El protocolo salvavidas de Medellín
Los jóvenes amenazados, expuestos a la violencia criminal, ya cuentan con un mejor sistema de protección.
Este año, entre el 1 de enero y el 1 de diciembre, se contabilizaron 517 homicidios en Medellín, de los cuales 301 se asociaron al accionar de grupos delincuenciales organizados, 17 por violencia de género y 15 por violencia intrafamiliar. Lo peor es que muchas de estas personas sabían que su muerte violenta era inminente.
“Nos dimos cuenta de que el perfil cotidiano, que agrupaba más patrones característicos, era el de un joven que sabía que iba a ser asesinado; de las 12 historias de vida que reconstruimos, nueve sabían que serían víctimas de homicidio y que solo era cuestión de días, semanas o meses para que esto sucediera. Nos parecía ridículo que antes no se pudiera hacer nada frente a eso”, afirma Lukas Jaramillo, director del centro de estudios Casa de las Estrategias.
Por el lado institucional, el centro de estudios concluyó que la Línea Única de Atención de Emergencias —123— no tenía procedimientos específicos para atender a víctimas potenciales de homicidio. En definitiva, no contaban con la protección del Estado; por eso se dio la oportunidad de crear el protocolo.
La secuencia del protocolo es la siguiente: recepción y atención de llamada; determinar riesgo de homicidio probable y opción de transporte; coordinación con instituciones: Alcaldía, Icbf y Policía; hospedaje, atención sicológica, orientación para un plan de mitigación del riesgo, aprobación de recursos, insumo para política pública, informe y decisión (no condicionada) de apoyo a la justicia (protección de testigos).
“Básicamente, creamos un incidente en el 123 para atender este requerimiento social. Luego se dispone un transporte de la Policía para ingresar al territorio y extraer al amenazado y contar con un fondo de recursos para darle hospedaje en otro lugar de la ciudad, costearle una mudanza o pagarle un viaje a otro municipio de Antioquia”, explica Jaramillo a EL COLOMBIANO.
Agrega el estratega, es muy importante empezar a divulgar esta información para que las personas en condición de peligro de muerte por amenaza sepan que cuentan con esta alternativa y así tengan la con- homicidios por 100.000 habitantes, es la tasa que tiene como meta el protocolo. fianza de usarla.
Desde la implementación del protocolo —15 agosto de 2017—a la fecha, se han extraído de su territorio 51 víctimas potenciales de homicidio. “Al ciudadano hay que creerle y si vemos que cumple con los requisitos, lo sacamos con toda la protección logística. Estas personas cuentan con muy pocas redes de apoyo y eran invisibles para la institucionalidad, por eso hay que apoyarlas”, comenta Jaramillo