Mercado negro muy explosivo
Alrededor de la venta ilegal de explosivos se teje una trama de delitos que alimenta a criminales avezados y desprestigia a grandes y pequeños mineros. Robo que le estalla al Estado en las manos.
La mecha del problema es larga y su complejidad es el detonante de una cadena bastante dura de negocios ilícitos. Se trata de la existencia de un cartel de los explosivos, que en particular trafica el conocido como Indugel -suministrado por la Industria Militar (Indumil)- que desvía considerables cantidades de material explosivo que van a parar a entables de minería criminal o, en el peor de los casos, a grupos armados potencialmente terroristas.
Una detallada investigación de este diario, aparecida este martes 30 de mayo, constató que solo en 2017 van 7,5 toneladas del explosivo Indugel incautadas en Antioquia. Sobra advertir que se trata de un mercado negro bastante activo y que genera finanzas cuantiosas, dado que los precios en el comercio ilegal aumentan hasta 5,6 veces.
La gran pregunta es ¿cómo se “fuga”, cómo se escurre del control militar el Indugel en la cadena de custodia que va desde su fabricación, pasando por el transporte, a la entrega a los usuarios finales? Las fuentes oficiales consultadas coinciden en señalar que es en el trazado posterior a la entrega cuando se presenta el “desajuste de los inventarios”.
Aunque hay investigaciones por la pérdida de explosivos entre miembros y en guarniciones de las Fuerzas Militares, casos de la Cuarta Brigada y del Batallón Pedro Nel Ospina, según lo describe el informe de EL COLOMBIANO.
Pero el eslabón más débil de la cadena parece ser aquel que se forma durante la entrega a empresas que compran en exceso y que pueden servir de fachada para la redistribución y venta de los explosivos, mediante terceros no autorizados, a entables mineros por fuera de la ley. El “clan del Golfo” está sindicado de actuar de lleno en ese mercado negro en el que vacuna, constriñe o maneja a medianas y pequeñas empresas mineras que se mueven entre la informalidad y la criminalidad.
En el gremio hay malestar y se exige que se extremen los controles en la venta, transporte y asignación del material. Quienes están en la orilla de la legalidad y la formalidad sienten un gran daño reputacional e incluso sufren la escasez del Indugel que, vaya contraste, circula con facilidad y volúmenes impensados en el comercio paralelo, tan lucrativo como peligroso.
La sofisticación de los la- drones y traficantes les alcanza incluso para borrar los seriales y demás marcas no visibles de origen, para expender la dinamita a lo largo y ancho de Antioquia y en buena parte del país. Por eso la investigación alerta sobre la creciente “cartelización” de esta actividad delincuencial.
Resulta inevitable inferir que parte de ese Indugel no se emplea en la explotación minera ni en la ingeniería ni la construcción legales, sino que pasa a formar parte del arsenal de bandas y guerrillas.
El llamado al Gobierno Nacional es más que urgente y enfático. No puede ser que productos de la industria militar colombiana que, todo sea dicho, son objeto de rigurosos controles, se pierdan entre las manos y los armerillos militares y civiles por los que pasan.
La frase de un empresario formal consultado es lapidaria: “hoy es más fácil conseguir explosivos para los delincuentes, que para los que tenemos un título minero en regla”. No puede ser, tanto por las limitaciones que significa para el sector, como por la burla al sistema de custodia. Las autoridades deben desactivar un problema que amenaza con daños mayúsculos la seguridad y las empresas