POLÍTICA Las vías para reformar la justicia

Con varios escándalos a cuestas, modificar el sistema judicial colombiano es una prioridad.

Reformar la estructura de la justicia es lo más parecido a desarmar una bomba. Es una tarea milimétrica y calculada que, sin embargo, puede estallar en el momento menos imaginado, por la cantidad de fuerzas del Estado que entran en juego y en confrontación.

Por eso, desde la Constitución de 1991 solo una vez logró llegar a puerto una reforma, en 2012, y tras dos años de debates, pero quedó llena de “micos”, entregando facultades que promovían la impunidad, que el mismo presidente tuvo que tumbar después de 14 días. Fue el mismo mandatario Juan Manuel Santos quien la definió así y asumió la responsabilidad del archivo de la reforma. La magnitud del escándalo cobró la cabeza del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

Aunque muchos admiran la labor de la Asamblea Nacional Constituyente de hace 26 años, no pocos juristas curtidos como el analista Pedro Medellín han hallado varios “peros” en la forma en cómo se diseñó el sistema judicial en la Carta Magna. No obstante, durante varios años, la reputación y confianza que le generaban al país los personajes que encabezaban las cortes mantuvo firme una estructura que presentaba grietas.

Estas grietas se ven en la for- ma en como quedaron relacionadas las ramas judicial, ejecutiva y legislativa. Para resumirlo: las cortes investigan a los congresistas, y a su vez ellos son los que eligen los jueces que componen esos tribunales. Aparte de eso, los legisladores ejercen el control político de los jueces, por tanto, es una vigilancia mutua que propicia la filosofía del “hagámonos pasito”.

A eso lo complementan las facultades nominadoras del Presidente, quien incide en la conformación de las barajas de candidatos a magistrados, que luego se eligen en el Congreso.

Además, también nominan funcionarios poderosos en funciones de control, como el Fiscal, el Procurador y el Defensor, que son elegidos por las Cortes.

Estas facultades de elección de funcionarios trasladaron a los tribunales el fantasma del clientelismo y con los años, este se fue haciendo más y más real.

Una muestra de este sistema quedó reflejado en la salida de Alejandro Ordóñez de la Procuraduría, decidida por el Consejo de Estado tras conocer una demanda de un civil en la que se demostró que nombró en el ente que dirigía a parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección.

Una de las consecuencias de todo este fenómeno es que el Congreso no se mete de lleno a buscar una reforma por el temor que le producen las investigaciones a los legisladores, circunstancia que es un secreto a voces en el Capitolio.

En la actualidad parece haber un consenso en torno a la urgencia de la reforma que podría darle el impulso necesario a la reforma. Infortunadamente, fue necesario un escándalo de corrupción, sin precedentes, que ha involucrado a los otrora “incorruptibles magistrados”.

De hecho Santos pidió a su ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, empezar una labor exploratoria para que, cuando inicien las sesiones del Congreso el próximo semestre, ya haya tarea adelantada para esta reforma.

Con todo un trabajo adelante, por ahora existen tres opciones que han tomado mayor fuerza