Riesgos del veto a los venezolanos
Aunque es una sanción a funcionarios del Gobierno, hay riesgo de que se extienda a ciudadanos.
Con el argumento de que este país “no coopera” con Washington, Trump anunció que funcionarios de cinco instituciones no ingresarán a EE. UU. Conozca alcances de esta decisión.
Aquel polémico veto migratorio, el que indignó a defensores de derechos humanos, por prohibir el ingreso a Estados Unidos de refugiados de seis países de origen musulmán, tocó ahora a América Latina.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que funcionarios de cinco instituciones venezolanas y sus familiares no podrán ingresar a su territorio desde el 18 de octubre. Argumentando que ese país “no coopera” con Washington en la verificación de antecedentes y posible peligrosidad de sus propios ciudadanos, el magnate expidió un nuevo decreto.
En general, dichos funcionarios son aquellos que participan en los procedimientos de investigación y selección de visas para Estados Unidos, y aunque se trata de una sanción a individuos, su impacto podría ser mayor.
Un más profundo deterioro de las relaciones entre esos dos países es lo predecible. De hecho, el gobierno de Venezuela respondió con fuerza a la decisión. El canciller Jorge Arreaza acusó a Trump de ejercer “terrorismo psicológico”, mientras un comunicado de su cartera calificó las medidas de “irracionales”, “coercitivas unilaterales” y violatorias del derecho internacional.
Para Luis Vicente León, analista venezolano y director de la firma encuestadora Datanálisis, estás últimas sanciones, por fortuna, siguen siendo de carácter personal y no abarcan al país entero. Sin embargo, el
hecho de que el texto del decreto agregue en letra pequeña que otros “nacionales de Venezuela que tengan visa (a EE. UU.) deben ser sujetos de medidas adicionales apropiadas para asegurar que la información de los viajeros se mantenga actualizada” puede ser riesgoso para los ciudadanos en general que quieran viajar.
Y es que si entre los venezolanos hay 45.088 personas que están a la espera de un refugio (29.105 a Estados Unidos), es apenas lógico pensar que mu-
chos de los ciudadanos de ese país quieran buscar norteamérica para protegerse de amenazas, persecución y restricciones a la libertad, sin hablar de aquellos que huyen por la cada vez más grave crisis económica.
“Esto puede crea un impacto en la percepción del país”, asevera León. Mientras tanto, Nicmer Evans, politólogo disidente del chavismo, cree que la política que desarrolla Estados unidos de sus fronteras hacia adentro “es tema de ellos y es respetable”. Ahora bien, Venezuela debe tener cuidado si se trata de una decisión injerencista, que atente contra la soberanía del país.
En esa medida, continúa Evans, Venezuela debería profundizar en si las causas de la sanción que impone Estados Unidos son válidas y corresponden con la realidad: que el Gobierno de Maduro no coopera en términos de verificación de los datos de sus ciudadanos potencialmente peligrosos con el de Trump.
“Si en Venezuela hubiera justicia, lo primero que debería hacer el Poder Judicial sería investigar si las acusaciones de Estados Unidos suceden, para que nuestro pueblo no se quede solo con la acción y argumentación de Trump. Pero en nuestro país no hay justicia y esto pone en evidencia que nuestro gobierno no puede dar respuestas efectivas”, apunta el experto, y añade que, de fondo, estas últimas medidas se sustentan en la idea que sostiene EE. UU. de que con la Constituyente Venezuela perdió el orden constitucional y merece sanciones