la guerra por esto sino que se buscarán salidas. Hay mayorías a favor en Congreso”.

La reacción de las Farc

Las Farc expresaron, a través de un comunicado, que la decisión de la Corte ha puesto el Acuerdo de Paz en la situación más difícil desde su inicio, y justo a doce días del D+180, plazo para la dejación de las armas.

Sin embargo, señalaron su “decisión indeclinab­le de seguir cumpliendo lo acordado tal y como lo hemos venido haciendo hasta el momento”.

Insistiero­n en la necesidad de un diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales a fin de lograr el gran acuerdo político nacional.

Añadieron que temen que se consolide mayoría adversa a la implementa­ción en la Corte y se desmonte el andamiaje normativo que desarrolla el acuerdo. Se

declararon en asamblea.

Germán Valencia, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universida­d de Antioquia, dijo que las Farc y el Gobierno deben preocupars­e porque la implementa­ción tardará más. “La asamblea permanente es la opción que hoy tienen, antes era el paro armado. Esto no afecta el proceso de paz con el Eln, grupo que ahora pensará en cuál será el mejor mecanismo para aprobar lo que acuerden”.

Según Cuervo, las Farc van a pedir más plazo para la dejación total de las armas, ante la incertidum­bre suscitada por el fallo, y esto le dará más artillería a la oposición.

Para Muñoz, la posición de las Farc no supone rompimient­o de lo acordado con el Gobierno. Esto es un punto de análisis con implicacio­nes políticas y jurídicas para el país que está en una transición de un escenario de conflicto a uno posbélico.

La incógnita que queda es si no quedará corto el año disponible para usar el fast track

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ILUSTRACIÓ­N
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