RECOMENDACIONES DE LA OCDE
La Ocde dio a conocer el documento sobre los resultados y las recomendaciones del ejercicio de monitoreo y evaluación de las políticas agrícolas mundiales
Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2017).
La revisión incluye un total de 52 países entre los que están, además de las 35 naciones pertenecientes a la Ocde, 11 economías emergentes y países en desarrollo entre los que se encuentra Colombia. Las naciones estudiadas cubren las dos terceras partes del valor agregado de la agricultura mundial.
El análisis de la política agropecuaria de cada país parte de una breve descripción de los principales mecanismos de apoyo que se tienen y de las implicaciones que el uso de los mismos tiene sobre la asignación de recursos en el sector agrícola y finaliza con la presentación de las principales recomendaciones de política pública.
En el informe, la Ocde reitera una de las principales conclusiones del estudio que, en 2015, se llevó a cabo sobre la agricultura colombiana.
En particular, se señala que el sector agropecuario colombiano se caracteriza por tener una amplia serie de factores estructurales e institucionales que le restan competitividad. En este sentido se indica que, entre otros factores, la baja inversión en la generación de bienes y servicios públicos y los problemas que se tiene con la tierra (como su mal uso, la alta concentración y la informalidad en los derechos de propiedad) afectan el desempeño del sector.
En Colombia, mientras que los mecanismos basados en la intervención a través de los precios constituyen la principal forma de apoyo a los productores agropecuarios, las áreas más críticas y fundamentales para el desarrollo de la agricultura, como son la infraestructura de riego, las vías terciarias, la investigación y la tecnología agropecuarias, la asistencia técnica y la restructuración a nivel de finca, reciben un muy limitado apoyo estatal.
El problema con esta estructura de utilización del gasto público es que los escasos recursos públicos disponibles terminan solucionando los problemas de unos pocos agricultores en vez de destinarse a actividades que benefician al grueso de los productores agropecuarios.
Frente a esto, la Ocde considera que la reorientación del gasto público agropecuario le ayudará al país a alcanzar un crecimiento sectorial más incluyente y sostenible.
De igual manera, se señala que el Gobierno dispone y utiliza un sinnúmero de instrumentos (y programas) de política agropecuaria que cubren un espectro amplio de áreas diversas de intervención, cuyo impacto no se conoce, lo que en el fondo resulta peor que no tenerlos.
Por tal motivo, la Ocde le sugiere al Gobierno realizar un estudio que, con base en la determinación del impacto y la relación costo/beneficio de los instrumentos y los programas, se redefina su estructura.
De otra parte, la Organización reitera la importancia que para el diseño de buenas políticas públicas tiene disponer de información de calidad. Para ello es fundamental mejorar la coordinación institucional entre las entidades encargadas del manejo de la información sectorial.
Dado el interés del país de ingresar a la Ocde, se espera que las autoridades sectoriales pongan en práctica las recomendaciones y las sugerencias del estudio
La Ocde sostiene que la reorientación del gasto agropecuario ayudará al país a alcanzar un crecimiento más incluyente.