El Colombiano

¡OTRA GRAN PIÑATA!

- Por FERNANDO VELÁSQUEZ fernandove­lasquez55@gmail.com

El ocho de mayo de 2017 el presidente de la República nombró como directora del Servicio Nacional de Aprendizaj­e a la economista e historiado­ra María

Andrea Nieto Romero; en el acto de posesión, después de las zalemas acostumbra­das, aquel destacó los logros de la gestión realizada por la nominada como subdirecto­ra y añadió que su tarea futura era “espichar el acelerador para producir aún mejores resultados”.

Pero la luna de miel burocrátic­a llegó pronto a su fin, cuando hace unas semanas la flamante empleada ordenó cesar en sus funciones a varios de sus colaborado­res como el director jurídico de la entidad y denunció, ante la opinión pública y la Procuradur­ía, la existencia de “cuotas políticas” y “contratos irregulare­s” firmados por el actual secretario general de la Presidenci­a, Hernando Alfonso

Prada Gil (antes, recuérdese, coordinado­r de la campaña reeleccion­ista de Santos en Bogotá), cuando se desempeñab­a como director entre 2014 y 2017.

No obstante, diversas acusacione­s públicas también cuestionan a la dama por algunos nombramien­tos como el de su psicóloga personal quien –de la noche a la mañana– resultó convertida en “asesora espiritual” del ente público; una perversa práctica que recuerda las del exfiscal Mario Iguarán cuando tuvo en su despacho, incluso armado, a un dudoso “mentalista”; es más, téngase en cuenta, la Nieto Romero formó parte del equipo de trabajo anterior e incluso fue directora encargada.

A su turno, el malquisto primer mandatario (después de regresar de su breve expedición canadiense, donde dijo buscar apoyo para la paz y más inversión extranjera) ordenó declarar insubsiste­nte a la embarazosa directora, cosa que sucedió mediante el Decreto 1769 de primero de noviembre de 2017 suscrito por él y la anodina ministra de Trabajo.

Como esta abrupta decisión causara bastante revuelo mediático, en la página web de esa cartera se dieron diversas explicacio­nes como aquella según la cual la exdirector­a “perdió la confianza del Gobierno Nacional al no recurrir a los canales institucio­nales, para señalar cualquier dificultad, problema o molestia, que hubiese identifica­do en el ejercicio de sus responsabi­lidades y en las relaciones con sus funcionari­os”; y que, se añadió, con la medida solo se buscaba proteger a la “joya de la corona” que era el Sena. Mientras tanto, la caída en desgracia atribuyó la destitució­n a sus quejas formuladas ante el Ministerio Público y al hecho de tornarse en una persona muy “incómoda” para el establecim­iento.

Así las cosas, en medio de este agrio cruce de declaracio­nes y mensajes llenos de verdades a medias entre la otrora servidora pública (quien posa de heroína) y el desfachata­do y fatuo secretario de la Presidenci­a (que esta semana salió al aire a lavarse las manos), todo indica que al interior de ese organismo -cosa ya frecuente en todas las entidades del deslustrad­o sector público- se presenta una nueva y muy jugosa piñata presupuest­al, que supone gravísimos actos de corrupción que la Fiscalía debe investigar con todo celo y prontitud.

No es posible, entonces, que el erario se esquilme a manos llenas y las dependenci­as del Estado se conviertan en fortines políticos, donde cuatro personas y sus familias (ello, dicho por la funcionari­a saliente) manejan a su antojo todos los contratos públicos. Todavía resulta más espinoso que los servidores públicos encargados de velar por la transparen­cia de la gestión del gobierno y porque los empleos se provean gracias a un riguroso concurso de méritos, sean los que ahora remuevan de forma ladina a quienes - cualesquie­ra sean las motivacion­es que los acompañeno­san destapar las ollas podridas, para proteger a los infectos.

En otras palabras: hoy, pues, a quienes denuncian delitos contra la administra­ción pública y solicitan investigac­iones a los entes de control se les castiga, destituyén­dolos, mientras que a los querellado­s se les brinda total cobijo para que puedan disfrutar de la apetecida mermelada. El nuevo lema inspirador del servicio público es muy claro: ¡Si me denuncias te destituyo, si callas te premio!

Todo indica que al interior de ese organismo se presenta una nueva y muy jugosa piñata presupuest­al, que supone gravísimos actos de corrupción.

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