La justicia se esfumó de Siria con renuncia de fiscal Carla del Ponte
La abogada, que investigaba los crímenes de guerra, declinó por inercia del Consejo de Seguridad de la ONU.
Carla del Ponte pasó de ser una abogada de divorcios en Suiza a buscar la justicia donde el genocidio fue estrategia. Como fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de Ruanda y de la Antigua Yugoslavia logró arrestar a un centenar de responsables de operaciones de limpieza étnica, e incluso llevó a juicio al expresidente serbio Slobodan Milosevic. Era la primera vez en la historia que un Jefe de Estado iba a los estrados por crímenes de guerra.
El siguiente en su lista fue el presidente sirio, Bashar al Asad. Del Ponte, quien desde 2012 lideró la Comisión Independiente de Investigación de los Crímenes en Siria, pidió con insistencia al Consejo de Seguridad de la ONU que el mandatario fuera juzgado en la Corte Penal Internacional.
Su petición y el listado de violaciones a los derechos humanos en siete años de conflicto quedaron consignados en 10 informes (que resultaron de 5.200 entrevistas con víctimas, testigos de delitos y prisioneros) y en las pruebas de 25 ataques con armas químicas. Pero su objetivo quedó en el aire.
Aunque ha sido descrita como la “personificación de la testarudez”, del Ponte renunció el fin de semana a su última causa. Argumentando estar “resignada” ante la falta de voluntad de los países, la jurista se retiró de la Comisión. “No tengo ninguna influencia si el Consejo de Seguridad de la ONU no hace nada”, sostuvo, y lamentó que en Siria no haya ni un ápice de justicia.
País impune
Si un tribunal internacional llegara a juzgar los vejámenes del conflicto sirio o en una eventual posguerra vuelve al país de Medio Oriente la justicia independiente, los hallazgos de del Ponte no solo serán cruciales, sino que son los únicos detallados y disponibles de ese conflicto hasta ahora. Por eso, su renuncia es “el testimonio del fracaso de la protección humanitaria y de la ONU en Siria”, le dice a EL COLOMBIANO Melani Cammett, profesora de Gobierno en Harvard y experta en asuntos de Medio Oriente.
La investigadora coincide con la jurista en que es irrisorio que las Naciones Unidas no hubieran remitido el caso sirio a la Corte Penal, ni hu- bieran establecido aún un tribunal especial. “Numerosos informes de organizaciones internacionales y organismos de control de los derechos humanos, han demostrado que las leyes de guerra se han roto en repetidas ocasiones, pero también existe una clara ruptura de la rendición de cuentas que ha alentado a las partes en conflicto a seguir actuando con impunidad”, advierte.
Con su inacción, el Consejo de Seguridad le está diciendo a todos los dictadores del mundo: “cometan crímenes de guerra y nadie los hará responsables”, sugiere Ibrahim Al-Assil, analista político sirio e investigador en el Instituto Medio Oriente, el más antiguo en Washington sobre asuntos de esta región.
Con esa deuda, agrega, los estados miembros de la ONU, incluido Colombia, deberán moverse por la Asamblea General para presionar el envío del caso a la Corte Penal Internacional y obligar a la investigación, no solo de Asad, sino de otros grupos radicales y armados en Siria, varios de ellos auspiciados por Estados Unidos.
Más interés, menos justicia
Justamente, el hecho de que actores poderosos como EE. UU. y Rusia estén involucrados en este conflicto reduce “al mínimo” el margen de maniobra de instancias como la Comisión de del Ponte. “Los dos, miembros del Consejo de Seguridad, han sido acusados de complicidad en la violación de derechos humanos”, asevera Sergio Moya, coordinador del Centro de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Nacional de Costa Rica, y detalla que mientras Moscú ha apoyado al régimen sirio y se ha metido de lleno en los bombardeos indiscriminados con armas pesadas, Washington ha apoyado a grupos rebeldes
que han asediado a civiles. Al bloqueo de esas potencias para lograr una investigación autónoma se sumó que, a diferencia de Yugoslavia, el Estado sirio no cooperó y para la juez fue maratónico obtener información en el terreno. “La voluntad es inexistente, ella no tuvo herramientas de un tribunal ni tenía claridad sobre qué acciones y contra qué individuos debía luchar. Era algo demasiado etéreo”, continúa Ricardo Abello, experto en derecho internacional de la Universidad del Rosario.
“Siendo un conflicto en el que la verdad ha sido retorcida desde el inicio, es muy complicado poder establecer instancias objetivas, sin agendas políticas y exentas de manipulaciones”, concluye Moya, para quien la salida de del Ponte solo alejó aún más la posibilidad de que actores transparentes planteen una crítica al Gobierno