¿LA SACÓ BARATA?
“Álvaro Uribe Vélez es un violador”.
¿Qué me sucedería a mí – mujer, ciudadana de a pie, que no soy terrateniente, que jamás he ocupado un cargo público ni he sido superior de nadie (ni en el sector oficial ni el privado), sin el más mínimo contacto en el poder del Estado y sin guardaespaldas– si emitiera públicamente esa afirmación?
Esta parece una de esas películas de Hollywood en las cuales el libreto es tan predecible que desde la primera línea se intuye el desenlace (lo cual no evita que haya quienes aplaudan y lloren el bodrio desde sus butacas)…
Como consecuencia de la orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publi- có un trino de rectificación de sus difamaciones contra el periodista Daniel Samper Ospina.
¿Cómo entender los aplausos ante la “rectificación” de Uribe? ¿Cumplir con una orden de la justicia merece ovación? La Fundación para la libertad de prensa (FLIP) estimó que dicha rectificación satisface algunos, pero no todos los requisitos constitucionales: “Es insuficiente ya que no cumple las exigencias desarrolladas por la Corte Constitucional para que la rectificación sea válida, a saber, (i) que tenga un despliegue equivalente al que tuvo la noticia inicial; (ii) que se pueda identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y la publicación que se enmienda; y (iii) que el autor reconozca expresamente que se equivocó, es decir, que incurrió en un error o en una falsedad”.
La FLIP subraya lo más obvio de este incidente: el senador no reconoce haber cometido un error: “Uribe insinuó que en lugar de haber estigmatizado a Samper lo que hizo fue ejercer su derecho a opinar y ser crítico acerca de su trabajo”.
La enunciación misma de la rectificación evidencia la intencionalidad. Sigamos con las obviedades: Samper Ospina no es un violador de niños porque el Tribunal de Bogotá le ordene a Uribe Vélez enunciarlo así; ¡no es un violador de niños por la sencilla razón de que no ha cometido ese delito!
De nuevo, da la impresión de que Uribe siempre la saca barata con la justicia. Basta re- cordar cómo en el año 2015 llamó “Tribunal prevaricador” a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, cuando esta le exigió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes informes sobre las investigaciones que relacionaban al expresidente con grupos paramilitares (asunto: masacre de El Aro).
No obstante, parece que la factura empieza a llegar por otra vía. Dos encuestas recientes sobre intención de voto para las elecciones de 2018 (Datexco y Cifras y conceptos) revelan la caída de la favorabilidad de Uribe por primera vez en quince años. Datexco muestra que tiene 52 % de imagen negativa. Para Cifras y conceptos, el resultado fue peor: 58 % negativo.
Dice El Tiempo: ”En el argot de los encuestadores se lo conocía como ‘el hombre teflón’: nada lo afectaba”. Entre muchas lecturas posibles, rescato dos. La fácil: cansancio en las audiencias; y otra, optimista: transitamos lentamente hacia una transformación del criterio de “autoridad”.
(Y no. Jamás diré que Álvaro Uribe es un violador. A menos que pueda probarlo)
De nuevo, da la impresión de que Uribe siempre la saca barata con la justicia.