LUCHA CONTRA LAS DROGAS COMO POLÍTICA DE ESTADO
Durante el proceso de negociación con las Farc, habíamos advertido sobre el riesgo que significaba para Colombia suspender la estrategia de fumigación, erradicación manual y sustitución de cultivos en el Catatumbo y en la frontera con Ecuador, y ante la sentencia de la Corte Constitucional, planteamos la necesidad urgente de buscar sustitutos del glifosato si se probaban sus consecuencias negativas para la salud humana. Hemos insistido en que Colombia no puede ceder en su empeño de combatir el narcotráfico porque es este el factor que ha potenciado la capacidad desestabilizadora de los grupos ilega- les de toda índole en Colombia y por sus graves consecuencias en materia de violencia, corrupción, drogadicción de la juventud y el daño enorme de la revaluación a la economía lícita.
En relación con el acuerdo señalamos siempre que carece de verdaderos compromisos de las Farc en el desmantelamiento de la cadena y carteles del narcotráfico en nuestro país y en frenar la expansión de los carteles extranjeros del tráfico de drogas y lavado de dineros en Colombia, con la consecuencia inminente de que esos recursos corren el riesgo de utilización más abierta en la política con consecuencias desastrosas para el futuro de la democracia.
Esta semana la ONU publicó un estudio en el que se evidencia un aumento de 96.000 hectáreas de coca en 2015 a 146.000 en 2016, la cifra más alta desde que este organismo realiza monitoreo satelital. El documento señala que los departamentos donde más se ha incrementado el problema son Nariño, Santander y Chocó, zonas de influencia de las Farc, Eln y bacrim. Tan solo en Nariño los cultivos aumentaron de 29.000 a 46.000 hectáreas en un año, lo que significa que actualmente en este departamento se produce más coca que en todo Perú.
En septiembre de 2013 se publicó un informe sobre monitoreo de cultivos de coca en Perú que aseguraba que este país había desplazado a Colombia como principal pro- ductor de coca del mundo y los colombianos sentíamos orgullo del resultado en reducción de cultivos ilegales que respondía al esfuerzo continuado de los dos gobiernos y al apoyo bipartidista de Estados Unidos derivado del “Plan Colombia” de la administración Pastrana.
Cuatro años después, Colombia recobró el inaceptable liderazgo mundial en cultivos de coca y ahora que Estados Unidos aseguró que la “coca aumentó porque el gobierno bajó sus acciones para evitar líos con las Farc” se activan todas las alarmas internas que ya han debido sonar hace rato. La reacción de Colombia contra el narcotráfico no puede ser porque Estados Unidos lo exige o nos cuestiona. Se trata de nosotros y de rechazar por nosotros mismos lo que nos daña, lo que nos amenaza. Nada justifica poner en riesgo la vida, la seguridad, la economía ni la mente de nuestra juventud con el aumento del narcotráfico y el consumo interno, ni muchos menos –como lo dice un aliado tan importante del gobierno– si se hizo para “no molestar” a ¿6000? ¿7000? ¿10000? guerrilleros y su principal fuente de financiación.
La lucha contra las drogas debe ser una política de Estado que no dependa de los caprichos del grupo terrorista ni de las veleidades del gobierno de turno. Erradicar el flagelo del narcotráfico también es un deber nuestro para con las próximas generaciones