Los presuntos ‘micos’ en el proyecto de reforma política
Inició su discusión en la Cámara. Piden ajustes para evitar aparición de muchos partidos. “Esta reforma tiene absoluta conexidad con el Acuerdo de paz e implica modificaciones a las instituciones”. GUILLERMO RIVERA Ministro del Interior
Nada fácil la tiene el proyecto de acto legislativo que pretende revolcar nuevamente el sistema político y electoral del país, para, en teoría, hacerlo más transparente, a siete meses de las elecciones para el Congreso.
Desde que se conoció el documento final, el pasado fin de semana, arreciaron las críticas. Para unos quedaron faltando aspectos, y para otros hay excesos o “micos”. Como va vía fast track, deberá superar cuatro debates, en lugar de ocho. Ayer empezó su trámite en la Comisión Primera de Cámara y desde diferentes partidos hubo cuestionamientos.
Según el ministro Guillermo Rivera este proyecto es producto del Acuerdo de paz e implica modificaciones a las instituciones.
La representante Angélica Lozano (Alianza Verde), señaló que el proyecto tiene tres micos: el aumento del tope de gastos de campaña en un 30 % para las elecciones de 2018; la posibilidad de que los conflictos de interés para votar actos legislativos no sean causal de pérdida de investidura; y las posibles talanqueras para que el Estado financie el transporte público el día electoral.
“Dice que los partidos que existan a la entrada de vigencia de la reforma tendrán garantizada su existencia por ocho años, sin embargo no pone condiciones para que la existencia esté garantizada, lo que podría generar una cantidad significativa de partidos”, agregó Lozano.
El representante a la Cámara José Edilberto Caicedo (La U), dijo que no tiene sentido aprobar la Reforma Política de manera apresurada si su contenido se aplicará en las elecciones de 2022. Esto en vista de que una de las propuestas más polémicas, las listas cerradas para las corporaciones públicas, no entrarían en vigencia para las elecciones de 2018.
Por su parte el representante Germán Navas (Polo Democrático), se preguntó ahora que el presidente del Consejo de Estado, José Ramírez, pide facultades para el Consejo Nacional Electoral (CNE) en materia de revocatorias del mandato, “¿A quién quieren beneficiar? ¿Es un salvavidas para Peñaloza?”
A la comisión llegaron tres ponencias. Según Francisco Tolosa, de Voces de Paz, el movimiento que representa a las Farc en el Congreso, dos de estas fueron negativas: las del representante Jorge Enrique Rozo (Cambio Radical) y del representante Álvaro Prada (Centro Democrático), pero destacó una tercera positiva.
“Esta reforma política es parte integrante del Acuerdo de La Habana y burlarla sería burlar lo acordado y el compromiso del Estado colombiano. Esperamos que pronto se avance en las discusiones y primen las medidas necesarias para democratizar y hacer transparente el régimen electoral colombiano”.
Los reparos de Carrillo
El procurador Fernando Carrillo y el contralor Edgardo Maya lanzaron dos alertas, pues tienen dudas sobre sí es necesario tramitar la reforma mediante fast track, pues sostienen que nada tiene que ver con lo acordado con las Farc y, segundo, porque les resta algunas facultades jurisdiccionales y sancionatorias.
Ambos pidieron retirar los artículos primero y 14 del proyecto, por considerarlos lesivos a las competencias que tienen como órganos de control, pues permitirá que personas con sanciones disciplinarias o fiscales puedan aspirar a cargos de elección popular mientras no haya confirmación de las mismas por para del Consejo de Estado