El Colombiano

Así va la telaraña de corrupción en el Estado

Corte Suprema, Fiscalía y Congreso fueron alcanzados por este escándalo sin precedente­s. Santos dijo que lamentaba esta situación.

- Por JULIÁN AMOROCHO BECERRA

La orden de investigac­ión a tres expresiden­tes de la Corte Suprema fue un golpe a las institucio­nes del Estado, debilitada­s por los crecientes casos de corrupción. Sin embargo que la justicia sea la principal protagonis­ta pone en jaque la credibilid­ad de esta rama del poder público. Del caso del exfiscal Gustavo

Moreno, capturado por ofrecerle dádivas al exgobernad­or Alejan

dro Lyos, se desprende una maraña de sobornos, favores y poli-

tiquería, en la que Moreno, como abogado, se convirtió en el canal para garantizar fallos en favor de sus representa­dos a cambio de pagos millonario­s, como lo denunció el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Para entender la magnitud del asunto, vale recordar que la Corte Suprema debe tener a los máximos exponentes de la justicia, cuyas decisiones deben generar confianza. Sin embargo, el poder que ostentan, parece haber propiciado que los hoy investigad­os, aprovechar­an para sacarle frutos económicos.

No son pocas las coincidenc­ias. Moreno, como abogado, defendió ante la Corte Suprema de Justicia a no menos de 20 congresist­as con buenos resultados, quienes en su momento lo posicionar­on como un defensor exitoso que había descubiert­o la matriz de “falsos testigos”, pero, lo que hasta ahora se supo, es que la resolución favorable tenía de trasfondo pagos millonario­s, según la Fiscalía, a los dos exmagistra­dos.

También es claro que Moreno, gracias a su cercanía con los congresist­as que defendía, te- nía como inclinar la balanza para favorecer a un candidato en la elección de Fiscal General de la Nación. Su apuesta fue por el fiscal Néstor Humberto Martí

nez quien luego lo nombró para encabezar la lucha contra la contra la corrupción.

El círculo se amplió cuando Moreno asumió en el ente acusador, pues, de acuerdo con las pesquisas de la justicia de Estados Unidos y del fiscal Martínez, presuntame­nte, empezó a cobrar para que las investigac­iones no avanzaran. Uno de los casos era el del exgobernad­or Lyons, quien, por cuenta de beneficios judiciales, abrió la caja de pandora, denunció a Moreno y ahora se destapa este escándalo en el que el encargado de luchar contra la corrupción, supuestame­nte, la propiciaba. Los encargados de impartir justicia al parecer no cumplían su labor al recibir sobornos. Por último, los congresist­as, en este caso los investigad­os, no solo pagaban por impunidad, también garantizab­an votos. Lo más complejo será que el mismo Congreso, en la Comisión de Acusacione­s, el que iniciará la investigac­ión

contra los magistrado­s implicados, a juicio de expertos, una garantía de impunidad.

El escándalo generó la respuesta del presidente Santos quien se lamentó y dijo que “me duele a mí como Presidente, como Jefe de Estado y como colombiano. Me duele comprobar que la corrupción pueda llegar a instancias tan altas del Estado”

Así lo planteó también el ministro de Justicia, Enrique

Gil Botero, quien pidió llegar hasta las últimas instancias: “Es el momento de tomar correctivo­s severos para evitar la corrupción. La justicia no puede tener mantos de duda”.

La solución no parece estar cerca. Nuevamente se avala a una profunda reforma a la justicia que ya se ha hundido en siete ocasiones en el Congreso. Otros, como la senadora Viviane

Morales, ya están proponiend­o una constituye­nte

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