Maltrato infantil, un flagelo diario en Colombia
Siete mil procesos para restablecer los derechos de menores de edad se han abierto este año en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, según su directora, Karen Abudinen.
La cifra resultó tras conocerse la denuncia de abuso a menores por parte de los funcionarios de la Fundación Peces Vivos en Ibagué, Tolima.
En este caso, el Juzgado Séptimo Penal con Función de Control de Garantías de esa ciudad, acusó a tres funcionarios de esta fundación de presunta tortura agravada, concierto para delinquir y ocultamiento de evidencias, mientras que a los formadores y enfermeras, los señaló de posibles hechos de tortura agravada.
En la audiencia, los implicados no aceptaron los cargos.
“Todos estos casos son revelados por los ciudadanos y ajenos a los centros de Bienestar Familiar”, aclaró Abudinen, quien resaltó que erradicar este problema depende de la voluntad de todos, desde la sociedad en general, hasta las instituciones que trabajan por los menores de edad del país.
“Es importante que padres, educadores, médicos, vecinos, autoridades de policía, organismos de control y gremios, tomemos conciencia, nos articulemos, nos comprometamos y luchemos juntos contra el maltrato al que están siendo sometidos nuestros niños, niñas y adolescentes. El maltrato contra nuestros niños no puede seguir siendo tolerado”, agregó Abudinen.
Ximena Norato, de la Agencia Pandi, entidad defensora de los derechos de los menores de edad, agregó que por su condición, están en riesgo de ser vulnerados
por su cuidador y llama la atención, especialmente, frente a quienes sufren algún tipo de discapacidad, lo que los hace más vulnerables.
“Tenemos la responsabilidad de cumplir con lo que nos obliga la ley y es que no les podemos hacer nada que les cause ningún acto que provoque sufrimiento físico o moral. En el caso de niños con discapacidad, en ocasiones no pueden o están en capacidad de visibilizar o contar lo que les está pasando”, aseguró Norato.
Finalmente, la directora del ICBF manifestó que cuentan con 80.000 unidades de servicio en el país y 1.500 profesionales que a diario realizan visitas de supervisión, para verificar que el servicio que se presta sea adecuado y que se garanticen los derechos en este tipo de instituciones y fundaciones