Vicealcaldes y Cuerpos de Paz
Aunque la figura que se pone en marcha ahora no es la misma que se anunció al año pasado, pues ya no será un cargo militar, su encaje constitucional sigue siendo dudoso.
Comenzarán a funcionar, en siete municipios de Antioquia, las que han sido denominadas Vicealcaldías de Seguridad y Convivencia, acompañadas de un equipo llamado Cuerpos de Paz, término usualmente asociado a operaciones internacionales de cooperación multilateral.
En primera instancia se instalarán en Anorí, Dabeiba, Ituango, Remedios y Vigía del Fuerte, donde están ubicadas las Zonas Transitorias de Normalización de los guerrilleros de las Farc en este departamento. Luego empezarán en Segovia y Briceño.
La modalidad de estas vicealcaldías ha cambiado desde que, de forma incipiente e improvisada, fue anunciada el año pasado por el gobernador Luis Pérez. En principio se habló de vicealcaldes militares, uniformados en servicio activo que desempeñarían sus funciones “en comisión de servicio, como inspectores de Policía o corregidores”.
Ahora serán coroneles en uso de buen retiro. El gobernador no especificó coroneles de cuál fuerza, pero la Gerenta de Paz de Antioquia dijo hace dos semanas que podrían ser de la Policía o del Ejército. Por la “lentitud del Gobierno Nacional” en tomar decisiones, se- gún queja del gobernador, será el Departamento el que asuma los costos tanto de los vicealcaldes como de los jóvenes que compondrán los Cuerpos de Paz (una decena por cada municipio). Tendrán un período de labores entre seis meses y máximo un año.
El planteamiento de fondo para la creación de esta figura administrativa puede ser plausible: los territorios que una vez liberados por las Farc quedan a merced de otros actores criminales deben ser protegidos con la presencia estatal y manifestaciones visibles y eficaces de institucionalidad.
Según lo explicado por el gobernador y la Gerenta de Paz, estos equipos que se trasladan a estos municipios “serán los oídos” en esos territorios, y deberán trabajar mano a mano con la comunidad y bajo la autoridad del alcalde.
Esta es una tarea que ciertamente deberán asumir los mandatarios regionales y locales, que tendrán que afinar los instrumentos de gobierno, la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos estatales, entre ellos los de seguridad.
Pero si bien la concepción de llevar la institucionalidad a esas zonas donde por déca- das reinó la guerrilla y la ley de los fusiles tiene plena justificación, el acople legal y administrativo de esos vicealcaldes sigue generando dudas. Las competencias que el gobernador anuncia para estos nuevos funcionarios son las mismas que ejercen los alcaldes y sus gabinetes. Su implantación teledirigida desde la Gobernación, así los alcaldes formalmente hayan autorizado su operatividad, no deja de tener complicado encaje constitucional.
Aunque la idea es que funcionen un período no mayor a un año, es previsible que una vez puesto en marcha el modelo se vaya prorrogando, máxime si sus resultados pueden considerarse exitosos. Varias organizaciones ya han anunciado demandas contra el acto legal que crea las vicealcaldías.
A lo mejor va a tener mejor resultado en la gestión del posconflicto, si no es para hacer política proselitista o para pagar favores burocráticas, el modelo de los Cuerpos de Paz con jóvenes universitarios, con formación académica multidisciplinar. Serán estos grupos de apoyo los que seguramente van a hacer mayores aportes en esas zonas que sienten lejanía del Estado