Los venezolanos detenidos tienen 3 mil guardianes
Una organización defiende a quienes la justicia priva de la libertad durante las protestas, que esta semana completan dos meses.
Un grupo de voluntarios en todo el país, entre abogados, operadoras y activistas, da asesoría a quienes están detenidos por cuenta de las protestas. La misión empieza por verificar su paradero en los centros de reclusión y contactar a las familias. Se denomina Foro Penal Ve- nezolano que, además, desde las marchas de 2014 contra las políticas de Nicolás Maduro, lleva el reporte de los muertos y heridos en las ma- nifestaciones. Hoy, señala la organización civil, hay 309 presos políticos en todo el país. Esta es la historia.
Minutos antes de que la venezolana Daniela Castro respondiera por teléfono a este diario, una llamada, de las más de 60 que suele recibir al día desde hace dos meses, la dejó sin fuerza. Le hablaban de la Universidad de Oriente, en el estado de Bolívar (suroriente del país vecino). Varios jóvenes le decían entre llanto y exclamaciones que miembros de la Guardia venezolana y de la Policía Bolivariana habían entrado con desmanes al recinto, los habían atacado y habían asesinado a su compañero de enfermería Augusto Puga.
“Ellos solo estaban protestando contra el Gobierno, y yo escuchaba la represión total, escuchaba los gritos desesperados de los muchachos que no podían salvar a sus amigos y escuchaba cuando los guardias y policías decían: ya se nos acabaron las bombas (de gas lacrimógeno), vamos a echar tiros”, cuenta Daniela, una de las tres operadoras voluntarias del Foro Penal Venezolano, organización que desde las marchas de 2014 contra las políticas de Nicolás Maduro lleva el reporte de los muertos, heridos y detenidos en el contexto de las manifestaciones.
Además, el Foro diseñó y aplicó un sistema para atender a estos individuos y a sus familias, las 24 horas del día, sin esperar retribuciones económicas o dádivas políticas: tres personas atienden las denuncias por teléfono; cerca de 3.300 defensores activos, distribuidos por todo el territorio, ubican los centros de detención o lugares donde se encuentran y les ayudan con comida y asesoría jurídica y, por último, un grupo de 200 abogados los representan hasta conseguir su libertad.
Daniela está en el primer grupo, junto con Mariela Suárez y Morelia Peña. Hasta hace cinco años se dedicaba a la preparación y venta de galletas, panes, pasteles, jaleas de vino y patés, e incluso concluía estudios en usos del cacao. Sin embargo, cuando las centrales azucareras y los trigales fueron expropiados por el Gobierno o cesaron labores, el trabajo de los pasteleros fue forjando su extinción.
Entonces, esta caraqueña, quien conocía a los fundadores del Foro Penal, decidió entregarse a su causa.
Primero, en 2014, año en que junto a sus compañeras llevó la cuenta de 3.078 detenciones. “Nunca en la historia del chavismo y de la democracia en Venezuela había habido tantos detenidos”, comenta, y recuerda que como en su país no existe información sobre a dónde llevan los detenidos, empezó a ser frecuente que los manifestantes, además de agua, vinagre y pañuelos para contrarrestar el efecto de los gases lacrimógenos, también llevaran los números de teléfono del Foro escritos en las piernas y en los brazos.
No obstante, ahora, cuando se cumplen dos meses de marchas, “el nivel de maldad y de saña de las autoridades es peor”, señala Daniela, así como el número de detenciones, que solo entre el 4 de abril y el 2 de junio alcanzaron las 3.000.
De hecho, la activista dice que, literalmente, lleva 60 días en su casa atendiendo las denuncias, y apenas saliendo a la calle para comprar víveres. Incluso, en las madrugadas debe atender el teléfono, porque durante esas horas se volvieron más frecuentes los allanamientos a viviendas.
“De repente ya no tengo noción. En el día puedo recibir entre 60 y 70 llamadas, y al final, a veces, olvido las de la mañana. Todas son muy duras, pero yo trato de cuidarme la psiquis para poder seguir ayudando”, afirma, y señala que las más comunes son las de madres angustiadas que desconocen el paradero de sus hijos marchantes. Luego, recuerda una llamada de hace un mes, a comienzos de mayo, cuando alguien al otro lado del teléfono le narró en vivo cómo una tanqueta pasaba por encima de un grupo de manifestantes.
¿Cómo es el voluntariado?
Frente a situaciones así, Daniela hace lo que puede: “Te dicen disparates que no se entienden por los gritos o las lágrimas, por eso lo primero es pedirles que respiren hondo, que se calmen, que entre más pronto me den los datos de las víctimas o de los detenidos, más rápido habrá una solución”.
Nombre, cédula, nacionalidad, problemas de salud, organismo que lo detuvo, lugar de residencia, si está herido y si publicó en redes sociales mensajes contra el Gobierno. Cuando los denunciantes responden a estas preguntas, la operadora reporta, tan pronto como puede, al siguiente en el escalón para conseguir la libertad: los defensores activos.
Sabuesos de injusticias
Aunque no son abogados, un ejército de voluntarios se ha sumado al Foro Penal en los últimos años. Ellos, que son 3.300, viven en zonas de Venezuela cercanas a centros de detención, y cuando se les encomienda defender a un ciudadano, saben que por cerca de 48 horas probablemente no duermen y tienen que estar a merced de la causa.
La misión consiste en verificar el paradero de los detenidos, contactando a las familias y amigos o yendo a los lugares de detención hasta encontrarlos.
Cuando los ubican, entonces tienen que hacerles llegar el mensaje, al interior de donde están recluidos, de que el Foro los acompaña y de que no acepten en la medida de lo posible la intervención de un abogado oficial, porque suelen ponerles trabas a su libertad. Además, los defensores activos intentan, por todos los
medios, hacerles llegar alimentos y medicamentos, y vigilan el instante en el que saben donde se encuentran y son llevados a tribunales o a otros centros, sin aviso previo.
Estas personas, sabuesos de detenidos, también calman a las familias, les explican qué sigue en la ley venezolana cuando hay una detención y los conectan con los abogados del Foro. Pasan con ellos las madrugadas (las horas en que se han vuelto más frecuentes los malos tratos en los centros) y avisan por redes sociales a los grupos defensores de derechos humanos que ese alguien a quien protegen está en buenas o malas condiciones.
Mientras dialoga con EL COLOMBIANO, Evelyn Arteaga, defensora activa, busca soluciones para algunos de sus protegidos. Le acaban de informar que a dos jóvenes que estaban en un centro de detención cercano al teleférico de Caracas los trasladaron en la madrugada y nadie sabe dónde están. “Uno de los padres les estaba buscando el desayuno, cuando la Policía Nacional Bolivariana los subió a un carro para trasladarlos. El padre ha buscado en todas las sedes cercanas y, hasta ahora, no los tenemos ubicados”, comenta, y añade que en ese instante, también, van a allanar
la casa de Lisbeth Añez, conocida como “Mamá Lis” por los detenidos venezolanos, porque solía llevarles comida, ropa y medicamentos.
A “Mamá Lis” la detuvo la Dirección de Contrainteligencia Militar el 12 de mayo, cuando intentaba viajar a Estados Unidos para buscar el tratamiento de una hepatitis. Las autoridades la vinculan con rebelión y traición a la patria, basándose en supuestas conversaciones telefónicas consignadas en un expediente, y ahora intentaban allanar su vivienda.
Por suerte, al final del diálogo, los dos jóvenes aparecieron, pero el hijo de “Mamá Lis”, Luis González, llegó a su casa y encontró que habían adelantado el allanamiento sin presencia de abogados ni fiscales, y pese a la presión de vecinos que habían iniciado un cacerolazo para evitar la medida.
“Desde hace dos meses estoy en las mismas condiciones. Me despliego a los diferentes centros de detención del área metropolitana de Caracas, ubicando, orientando, pero hay muchísima represión, no hay absolutamente ningún estado de derecho, no se están respetando los derechos humanos ni el debido proceso, y la mayoría de los detenidos están indefensos, en un sistema que pasa por encima de la Constitución”,
denuncia Evelyn, jubilada de asistente administrativa y ahora consagrada a tres nietos y a la búsqueda de libertad, la misma que le produce “la mayor felicidad del mundo” cada vez que la ve, a las afueras de los tribunales, en la sonrisa triunfante y el llanto emocionado de sus protegidos.
Un 2017 oscuro
En sus 15 años de gestión, que se remontan al fracasado golpe contra Hugo Chávez en 2002, el Foro Penal Venezolano ha atendido más de 10.000 causas. Sin embargo, Alfredo Romero, abogado y director de la organización, dice que estos dos últimos meses han sido, “aunque cueste pensarlo, los de mayor represión en la historia de Venezuela”.
Según da cuenta el dirigente, el abanico de amenazas, intromisiones a los domicilios, señalamientos, privaciones de la libertad, asesinatos y tratos crueles solo ha crecido respecto a los originados por las protestas de 2014. Y es que mien-
tras en todo ese año el Foro registró 3078 detenciones, en solo dos meses de este 2017 ha habido casi la misma cantidad. El cambio también es visible en el número de presos políticos: en 2009, el año del Gobierno de Chávez en el que hubo más presos políticos, estos sumaron 151 (solo hombres), y en el de Maduro, 309 (118 estudiantes y 21 mujeres).
Romero advierte que la situación empeora en esta temporada de protestas con el hecho de que la Fiscalía venezolana ha requerido la libertad de personas, porque no hay ningún tipo de evidencia, mientras los tribunales han pedido lo contrario sin ninguna evidencia que sustente la situación.
Además, sucede algo insólito que pone al país vecino en un esquema de dictadura militar: 363 detenidos en los últimos dos meses de protestas están siendo judicializados mediante el sistema militar, aunque los delitos que se les atribuyen son de civiles, lo que el director califica como “violatorio de los derechos humanos”.
Para Romero, los mecanismos de Maduro tienen un simple y claro objetivo: detener las manifestaciones e impedir que quienes protestan vayan a los lugares donde están las instituciones del Estado. No obstante, concluye, “cuando el presidente no puede solucionar los problemas con inteligencia y diálogo”, el único camino que le queda es el de la represión