Justicia Especial para la Paz tuvo respaldo, pero con condiciones
En la audiencia pública de ayer en la Corte Constitucional, Fiscalía y Procuraduría hicieron obervaciones al Acto Legislativo. El paso que sigue es su reglamentación.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) tuvo un amplio respaldo en la audiencia pública realizada en la Corte Constitucional, que contó con la participación de ministerios como el Interior y Justicia; la Fiscalía, la Procuraduría, entre otros.
Si bien en la mayor parte de las intervenciones se mostraron las bondades del Acto Legislativo 01 de 2017 — que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición ( Sivjrnr)— también se evidenciaron unas zonas grises que deben analizarse y que, a la larga, se han convertido en los puntos a resolver para la aplicación no solo de la JEP sino de todo el sistema.
Es el caso del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. En su intervención aseguró que el acto legislativo que creó la JEP se ajusta a la Constitución y permitirá un tránsito a una paz sin impunidad, pero solicitó a la Corte que precise los elementos que irían exclusivamente a este órgano y cuáles a la justicia ordinaria,
“No aclara quién es competente para investigar la conducta de lavado de activos y enriquecimiento ilícito sobre los bienes activos que las Farc declaren y los que no, o bien sobre el delito de narcotráfico”, señaló el fiscal Martínez.
Víctimas en el centro
La importancia de la JEP y de todo el sistema (Sivjrnr) radica en que las víctimas del conflicto armado están en el centro del Acuerdo, y el Acto Legislativo 01 de 2017, busca ratificar esa posición al propiciar los espacios para conocer la verdad, acceder a la repara- ción y obtener justicia.
Bajo esa premisa, El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, le pidió a la Corte Constitucional que avale el Acto Legislativo. Precisó que cualquier instrumento que sirva para la implementación de los acuerdos de paz es necesario para el país y no va en contravía, ni sustituye la Constitución.
“Pone en su centro la satisfacción de los derechos de las víctimas e implementa la fórmula de justicia transicional que fue acordada entre el Gobierno y las Farc. Por esta razón, la revisión debe dirigirse a que se cumplan los estándares de protección, que fue lo que dirigió el debate del Acto Legislativo”, dijo Gil.
Como el anterior interlocutor, el viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés, también solicitó la aprobación. Cortés, quien fungió como procurador (e), aseguró que la creación de la Justicia Especial de Paz permite al Estado investigar, juzgar y sancionar las más graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, y se convierte en una herramienta fundamental para satisfacer los derechos de las víctimas y contribuir a la reconciliación entre los colombianos.
Su reparo estuvo en la limitación a este organismo de control en el asunto de las víctimas. “Se ha solicitado que se eliminen los condicionamientos que existen para la participación del Ministerio Público en la defensa de las víctimas dentro del pro-
ceso de paz”, señaló Cortés, y añadió: “La Corte Constitucional debe realizar en su análisis toda la verificación frente a las posibles sustituciones a la Constitución para que tenga la certeza sobre el alcance de las normas”.
¿Es o no inconstitucional?
La audiencia pública para analizar la exequibilidad o no de la Justicia Especial para la Paz, continuará hoy con la participación de otras entidades y de organizaciones de víctimas.
Aun ante las observaciones presentadas por los exponentes sobre el Acto Legislativo , el constitucionalista de la Universidad del Rosario, Juan Manuel Charry, consideró que la Justicia Especial para la Paz no sustituye la Carta. “Hay que ponerla acorde y en armonía con la estructura del Estado, pero no creo que vaya en contravía. No es una justicia que tenga vicio de inconstitucionalidad”, concluyó Charry.
El paso a seguir para la JEP es la reglamentación, acción postergada hasta después de la próxima legislatura (20 de julio), cuando podrá conocerse como queda el organismo y si se incluyen las observaciones presentadas por los exponentes en las audiencias públicas realizadas ayer