Someterse o acogerse, esa es la cuestión
Gobierno y “Clan del Golfo” esperan que esté listo el proyecto de ley que defina cómo se aplicará la justicia.
Con las intenciones de conversar puestas sobre la mesa, el acercamiento de paz entre la organización “los Urabeños” o “Clan del Golfo” y el Gobierno Nacional gira en torno a la figura jurídica que se aplicará para desarmar de manera colectiva a ese grupo ilegal.
De un lado, los representantes del Palacio de Nariño se refieren a un “sometimiento” mientras los asesores de la estructura delictiva indican que se trata de un “acogimiento”.
Para las partes está claro que no se trata de una negociación que le reconozca estatus político a la facción, como ha ocurrido con las Farc y el Eln, pero lo cierto es que habrá que diseñar una ley que permita concretar el desmonte de una agrupación que hoy ejerce influencia en 22 departamentos del país y tiene células activas en España y Venezuela.
EL COLOMBIANO dialogó con un miembro del equipo asesor del “Clan del Golfo”, quien de momento solicitó la reserva de su identidad, argumentando que no busca protagonismos individuales y que “apenas estamos hasta ahora consolidando el tema de voluntades”.
Señaló que los acercamientos tomaron fuerza hace 16 meses y que el estado mayor de la organización nombró tres voceros, al igual que lo hizo el Gobierno.
“Primero que todo hay que cambiar el término, no es sometimiento, es acogimiento, la semántica no es un inconveniente pero sí se presta a malas interpretaciones. Con el sometimiento te dicen ‘ahí está el Código Penal, mire a ver si se entrega o no’”, señala la fuente, y agrega: “acogimiento es una figura que reconoce el Derecho Internacional Humanitario, en la que las partes pactan condiciones especiales sobre las cuales se van a presentar ante la justicia”.
La delegada aclara que “no es una negociación política, pero le permite a las partes tener cierto tipo de maniobrabilidad”.
Lo que dice el Acuerdo
Los términos “sometimiento” y “acogimiento” aparecieron por primera vez diferenciados en el Acuerdo de Paz con las Farc.
Tras la victoria del “No” en el plebiscito (octubre de 2016), que obligó a revisar el texto pactado, la nueva versión incluyó, en el capítulo sobre “Fin del Conflicto”, el punto 3.4.13, titulado “Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”.
Dicho párrafo reza que “en el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales de que trata este punto, fortalecer las garantías de seguridad en los territorios y facilitar la creación de condiciones favorables para la construcción de la paz, el Gobierno Nacional en coordinación con la rama judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz”.
El proyecto de ley no ha sido presentado al Congreso para su discusión. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación tienen la tarea de estudiar la propuesta del “Clan del Golfo”, definir qué figuras jurídicas se usarán y consolidar un único texto.
Será este documento el que defina el alcance de los términos “sometimiento” y “acogimiento”.
La postura del Gobierno
El vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, en cuyo despacho se han llevado a cabo reuniones entre los voceros de ambas partes, conversó con este diario sobre el marco general en el que se llevaría a cabo un acuerdo con la banda.
Indicó además que, si se logra el desarme, serían más de 3.000 los integrantes que se presentarían ante la justicia. La cifra es distinta a la que había dicho el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien el pasado mayo declaró que la banda estaba reducida a la mitad, al pasar de 4.000 miembros en 2010 a 1.800 en la actualidad.
Esto manifestó ayer el vicepresidente Naranjo, quien también fue negociador del Gobierno en La Habana:
El “Clan del Golfo” se considera a sí mismo como el tercer actor del conflicto armado, ¿el Gobierno les va a reconocer eso?
“Es muy importante que los colombianos tengan estas certezas: primero, en ningún caso estamos abriendo una negociación política con una estructura criminal; segundo, desde mayo yo recibí esa responsabilidad, hoy hemos sido claros de que el Gobierno para nada reconoce la condición seudo política que han pretendido darse cuando se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia; en tercer lugar, para nada esa solicitud será evaluada para abrir espacios a una negociación judicial que signifique justicia especial o medidas alternativas; en todo caso, lo que hemos dicho es que tiene que ser un proceso dentro de la justicia ordinaria vía Fiscalía”.
Ellos dicen que no están buscando un sometimiento, sino un acogimiento, que permita entablar una negociación en el marco del DIH. ¿El Gobierno ve diferencia en esos dos términos?
“Sí, hay diferencia, hay que precisarlos, pero como he dicho, para nada hemos considerado que esa solicitud deba responderse desde otra instancia distinta. El camino es el de la justicia ordinaria, a partir de los postulados del Código de Procedimiento Penal, de las normas que lo complemen- ten, y a través de la Fiscalía. Para nada se les ha reconocido ni se les reconocerá su pretensión de ser calificados como actores del conflicto”.
¿Por qué cree que justo ahora ellos lanzan esa propuesta?
“Hay que ser objetivos, estos esfuerzos de ellos por elevar una solicitud al Gobierno vienen desde el año pasado. A partir de mayo ha habido sucesivas reuniones con su abogada en la Vicepresidencia de la República y ha habido esas precisiones que estaba mencionando, que no se trata de una negociación política, que no se reconoce el estatus de Autodefensas Gaitanistas. Yo lo que estimo es que el país empieza a vivir un clima que está demostrado que por poderosa que sea una organización, estar empuñando armas y desafiando a la institucionalidad ya no es una opción. Hoy, cuando tenemos unas Farc que han hecho tránsito a la legalidad y dejación de ar-