EL ALCALDE Y LA RAZÓN PÚBLICA
El alcalde Federico Gutiérrez, como funcionario, debe aceptar los requerimientos que impone la razón pública cuando se involucra en la deliberación democrática. Un funcionario no puede, basado en razones personales, en sus creencias religiosas, en su concepción particular del bien, rechazar a personas o grupos en eventos públicos y ciudadanos, porque considere que pertenecen a una guerrilla que “no le ha cumplido al país. Las Farc tienen que entregar todas las armas y todo el dinero que recibieron producto del narcotráfico, de las rentas ilegales y de todo lo que han hecho”, dijo. ( El Colombiano, 02.06.17). Como particular puede hacer este reclamo, pero como funcionario debe actuar bajo las restricciones que la razón pública aplica en el “foro político público”.
Un ejemplo de actuación según la razón pública lo ilustra John Rawls con la Suprema Corte de los Estados Unidos. Cuando esta decide un caso según la Constitución, se espera que sus jueces dejen de lado no solo sus intereses y concepciones morales personales, sino cualesquiera valores religiosos, filosóficos y morales. En el caso del Poder Judicial, los legisladores, el Ejecutivo, cuando están cumpliendo los deberes de su oficio en las circunstancias apropiadas, deben actuar según razones, valores y procedimientos incorporados en la Constitución y en las leyes.
La actuación del Alcalde puede calificarse como un desconocimiento del Acuerdo de Paz. Cuando presenta, ante la prensa, como razón para su no asistencia al foro, “que las Farc tienen que entregar todas las armas”, etc. evidencia ese desconocimiento. La dejación de las armas es un proceso progresivo que se ha venido cumpliendo bajo la observación de las partes y de la ONU, ahora postergardo por 20 días. Rechazar a Pastor Alape porque las Farc no han entregado a hoy todas las armas y el dinero es equivocado. Alape es uno de los integrantes designados por las Farc para movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo. El Alcalde debe contribuir a crear un ambiente propicio a la paz y abstenerse de boicotearla.
En la deliberación democrática los altos funcionarios del Estado deben actuar según la razón pública e incluir normas de razonamiento y estándares de evidencia que permitan la justificación pública y la comprensión por parte de los demás ciudadanos razonables. Los argumentos ad hominem, la gritería y vulgaridad en los medios, la mediocridad argumentativa en Facebook o Twitter, los insultos y señalamientos, no son lo más adecuado para una sociedad que aspira a construir un espacio público para la deliberación democrática.
Ante el hecho político de la negociación, los acuerdos, su implementación legislativa y ejecutiva, el apoyo internacional, su validación constitucional, debemos preguntar a los funcionarios que nos representan y a quienes aspiran a cargos de representación: ¿Qué queremos como sociedad? ¿Exacerbar el odio y la venganza contra las Farc? ¿Profundizar la polarización? ¿Continuar la vía de la guerra que supone el despojo, el desplazamiento y la violencia? ¿O es posible construir la polis, la ley, a partir del diálogo, la tolerancia, la razón pública?