¿IMPROVISACIÓN, ADOCTRINAMIENTO O MALA FE?
Durante los días 27, 28 y 29 de mayo nuevamente se presentó un evento de improvisación, o mala fe, del Gobierno en el tema de paz, a propósito de la terminación de las facultades habilitantes para expedir decretos con fuerza de ley, que le había otorgado el Congreso por 180 días.
El fin de semana pasado, el presidente expidió más de 20 decretos que materialmente son ley, en las más diversas materias, para cumplirles a las Farc las obligaciones que adquirió con ellas en el Acuerdo y por cuenta del cual empeñó al país.
Que el Gobierno haya ex- pedido esta andanada de normas en los tres últimos días de sus facultades confirma nuevamente la constante improvisación con la que manejó durante seis años el proceso de paz en diferentes coyunturas. Buena parte de lo que constituye esta legislación especial se ha debido tramitar en el Congreso sin precipitud. No se explica de otra manera el actuar del presidente, pues a nadie cabe en la cabeza que deliberadamente hubiera esperado hasta los últimos instantes del vencimiento de sus facultades habilitantes para sorprender al país con la expedición de esta avalancha legislativa sin darle tiempo a la sociedad de pronunciarse ni formular observaciones respecto de estas normas beneficiosas para las Farc.
Al margen de la motivación del Gobierno para legislar en estas condiciones, lo cierto es que hoy nuestro sistema jurídico cuenta con más de 20 decretos leyes en las más diversas cuestiones, tales como el desarrollo rural, los planes nacionales de electrificación o los programas de desarrollo con enfoque territorial. Pero no todas las normas expedidas están relacionadas exclusivamente con leyes para “honrar las obligaciones del acuerdo con la guerrilla”.
Vale la pena resaltar que por virtud del Decreto 871 de 2017 se nombró al reciente renunciado ministro del In- terior, Juan Fernando Cristo, ahora candidato presidencial, como representante del Gobierno Nacional ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, máximo órgano de lo negociado y nueva autoridad en la formulación de políticas públicas en Colombia. Así las cosas, tenemos un candidato presidencial, con importantes funciones en la implementación del acuerdo y en la formulación de políticas públicas.
Regresando a los decretos ley, hay que llamar la atención, entre otros, sobre el Decreto 885, que adiciona las facultades otorgadas al Consejo Nacional de Paz e incluye a delegados de las Farc en su integración. Una de las funciones más llamativas de ese Consejo es la de determinar el contenido de la pedagogía de la educación política y cívica de los estudiantes del país con base en lo negociado en el Acuerdo.
Lo anterior significa nada más y nada menos que las Farc podrán desde ese Consejo conseguir el adoctrinamiento político de los niños, niñas y jóvenes colombianos. El presidente no puede ser irresponsable con el futuro del país, y dejarle como legado de su Gobierno el campo fértil de nuestros jóvenes para que las Farc difundan y promuevan en las nuevas generaciones su visión sesgada de la sociedad, del Estado y de nuestra historia