Reparación colectiva de víctimas no tiene un norte claro
En los últimos 15 meses, la Unidad para las Víctimas no ha firmado un solo contrato para el resarcimiento de los afectados.
Santa Lucía, en Ituango, Antioquia, es la última comunidad reconocida por la Unidad para las Víctimas en este departamento como sujeto de reparación colectiva, pero podría quedarse esperando varios años, como otros 522 sujetos de reparación, sin que se materialicen sus sueños de tener un puesto de salud, ampliar su escuela y mejorar la vía que la comunica con este municipio que, hoy, representa un recorrido de casi dos horas.
El incendio de la cabecera veredal a manos de paramilitares, desapariciones forzadas, homicidios, desplazamientos forzados masivos, la presencia de minas antipersonal, torturas, tratos crueles e inhumanos, secuestro, allanamientos, amenazas, reclutamiento de menores de edad y la estigmatización como miembros de las Farc —hechos ocurridos entre 1995 y 2016—, fueron suficientes para que el Gobierno nacional reconociera que los habitantes de esta vereda, incrustada en el Nudo de Paramillo, vivieron de manera particular los efectos del conflicto armado.
Esto se da después de que la comunidad, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, gestionara el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva, lo que le da derecho a que el Estado compense de alguna manera las secuelas que los años de hostilidades dejaron en sus comunidades.
Roberto Chavarría, presidente de la Junta de Acción Comunal, recuerda que “cuando quemaron Santa Lucía esto quedó totalmente destruido, aquí no quedó gente, las familias todas se fueron. Han pasado 17 años y ahora tenemos muchas personas con ánimo de trabajo. Que el Gobierno ponga la cara y nos extienda la mano a los que estamos aquí luchando”.
Una vez reconocidos los espera un largo camino: deben escoger un comité impulsor que con el acompañamiento de la comunidad afectada y de las entidades públicas diagnostique las necesidades más apremiantes, después vendrá toda la etapa de alistamiento, en la que se contempla la contratación de un ope-
rador que va ordenando las obras de reparación. Ese proceso tarda varios años.
Un lento proceso
La de Bojayá, en Chocó, es una de esas comunidades que lleva años esperando por una reparación colectiva. Durante un enfrentamiento entre los paramilitares y los guerrilleros de las Farc el 2 de mayo de 2002, perdieron a 79 de sus hijos, cuando una pipeta de gas acabó con la Iglesia en la que se resguardaban de las balas. Otros 19 murieron después por los efectos desencadenados tras la explosión del artefacto, según el informe Bojayá, la Guerra sin Límites del Centro Nacional de Me-
moria Histórica, CNMH.
“El municipio cuenta con tres procesos de reparación colectiva, uno para la comunidad afro, representada en 18 consejos; otro para indígenas, con 32 consejos, y el de Bellavista cabecera municipal”, cuenta Leyner Palacios, representante de las víctimas.
Para esa comunidad el primer reconocimiento como sujeto de reparación se dio en 2014, pero hasta ahora ninguna de las obras priorizadas por los habitantes de Bellavista Nuevo ha empezado su ejecución. Entre las necesidades identificadas estaba la adecuación de la Iglesia destruida como lugar de memoria y el mejoramiento de los servicios de salud y educación, ya que con el conflicto todo eso se perdió.
“Solamente se están elaborando los planes de reparación, la implementación está en veremos. Se suponía que empezaría en enero de este año y no ha podido empezar”, relata Palacios. Quien afirma que desde la Unidad de Vícti-
mas les dicen cada mes que el próximo estará lista la contratación para iniciar obras, y la respuesta se ha repetido prolongadamente.
Esta no es solo la historia de Bojayá. Las víctimas afrodescedientes de los municipios de María La Baja, San Basilio de Palenque, La Bonga, Paraíso, Todo Sonrisa y Malagana, del municipio de Mahates, salieron a protestar el 22 de agosto pasado por los mismos incumplimientos.
“A nosotros nos convoca el irrespeto de la Unidad de Víctimas, la Gobernación de Bolívar y otras entidades responsables de la reparación integral y colectiva de las víctimas del conflicto armado. Hasta la fecha no nos han cumplido ni con el 5 % de lo pactado en el pliego de peticiones del 9 de marzo”, indica Luis Eduardo Navarro, líder de la marcha.
Esta situación causa preocupación entre las entidades de control. La Comisión de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas, conformada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pue- blo y representantes de las víctimas del conflicto, anota, en un comunicado, que hasta la fecha ninguno de los 523 sujetos que hay registrados ha concluido. “Se ha iniciado la reelaboración de los planes de reparación colectiva por la incapacidad material de cumplir con los compromisos y en algunos casos persisten las críticas porque la implementación de las medidas no responde a las necesidades reales de las víctimas y las particularidades de sus territorios”.
Respuesta institucional
Cuando Alan Jara entró a dirigir la Unidad para las Víctimas le dijo a EL COLOMBIANO que su prioridad estaría encaminada a la reparación colectiva, sin embargo, después de 14 meses de labores entregó su cargo sin haber adelantado ninguna contratación para ejecutar estos proyectos, según lo confirmó esa Unidad.
Se dieron, sí, los reconocimientos de varios sujetos de reparación, pero no se avanzó en el desarrollo de las obras.
Yolanda Pinto, recientemente nombrada directora de la Unidad, le dijo a este diario que ese era el Talón de Aquiles de la entidad, para lo que sería necesaria una reingeniería que permitiese avanzar en las acciones con mayor agilidad.
A Colprensa le aseguró, además, que “tenemos que trabajar intensamente en el cierre y punto final de muchas reparaciones en sujetos colectivos de reparación. Este año deben cerrarse muchos de estos casos, pues llevan mucho años en implementación, y debemos ponerles punto final”.
EL COLOMBIANO intentó hablar con delegados de la Unidad acerca de la fecha en la que se firmarán los contratos, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Mientras tanto, las comunidades siguen elaborando sus planes, evaluando sus necesidades y esperando a que, por fin, se puedan materializar sus sueños, aplastados tantas veces por el conflicto