El Acuerdo, ¿a merced del nuevo Congreso?
El FastTrack delineó las coaliciones para las presidenciales. Gobierno buscará vía ordinaria para proyectos.
Al ‘ Congreso de la Paz’, como lo bautizó el presidente Juan Manuel Santos, no le alcanzó el impulso que le dio el fast track (vía rápida) para sacar adelante las leyes necesarias, para que el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc se implementara al pie de la letra.
En el momento menos oportuno para el Ejecutivo, la Unidad Nacional, que ya flaqueaba desde hace un par de meses, se hizo agua, y el apoyo de los partidos políticos minoritarios afines al Acuerdo fue insuficiente para mantener las mayorías, que ahora son parte de la historia política.
La reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pasó, pero no dejo satisfechas a las Farc. Aparte de que se hundió la reforma política, las circunscripciones especiales continúan en el limbo, quedó en trámite lo relacionado con tierras y, pendientes, el sometimiento colectivo de estructuras del crimen organizado, el proyecto que crea un régimen penal diferenciado para campesinos con pequeñas extensiones de cultivos de uso ilícito, el que crea el catastro multipropósito, el que crea unas zonas de reserva forestal, el que modifica la ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros.
¿Que viene ahora?
Consultado por EL COLOMBIANO, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, manifestó que están definiendo la estrategia y los mecanismos legales para sacar adelante la agenda legislativa que quedó rezagada, y que solo la próxima semana lo informarán.
Hace tres semanas, cuando el ambiente en el Congreso se enrareció y ni Santos pudo agrupar a sus antiguos aliados, en las habituales audiencias privadas, Rivera dijo que no descartaban la conmoción interior, ventilada por el senador Armando Benedetti (La U).
Esta figura, consagrada en el artículo 213 de la Constitución, usada por el expresidente Álvaro Uribe por 90 días, al inicio de su primer gobierno, procede ante graves perturbaciones del orden público que atenten contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia. El presidente quedaría facultado para expedir leyes, sin necesidad del Congreso.
Según Francisco Barbosa, doctor en Derecho Público de la U. de Nantes (Francia) y docente de la U. Externado, la conmoción traería implicaciones políticas gravísimas, porque lo que le falta al Gobierno es un pacto político entorno al Acuerdo. “Se fortalecería el discurso de quienes se oponen o dudan de la implementación. No es posible sacar leyes estatutarias en estados de conmoción; es decir, estaríamos ante un mecanismo inconstitucional. Sería un abuso del Ejecutivo”, añadió.
Con excepción de las curules y la reforma política, lo que falta son proyectos de ley, y por eso Rivera manifestó, adelantándose a lo que iba a suceder, que los tramitarían en procedimiento ordinario con mensaje de urgencia, que en tiempos se parece al fast track, cuando se trata de una ley ordinaria.
Las iniciativas se discutirían en un primer debate en comisiones conjuntas de Cámara y Senado, en lo que resta de sesiones ordinarias de diciembre, es decir, hasta el sábado 16. El Congreso no vuelve a sesionar hasta el 16 de marzo de 2018, después de elecciones del 11 de marzo.
¿A sesiones extras?
Antonio Madariaga, director de la Corporación Viva la Ciudadanía, le reveló a este diario que durante la preparación del primer aniversario de la firma del Acuerdo del Teatro Colón, Santos señaló la intención de convocar al Congreso a sesiones extras este año y a comienzos del otro.
“En extraordinarias, con mensajes de urgencia, los proyectos tienen un trámite parecido al procedimiento legislativo especial, en lo relacionado con las leyes ordinarias. La cosa se complica en el caso de los actos legislativos, que no pueden tener ese mensaje ni se pueden aprobar en una sola legislatura”, agregó Madariaga.
‘Iván Márquez’, exjefe negociador de las Farc, manifestó que la implementación del Acuerdo atraviesa un momento de crisis y exhortó al presidente a que “tome las riendas y utilice su condición para tomar decisiones en favor de lo que acordamos en La Habana. Él ha manifestado su compromiso con la paz y es hora de que salve lo que es la obra más grande de su Gobierno”.
¿Alcanza este Congreso?
Al terminar el primer semestre legislativo, en junio de 2017, el Gobierno recibió el primer campanazo de alerta. La plenaria del Senado no quiso aprobar la reforma legislativa que crea las 16 circunscripciones especiales de paz y el proyecto de la JEP fue retirado antes de empezar su trámite.
Los coches se empezaron a salir de los carriles y por eso diversas organizaciones sociales, como la Misión de Observa-
“Es posible que dejen el resto de cosas para el nuevo Congreso, pero falta ver si el nuevo Gobierno tendrá la voluntad de continuar (...)”. FABIÁN ACUÑA Docente Ciencia Política U. Javeriana
ción Electoral (MOE), miembros de la sociedad civil y algunas universidades han prendido las alarmas.
Congreso Visible anticipó que durante el segundo semestre legislativo, en vista de la cercanía de elecciones y el realinderamiento de los partidos políticos en busca de nuevas coaliciones para 2018, aumentarían los debates de control político y el ausentismo, lo que dificultaría el avance de la agenda legislativa, que al final terminó impregnada por un slow track (vía lenta).
Y si en el mismo partido de Gobierno, La U, se registró ausentismo, el panorama para el próximo año no pinta nada diferente, porque será bajo la efervescencia electoral.
Por esta razón Marco Romero, investigador del Centro de Seguimiento al Proceso de Paz, de la U. Nacional, afirmó que la normatividad pendiente quedará para el próximo Congreso, que se elige en marzo y se posesiona en julio, pero sin el sistema fast track.
“A partir de ahora se va a hablar más de incumplimiento que de implementación. Los sectores más atrasados de la po-
lítica colombiana no solo están en contra del Acuerdo sino de la democratización del sistema político. El Acuerdo propone más democracia y estos sectores prefieren mantener un sistema que no garantiza transparencia”.
Romero añadió que si bien el presidente Santos tuvo facultades durante medio año para expedir decretos ley relacionados con el Acuerdo, no podía utilizarlo para la reforma política, la JEP o las circunscripciones de paz, porque requieren de una reforma constitucional, vía Congreso.
Fabián Acuña, docente de Ciencia Política de la U. Javeriana, sostuvo que en el próximo semestre será complicado tramitar cualquier cosa, porque los congresistas estarán buscando su reelección. “Es posible que dejen el resto de cosas para el nuevo Congreso, pero falta ver si el nuevo Gobierno tendrá la voluntad de continuar, o por el contrario le dará reversa al Acuerdo”.
¿Una nueva coalición?
Una sola golondrina no hace verano, pero a la oposición liderada por el Centro Democrático, se sumó la de Cambio Radical, que salió, de manera oficial, de la coalición de Gobierno hace dos meses. En ambas bancadas reconocieron acuerdos legislativos.
A este bloque se sumó un grupo importante de congresistas del Partido Conservador, especialmente de antioqueños, que frenaron las pretensiones del Gobierno en la recta final del fast track.
“Lo que ocurrió en la discusión de las 16 circunscripciones fue que se diagramó lo que serán las coaliciones para 2018. La derecha ya está lista”, precisó Trejos.
Según Acuña, los últimos años de todos los gobiernos son muy menguados, y de manera extraña este Gobierno, pese a la baja popularidad de Santos, todavía mantiene alguna mayoría en el Congreso. “No es que el fast track haya dejado nuevas coaliciones, sino que es un espacio natural del Congreso, donde empiezan a reacomodarse las fuerzas, proyectando nuevas coaliciones para el próximo año”.
Carlos Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política de la U. Externado, dice que esas coaliciones “apenas se empieza a organizar”.
Lo que se logró aprobar
En la primera etapa del fast track, entre el 30 de noviembre de 2016 y el 30 de mayo de 2017 fueron aprobados 40 decretos leyes por parte del presidente Santos, cuatro actos legislativos y cuatro leyes ordinarias.
En la segunda etapa, entre el 30 de mayo y el 30 de noviembre de 2016, se aprobaron ocho decretos, entre ellos uno reglamentario, al igual que dos actos legislativos y dos leyes.
En total fueron archivados un acto legislativo, una ley estatutaria, una ley orgánica y cinco proyectos de ley. Para un total de 8 normas archivadas.
Según el reporte de la Corporación Viva la Ciudadanía, no fueron presentadas al Congreso nueve normas priorizadas dentro de lo establecido en el Acuerdo, como prioritarios para el primer año de la implementación.
Para Luis Trejos, docente de Ciencia Política de la U. del Norte, el fast track dejó un balance agridulce, porque aunque se concibió como un mecanismo especial para dar estabilidad jurídica al Acuerdo, terminó siendo usado para imponer intereses y agendas particulares sobre el interés colectivo, que era la paz.
“Evidenció la pérdida de gobernabilidad del Gobierno y la destrucción de la alianza oficialista. Tramitar la leyes vía ordinaria, el otro semestre, no dará, todos estarán en las regiones. Lo otro sería el pupitrazo, pero ya el Gobierno no tiene coalición. Hasta aquí llegó la implementación... toca esperar la conformación del nuevo Congreso”.
Uno de los argumentos del Gobierno para impulsar el fast track fue evitar que el trámite de la implementación se cruzara con las campañas políticas, para no desviar el debate, pero esa coincidencia fue inevitable. El próximo Congreso tendrá la última palabra