El Colombiano

DIÁLOGO INCIERTO SI PERSISTE LA VIOLENCIA

- CARLOS ANDRÉS CANTE ELIÓBER CASTAÑEDA

Un clamor para que el Gobierno le haga frente a la problemáti­ca de Segovia y Remedios hacen los habitantes en medio de un conflicto que cada día cobra más víctimas, hambre y terror.

Al tiempo, el llamado a que se frene la violación a los derechos humanos, y la comunidad quede fuera del conflicto, se hace desde autoridade­s locales y defensores de DD. HH.

La del martes pasado fue una jornada más de violencia. Un hombre asesinado y otro muchacho, de 18 años de edad, que perdió su mano derecha por un explosivo.

Ese día, algunos de los que libran la batalla— unos por preservar el orden y otros exigiendo el derecho para ejercer la minería—destruyero­n parte de lo que debe ser protegido por todos: el colegio de Segovia, donde estudian 2.800 niños.

Exair Muñoz, el rector de esa institució­n educativa, Liborio Bataller, comenta que la infraestru­ctura fue utilizada, el martes pasado, como escudo en medio de una disputa campal.

“El Esmad entró a la institució­n y se hizo en la parte de atrás, en la zona verde, resguardán­dose, y los manifes- “El Gobierno Nacional y el departamen­tal siempre han mantenido abierto el diálogo para la discusión acerca de la formalizac­ión de la pequeña minería en Segovia, pero en este contexto de violencia en el paro, las conversaci­ones no pueden seguir”.

tantes empezaron a hostigarlo­s, por lo que esa autoridad respondió con gases lacrimógen­os”, apunta.

El panorama de lo que quedó tras el enfrentami­ento de casi cuatro horas es dramático: ventanales rotos, tejas dañadas, puertas en el suelo, una reja violentada, puertas caídas y una oficina destruida.

“El colegio está desprotegi­do”, sentencia Muñoz, en tanto agrega que “el Esmad no es el problema, son algunos manifestan­tes que no son pacíficos y hostigan generando la reacción de esa fuerza”.

Están aguantando hambre

Al caos por los enfrentami­entos entre manifestan­tes y Fuerza Pública, las constantes “Para la solución al paro debe haber voluntad del Gobierno y Gran Colombia. Tenemos bloqueada la comerciali­zación de oro y hay límite de venta (35 gramos / mes) para barequeros. Nos llevan a una esclavitud de pasar un mes con 500.000”.

detonacion­es, disparos y gases se suma el hambre en la que están sumidas las dos poblacione­s por el desabastec­imiento propiciado por el paro.

Según Yeison Atehortúa, personero de Segovia, los pobladores, 7.000 en el casco urbano y otros 6.000 en zona rural, aguantan hambre.

“La problemáti­ca tiende a crecer y si el Gobierno no le presta atención al municipio y no se dispone a hablar con los líderes mineros, el hambre será mayor y habrá más riesgo de enfrentami­entos”, señala.

Atehortúa, clama para que el presidente Juan Manuel Santos escuche a los mineros “y establezca alternativ­as de solución, como lo hizo en el Chocó y Buenaventu­ra”.

Policías en las viviendas

La denuncia más recurrente de los habitantes de Segovia es la presencia de los agentes en las casas, lo que constituye una infracción al Derecho Internacio­nal Humanitari­o.

Carlos Morales, representa­nte legal de Cahucopana aseguró que las quejas las han recibido de la comunidad, “y lo constatamo­s como organizaci­ón defensora de derechos humanos: el Esmad está dentro de las casas y las escuelas”.

Al respecto, el comandante de Policía Antioquia, coronel Wilson Pardo, indicó a EL COLOMBIANO que sus hombres han actuado bajo la rigurosida­d de la ley. “Lo que hemos realizado está amparado dentro de las normas legales, los derechos humanos y el Derecho Internacio­nal Humanitari­o. Tenemos un puesto de mando unificado con todas las autoridade­s, Personería, autoridade­s locales y regionales y nada de lo que se hace aquí, se hace sin el aval de ese puesto de mando”, concluyó el coronel Pardo

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