Exmagistrados, a rendir cuentas
El escándalo toca de nuevo altas cortes. Lo que el país se pregunta es si en esta ocasión habrá quién investigue en serio. El periodismo ha cumplido una tarea decisiva, que no suple la de la justicia.
Dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia ( José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte) deberán ser investigados ante la sospecha, derivada de grabaciones hechas por autoridades norteamericanas, de que podrían haber recibido altas sumas de dinero por resolver favorablemente procesos penales contra políticos, cuya investigación y juzgamiento correspondía a la Sala de Casación Penal de esa Corte. Y otro expresidente de la Corte, Camilo Tarquino, será investigado por actuaciones realizadas como abogado litigante.
Llama la atención que, una vez anunciadas por el fiscal General de la Nación y por el actual presidente de la Corte Suprema, las solicitudes de investigación ante las entidades competentes, las voces que se escucharon como reacción a un hecho tan grave fueron para referirse a la “metástasis de la corrupción”, y no para reivindicar el principio de presunción de inocencia de los personajes mencionados. Es como si hubiese un conocimiento soterrado, que aún no trasciende a la opinión pública, sobre las actuaciones antiéticas y posiblemente delictuosas en las instancias más altas de la justicia ordinaria.
Pero la opinión pública informada, si ha seguido con atención las vicisitudes y movimientos de poder que en los últimos lustros han dejado entrever los dignatarios de las altas cortes, tiene a su disposición los archivos donde periodistas han documentado ciertas andanzas y jugadas cuestionables de los magistrados ahora mencionados. Que incluyen, entre otras, su influencia en el actual fiscal General, Néstor Humberto Martínez. Ayer circularon de nuevo columnas periodísticas de años anteriores donde se informaba con detalle cómo se urdió la candidatura de Martínez Neira en la Corte Suprema para que, una vez ternado por el Presidente de la República, obtuviera los votos necesarios en esa alta instancia judicial. Su jefe de campaña fue José Leonidas Bustos, poderoso magistrado célebre también por haber dicho que la ley no debía inter- ponerse en la construcción de la paz. Y quien, todo parece indicar, impulsó el ascenso del hoy detenido ex fiscal anticorrupción nombrado por Martínez, Luis Gustavo Moreno.
También el trabajo periodístico informó con detalle el enorme poder que Bustos y Ricaurte amasaron en la Rama Judicial, al punto de convertirse en los dueños del poder nominador para las altas cortes.
El país, no obstante, debe estar consciente de una cosa: las investigaciones contra estos exmagistrados corresponden a una entidad inoperante, como es la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. Allí solo ha prosperado un expediente, el del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt, en cuyo proceso intervino el Gobierno con mecanismos de presión públicos y directos.
No hay, pues, lugar a la confianza en estas instancias de investigación. Salvo que el fiscal Martínez Neira revele el alcance de sus compromisos con Bustos, y la Comisión de la Cámara decida cumplir sus competencias.
También están involucrados dos senadores siempre rodeados de interrogantes ( Hernán Andrade, ahora presidente del Partido Conservador, y Musa Besaile, barón electoral de La U). Y se menciona al exgobernador Luis Alfredo Ramos. Hasta ayer, este se había limitado a reproducir un comunicado de su abogado. Lo que el país quiere, debe y tiene que saber es si magistrados de la Corte Suprema vendían fallos y acomodaban investigaciones. Para ello se requiere que las complicidades mutuas se erradiquen y haya quienes asuman con rigor una investigación que no admite dilaciones