EDITORIAL
A las dificultades jurídicas se unen las políticas y la falta de credibilidad en el proceso por parte de amplios sectores de opinión. Pero el objetivo de desarme y desmovilización debe seguir firme.
“A las dificultades jurídicas se unen las políticas y la falta de credibilidad en el proceso por parte de amplios sectores de opinión. Pero el objetivo de desarme y desmovilización debe seguir firme”.
En las semanas recientes hubo decisiones, hechos y declaraciones que generaron dudas e inquietudes sobre el desarrollo de lo que ha dado en llamarse el “posacuerdo” de paz con las Farc.
Tal vez el hecho más relevante, que dio lugar a declaraciones precipitadas y un tanto alarmistas, fue la decisión de la Corte Constitucional de limitar, en aras de la vigencia del principio fundamental de la separación de poderes, el mecanismo del fast track. Con este procedimiento se recortan debates y se restringe el papel del Congreso.
La Corte dispuso que el fast track podía seguir vigente pero que no se podía obligar al Legislativo a votar en bloque las iniciativas legales para implementar los acuerdos de paz ni se podían subordinar sus actuaciones al visto bueno del Gobierno.
Se llegó a decir que la Corte había “herido de muerte” la paz, y que su decisión justificaba las alarmas lanzadas por algunos voceros de la guerrilla que dijeron que el Estado había empezado a incumplirles.
Por otro lado, ha habido controversia sobre la estabilidad que tendrán los acuerdos, sus garantías jurídicas y la posibilidad o no de modificar lo convenido entre este Gobierno y las Farc. Ante esto, se aprobó una reforma constitucional (Acto Legislativo 2 de 2017, del 11 de mayo) que impone como deber a todas las autoridades del Estado “cumplir de buena fe” lo dispuesto en los acuerdos e interpretar la normatividad vigente de conformidad con los principios allí consignados. Este es un acto legislativo que, cuando las mayorías políticas cambien, puede ser igualmente modificado, o revocado.
Mientras esto pasaba, se reveló la Encuesta Gallup (para Semana, Caracol Televisión y Blu Radio) en la que porcentajes mayoritarios de opinión manifestaban toda clase de reservas sobre lo que será la gestión y cumplimiento de los acuerdos. El 61,5 % de los encuestados no cree que el Gobierno vaya a cumplir los compromisos adquiridos. El 75,7 % piensa que las Farc tampoco van a cumplir. El 73,2 % no cree que los acuerdos vayan a generar un clima de seguridad y tranquilidad. El 78,4 no cree que se logre la verdad de los crímenes cometidos durante el conflicto ni que se vaya a reparar a las víctimas.
A esta incredulidad sociológica le van a apuntar los candidatos a las elecciones -legislativas y presidenciales- del año entrante, sea para movilizar la franja inconforme, sea para apuntalar a los sectores favorables a los acuerdos.
Por ahora, el presidente Juan Manuel Santos y “Timoleón Jiménez” han reiterado que la paz es irreversible y que no hay riesgos de volver atrás. Se anuncia, también, que el desarme deberá estar verificado antes del próximo 20 de junio, y se prorroga el período de las zonas veredales transitorias de normalización, en cuyos territorios comenzarán a funcionar “zonas de capacitación”.
No es muy grave, en principio, extender 20 días el período de desarme, salvo que esas prórrogas empiecen a volverse la regla. Teniendo en cuenta que cada día con armas es un riesgo. Como el que implica, por ejemplo, su traspaso a otras bandas o su poder en manos de grupos disidentes, sabiendo que el inventario solo se hará en la fecha final por parte de la ONU.
Aún queda mucho por hacer y el Estado parece mostrar señales de incapacidad en varios frentes, entre otras porque los compromisos que asumió el Gobierno son inabarcables. El gran resultado para mostrar, que nadie sensato puede negar, es que en lo que concierne a las Farc, no ha habido más muertes ni ataques a traición. Seguir ese camino hará que las dificultades sean más manejables