Un balance del año del fast track

El fast track fue como un año de los estudiantes. En el primer parcial le fue muy bien al Congreso: refrendó el Acuerdo, trabajó en asuntos importantes de la implementación y avanzó. Para el segundo parcial, y dada la decisión de la Corte Constitucional de permitirles a los congresistas de hacer proposiciones y de votar artículo por artículo, avanzó mucho menos y tuvo un resultado regular. Para el tercer parcial o final, en términos generales, se rajó, y la forma como lo hizo es muy preocupante. Por ejemplo, del punto dos del Acuerdo, sobre participación política, hubo muy pocos avances: se cayó la reforma política y tenemos problemas con las circunscripciones especiales transitorias de paz. Esto demostró la incapacidad, de buena parte del Congreso, para reconocer la necesidad de la apertura política democrática que el Acuerdo contiene. Ni siquiera se empezó a discutir el proyecto de ley de garantías para la participación ciudadana y la protesta social. Muy poco se avanzó en lo de tierras y se concentró buena parte de la atención en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Allí se encontraron posturas inconcebibles, como el hecho de que se cambiaran las reglas con las que fueron elegidos los magistrados, en uno de los procesos más abiertos y transparentes que ha habido en Colombia y se impusieran inhabilidades subsecuentes. Eso es inconstitucional y va a ser rechazado por la Corte Constitucional. La mirada sobre el fast track es necesaria, pero también se debe mirar el conjunto de la implementación. Hay una cantidad importante de ejercicios veredales alrededor de los programas de desarrollo con enfoque territorial, hay asuntos de la reincorporación que han funcionado más o menos, hay otros que han funcionado mal, y por eso se hace necesario una mirada más allá de la implementación normativa.