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La norma no exige que los grupos significativos que buscan aval para la Presidencia rindan informe de gastos. No existen topes.
¿No se controlan gastos en recolección de firmas para precandidatos?
Ninguno de los 26 precandidatos que hoy recogen firmas con movimientos significativos de ciudadanos, inscritos ante la Registraduría, están obligados por la ley a rendir informe de gastos de ese proceso. Solo deben hacer reportes de la campaña, cuando inicie de manera oficial, es decir, cuatro meses antes de las elecciones.
Así las cosas, las autoridades electorales carecen de instrumentos para hacer un control de la procedencia e inversión de estos recursos, y los ciudadanos tampoco tienen información disponible que les permite realizar un ejercicio de veeduría, que genere confianza en los aspirantes.
Solo existe la exigencia de rendir informe y cumplir topes, en la recolección de firmas, cuando se trata de procesos relacionados con los mecanismos de participación ciudadana, como la revocatoria del mandato.
La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que, teniendo en cuenta los escándalos sobre la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014, las actuaciones desarrolladas hasta el momento se han quedado cortas frente al control de las fuentes de financiación.
Según su directora, Alejandra Barrios, debería haber transparencia en el monto, origen y destinos de los recursos requeridos para que los precandidatos y sus equipos se desplacen por todo el país y hasta abran sedes.
¿Cuánto cuestan las firmas?
Conformar un comité es muy sencillo. La ley 996 de 2005 (ley de garantías), ratificada por la ley 1475 de 2011 (Estatuto de Partidos), establece que basta con que tres personas se registren ante la autoridad electoral, al menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción.
Lo difícil viene en el proceso recolección, pues deben reunir un número de firmas válidas equivalentes al 3 % del total de los votos de la última elección. Como en la primera vuelta de 2014 hubo 13’209.6561 de votos válidos, esto significa que deberán recolectar, mínimo, 396.286.
Osman Cruz, asesor en estos procesos, explicó que una persona, trabajando entre ocho y 10 horas recoge unas 30 firmas. Cada persona recibe 60.000 pesos por jornada, que incluyen el pasaje urbano y las comidas. Para recoger entre 500 mil y un millón de firmas, que son las metas de los precandidatos, deben tener un equipo de, por lo menos, 200 personas en sitios concurridos de las ciudades capitales.
En total recogerían unas 26 mil firmas diarias. La Registraduría anula firmas repetidas, fotocopias y hechas con letras iguales. “En un mes se podrían recoger 700 mil, lo que implica una inversión de 12 millones de pesos diarios, 360 millones al mes”, agregó Cruz.
El vacío jurídico
Felipe García, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), recordó que, en las pasadas elecciones locales, en vista de la proliferación de
grupos significativos que estaban utilizando esta figura para hacer campaña anticipada e instalar publicidad, expidieron la Resolución 0865 de 2015, que exigía la presentación de un informe de ingresos y gastos, pero “que fue un saludo a la bandera”.
“En ese entonces, propuse una sanción por no reportar y por gastos que no tuvieran nada que ver con la recolección de firmas. No obstante, la sala mayoritaria, en su sabiduría, me tumbó la propuesta, y sacó las resolución sin dientes, que obligó a reportar gastos durante la recolección de firmas, pero si no lo hacían, no había ninguna consecuencia”.
Olga Illera, directora del Departamento de Ciencia Política de la U. Jorge Tadeo, afirmó que este vacío jurídico genera desconfianza y desigualdad, porque el que tiene más recursos para contratar gente, tiene más posibilidades de recoger las firmas, mientras que los independientes no tendrán ningún “chance”.
Algunos precandidatos tienen apoyo de equipos de voluntarios, pero a otros les tocará pagar por todas las firmas. En un ejercicio de transparencia, ¿publicarán esa relación de ingresos y gastos?