13 alcaldes en prisión, síntoma de corrupción
Este año, 13 mandatarios han salido de sus cargos tras ser capturados por distintos delitos.
No han pasado dos años tras elecciones y aparece esta cifra -mínima si se destaca que son 1.122 municipios en Co- lombia-, sin embargo, revela el flagelo. Hay opciones para atacar el tema de raíz.
ALEJANDRA BARRIOS Directora de la MOE
Cuando se pensaba que después de purgar una suspensión de tres meses por la Procuraduría, mientras se investigaba el desplome del edificio Blas de Lezo II, Manuel Du
que podría volver a la alcaldía de Cartagena, esquivando así la mala racha de la heroica sobre sus mandatarios ( era el sexto que quedaba afuera en cinco años), una orden de captura en su contra por presuntamente negociar la elección de la contralora distrital sepultó esta posibilidad y dejó a la capital de Bolívar acéfala nuevamente.
No es un caso aislado. Desde hace años, los entes de control han reportado un alto número de alcaldes que han sido investigados y algunos hasta dejaron sus cargos y, en la mayoría de casos, es por acusaciones de corrupción y contratación pública.
Para el caso de Duque, que está en pleno juicio, la Fiscalía lo acusa de haber interferido en la elección de la contralora Nu
bia Fontalvo, quien no tuvo los puntos necesarios para quedar en la terna final pero, aún así, fue incluida y salió elegida.
Por si fuera poco, el mandatario se encontraba suspendido porque la Procuraduría concluyó que no hizo esfuerzos suficientes para controlar las irregularidades en las construcciones de la ciudad, razón que habría influido en la tragedia del edificio Blas de Lezo, que se desplomó y acabó con la vida de 21 personas, el 27 de marzo pasado.
El problema es Nacional
A pesar de la magnitud de las acusaciones, no es el único caso de alcalde capturado y con líos en tribunales. En algo más de ocho meses que lleva este año, además de Cartagena, otros doce municipios se han quedado sin mandatarios, algunos casos en ciudades capitales como los son Yopal y Montería.
Revisando cada expediente, se repite como en un guión, que los políticos malversaron recursos, dieron contratos a dedo o transaron complots para dar puestos, todos a cambio de beneficios políticos o económicos para cada uno de ellos.
La Misión de Observación Electoral, MOE, lleva una estadística juiciosa de estos casos y da cuenta que desde que inició el periodo, 30 alcaldes de los 1122 del país han sido capturados y enviados a prisión.
De estos, seis fueron capturados incluso antes de tomar posesión de sus cargos.
Yendo un paso más atrás, la entidad reportó que antes de cerrarse las urnas, ya habían 50 candidatos capturados por delitos electorales.
La preocupación viene incluso desde el mismo proceso electoral, pues según reportó la Fiscalía General de la Nación, días antes de celebrarse las elecciones regionales en 2015, tenía abiertas aproximadamente 103.000 investigaciones contra candidatos inscritos para la disputa.
Actualmente, el ente acusador mantiene bajo investigación a 230 alcaldes que están acusados por casos de corrupción en el país.
En el pasado periodo nueve fueron sancionados por delitos penales y 174 fueron encausados por faltas disciplinarias. En 71 casos fueron removidos del cargo, reportó la MOE. Según el fiscal general,
Néstor Humberto Martínez, estas investigaciones engloban más de 450.000 millones de pesos que habrían resultado comprometidos por las actuaciones irregulares que podrían haber protagonizado.
Tal manto de dudas sobre la ética y moral de los candidatos puede ser explicado por que la burocracía y dinero que maneja un municipio, en contraste a las limitaciones de los entes de control a nivel local, hace de una alcaldía un jugoso botín político.
Así lo definía a la revista Semana, con sorprendente claridad y descaro, el condenado senador Juan Carlos Martí-
nez Sinisterra, otrora cacique de la política del pacífico, quien aseguró que “la plata que deja una alcaldía no la deja un embarque (de droga)”.
La lupa a los partidos
Aunque 30 pueda no ser un número robusto, pues corresponde solo al 2,6 % de mandatarios del país, la directora de la MOE,
Alejandra Barrios, pidió no minimizar el impacto que tiene que las alcaldías se vuelvan puertas giratorias.
“Estamos hablando de municipios completos, de miles de ciudadanos, a los que no se les puede hablar de sostenibilidad, desarrollo y seguimiento de políticas porque el mandatario se la pasa entre la cárcel y el despacho”, aseguró.
Tal inestabilidad, en últimas genera una cantidad nada despreciable de llamados a elecciones atípicas, que tienen costos altos para el Estado y un debilitamiento de la figura del alcalde.
Por eso Barrios recalca que la lupa no debe estar en el candidato Xo Y sino que directamente se tiene que tocar al partido o colectividad que le da el aval a personas con algún manto de duda.
“La figura actual de la ley acaba premiando estos partidos”, explicó, “si el alcalde sale, dejan en manos del mismo partido político elegir un reemplazo y ese que queda, se encarga de convocar elecciones en las que esa misma colectividad puede participar. ¡Es inaudito!”.
Por ello, la MOE criticó duramente que la Reforma Política no incluya castigos más duros a las colectividades que patrocinan alcaldes con prontuario.
“Aunque presumimos de la inocencia, los partidos políticos tienen que comprometerse a elegir bien a los candidatos que van a representarlos”.