El Colombiano

CONSTRUCCI­ÓN Seguro de “Ley Anti-Space” vale muy poco, pero nada que sale

Cubrir el colapso de una vivienda popular sube la cuota del crédito en $2.868 mensuales y si es de estrato alto, aumentaría $12.685. El lío: aún no se ha reglamenta­do.

- Por GERMÁN JIMÉNEZ MORALES

Con a lo sumo cinco artículos, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le podría dar vida con un decreto al corazón de la llamada “Ley Anti- Space”. Esta busca volver una inversión segura la compra de vivienda de los colombiano­s, porque en caso de colapso o ruina de las edificacio­nes podrían recuperar de manera expedita su patrimonio. Suena fácil, pero a 11 meses de aprobada esa norma, aún es letra muerta. Mientras tanto, muertos y dinero dan fe de la importanci­a de esa ley, la 1796 del 13 de julio de 2016.

Su origen fue la caída de la torre 6 del complejo Space, en Medellín. Eso pasó el 12 de octubre de 2013 y le costó la vida a 12 personas. La mole de apartament­os tuvo que ser demolida y sus propietari­os vivieron un calvario para salvar gran parte de su inversión.

Otras obras de la misma empresa, el Grupo CDO, también presentaro­n deficienci­as constructi­vas que obligaron a su evacuación, en una pesadilla que aún no termina para muchos afectados.

Si la “Ley Anti-Space” ya estuviera marchando, muy probableme­nte otra habría sido la suerte de los 21 muertos y 23 heridos que dejó el desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II, en Cartagena, el 27 de abril de 2017. El drama tiene allí otro origen. Según la Fiscalía, los dueños del complejo habitacion­al tienen 20 licencias de construcci­ón falsas, tenían trabajador­es sin seguridad social y de la calidad de sus obras habla un hecho: de ocho varillas por columna para la estructura, solo se montaban tres.

Bajo la “Ley Anti-Space” nada de eso debería ocurrir. Bueno, esa es la intención. (Ver recuadro con abecé). Los edificador­es tendrían más controles con supervisor­es externos, los curadores urbanos serían más idóneos y diligentes en sus permisos; y los compradore­s de buena fe no tendrían que hacer tantas maromas para recuperar el dinero, en caso de siniestros como los mencionado­s.

La almendra de la ley está en el artículo 8. Allí se consagra que quien construye o vende una vivienda nueva, “estará obligado a cubrir los perjuicios patrimonia­les causados a los propietari­os que se vean afectados”.

Ese amparo se puede hacer de varias formas. El más peligroso, según advierten expertos consultado­s por este diario, es dejar abierta la posibilida­d de que el constructo­r responda con su patrimonio.

La razón es que en este gremio es usual que se arme una sociedad para construir un inmueble y que dicha empresa se esfume a los cuatro o cinco años, por tanto, los afectados tienen como interlocut­ores a unos fantasmas.

Si esa opción es aceptada, se considera fundamenta­l que el constructo­r celebre un contrato de fiducia en garantía, mediante el cual entregue o transfiera a la sociedad fiduciaria bienes o recursos propios.

Otros amparos pintan más confiables. Tal es el caso de las garantías bancarias, productos financiero­s o seguros. En cualquier caso, anotan los mismos expertos, debe tratarse de garantías con una vigencia de diez años, que sea líquida –se pueda volver dinero rápidament­e– y que su valor cubra, mínimo, lo que cuesta reconstrui­r el inmueble protegido o amparado.

La tarea la tiene el Gobierno, pues la ley aprobada por el Congreso dice que es el Ejecutivo el que debe reglamenta­r la materia.

Según indagó EL COLOMBIANO, el seguro no significar­ía un costo lesivo para el constructo­r, quien terminaría transfirié­ndole ese costo al comprador de la vivienda.

En una casa o apartament­o de interés social (de menos de 99,6 millones de pesos, en 2017), que tenga un crédito de 32,5 millones de pesos, la cuota mensual sin seguro es de 286.807 pesos. Al incluir la póliza, a una tasa del 0,50% del valor de la vivienda, el aumento de la cuota mensual sería de 1.434 pesos. Si la tasa de la póliza fuera del 1,50%, y el crédito de 32,8 millones de pesos, la cuota solo aumentaría 2.868 pesos.

En el estrato alto el efecto es también bajo: en una vivienda de 180 millones de pesos, si la tasa de la póliza fuera del 1,50% y el crédito de 91,3 millones de pesos, la cuota del comprador subiría 12.685 pesos.

Entonces, ¿cuál es el lío?

A Luis Felipe Henao Cardona, como ministro de Vivienda, le tocó elaborar y presentar el proyecto de “Ley Anti-Space”. Ya retirado de esa cartera,

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