RECUPERACIÓN ÉTICA DE LA JUSTICIA

También puede proponerse la creación de un Tribunal de Ética, integrado por tres exmagistrados de las más altas calidades y dos miembros de la sociedad civil. Este sancionaría las faltas éticas de los servidores judiciales.

Es necesario abrir un diálogo institucional para discutir las reformas que deban adelantarse en la estructura y funcionamiento de la rama judicial.

Preocupados por el deterioro ético de la justicia, con el Presidente del Consejo de Estado se ha discutido la posibilidad de proponer a la Corporación la adopción de medidas, algunas ya en ejecución, entre las cuales pueden mencionarse:

1. Reconocer que los jueces, especialmente los magistrados de Altas Cortes, deben ser controlados, no solo con los mecanismos constitucionales y legales actuales, sino mediante un control ciudadano de carácter ético-moral.

En este sentido el Consejo de Estado ha desarrollado iniciativas, como presentar informes de gestión institucional ( 2015- 2016), crear la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, adherir a los Planes de Acción de la Alianza Gobierno Abierto (AGA), celebrar convenios de cooperación con agencias nacionales e internacionales para generar estrategias de transparencia, mantener contacto permanente con la comunidad y las administraciones públicas a través del programa “Diálogos con las Regiones”, designar a sus jueces y magistrados por concurso de méritos e inscribirlos en carrera judicial, realizar convocatorias públicas basadas en el mérito para la designación en propiedad o provisionalidad de funcionarios, incluyendo Consejeros de Estado.

2. Teniendo en cuenta las advertencias de la Corte Constitucional en la sentencia C- 373 de 2016, cuando concluyó que la denominada Comisión de Aforados contenida en el Acto Legislativo N° 2 de 2015 sustituyó la Constitución, al modificar el procedimiento de investigación, acusación y juzgamiento de magistrados de Altas Cortes, podría proponerse reemplazar la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes por un órgano autónomo e independiente en cuanto a su origen, sin rasgos políticos, integrado por personas con credibilidad moral y profesional, para investigar, juzgar y condenar en juicios de doble instancia, en forma oportuna e inmediata, a los aforados, por sus conductas ilícitas o prevaricadoras o cualquier otro tipo de acto de corrupción, mas no por el contenido material de sus sentencias.

3. También puede proponerse la creación de un Tribunal de Ética, integrado por tres exmagistrados de las más altas calidades y dos miembros de la sociedad civil.

Este Tribunal sancionaría las faltas éticas de los servidores judiciales, con medidas previamente definidas, que puedan incluir la “pérdida de investidura”, como consecuencia de comportamientos que no son objeto de procesos disciplinarios o penales, pero que afectan de manera grave el correcto cumplimiento de la función judicial.

Habría acompañamiento de algunas ONG y ciertas facultades de derecho, que actuarían como veedoras, con el fin de recibir quejas y garantizar la seriedad, imparcialidad, oportunidad y efectividad de las investigaciones y juicios.

4. De todas maneras, es absolutamente necesario abrir un diálogo institucional con intervención del Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia, el Congreso de la República, la judicatura, las facultades de derecho y otros sectores de opinión, con el fin de discutir las reformas que deban adelantarse en la estructura y funcionamiento de la rama judicial, por ejemplo, las relacionadas con las facultades de postulación o nominación por las Altas Cortes, que deben ser eliminadas, salvo la cooptación de sus propios integrantes