Tráfico de explosivos, en el foco
El mercado negro de Indugel en Antioquia financia a bandas criminales y mineros informales.
La Secretaría de Minas de Antioquia creó un comité para mitigar el mercado negro de Indugel, que abastece a mineros ilegales y bandas. ¿Qué tan grave es ese tráfico?
El tráfico ilegal de explosivos que son fabricados por la Industria Militar, y que terminan en un mercado negro manejado por bandas criminales y mineros informales, es un asunto que cada vez más preocupa en Antioquia.
La vigilancia de la comercialización y uso de explosivos recae en varias entidades, que ejercen competencias específicas en cada etapa del proceso: el Departamento de Control y Comercio de Armas (DCCA), Indumil, Ministerio de Minas, la Secretaría de Minas y las brigadas militares asignadas al territorio de operación de las minas.
EL COLOMBIANO ha denunciado la existencia de un cartel de los explosivos, que pese a los controles, sigue desviando el material que sale de las brigadas hacia las empresas. Productos como el Indugel, la mecha lenta, cordón detonante y estopines se expenden de forma clandestina por precios cinco veces más altos y las ganancias, en varios casos, entran a las arcas de bandas criminales.
Entre septiembre y noviembre, la Fiscalía coordinó operativos en los que fueron capturados 32 sospechosos de estar involucrados en este negocio: 10 son representantes legales de minas, y los demás, mineros.
La secretaria de Minas de Antioquia, Dora Elena Balvín Agudelo, dice que su despacho está tomando medidas. Aclara que en lo relacionado con el comercio de explosivos, la fiscalización de la Secretaría se basa en el seguimiento del Plan de Trabajos y Obras (PTO) que presentan los titulares mineros, pero quien al final autoriza la venta del insumo es el DCCA.
¿Qué diagnóstico tiene la Secretaría de Minas sobre el tráfico ilegal de explosivos?
“Se determinó que los actores que intervienen en ese tráfico provienen de minería ilegal. Tenemos el conocimiento que tiene la opinión pública, pero le pedimos a la Fiscalía y demás entes que se encargan del tema, que nos informen si algún titular hace mal uso de explosivos. Y oficialmente, dentro de los expedientes que hay en la Secretaría, no tenemos informe, porque como son investigaciones tan largas, la Fiscalía se demora su tiempo. El gobernador Luis Pérez dijo que creáramos un comité en el que estuviéramos todas las entidades, Fiscalía, DCCA, Indumil, alcaldías, para que hiciéramos un protocolo. En esas estamos, armamos un proceso para compartir
información y esperamos los avances de la Fiscalía. Ya tenemos varias reuniones, donde queda claro cuál es la actividad de cada ente. No es solo para el tráfico ilegal, sino para el uso de explosivos en general”.
¿En qué zonas se concentra el tráfico de explosivos?
“Segovia, Remedios, Buriticá y la subregión de Bajo Cauca”.
¿Qué medidas está tomando la Secretaría de Minas?
“Para ello se creó el Procedimiento para Manejo de Explosivos en Actividades Mineras, en el que las solicitudes que recibimos son atendidas por nuestros profesionales, que hacen un estudio documental y una inspección de campo. Así se verifica que todo se desarrolle según el PTO del título minero. Solo certificamos a aquellos titulares que cumplan los requisitos para uso de explosivos”.
¿La Secretaría tiene recursos suficientes para inspeccionar todas las minas?
“Totalmente. Se firmó un convenio con la U. de A. para la fiscalización de títulos de todo el departamento, para contratar geólogos, ingenieros y abogados que hagan las visitas y, dentro de eso, está el tema de explosivos. Y el Ministerio de Minas nos entrega recursos de regalías. En 2016 visitamos 1.400 títulos, y Minminas acaba de enviar $31.000 millones para la fiscalización minera”.
¿Cómo controlan a las empresas que piden explosivos sin tener minas operando, o que cambian de razón social para burlar las sanciones?
“Con esas visitas se verifica que el uso de explosivos sí sea necesario, que el título minero esté en operación y acorde a lo presentado en el POT; y se verifica la situación contractual de los títulos, garantizando que aquellos a los que damos certificado de explosivos estén operando. Sobre el cambio de razón social, no entregamos el certificado de explosivos a la razón social como tal, sino al título minero. Independiente de que la razón social sea ‘X’, está amarrada al título minero. El que tiene la función de verificar quién es esa persona beneficiaria del título es el DCCA, ellos sí miran los antecedentes penales dentro de su estudio de seguridad”.
¿Qué sanciones aplica la Secretaría a las empresas involucradas en ese tráfico?
“No es competencia de la Secretaría aplicar sanciones a quien haga tráfico ilegal de explosivos, pero sí se encarga de informar a las demás autoridades si encuentra algo irregular en un título minero que no esté autorizado para uso de explosivos”.
Y si un dueño de título incumple las normas que ustedes vigilan, ¿qué castigo le imponen?
“La caducidad del título. Cuando la gente no cumple con sus obligaciones, le hacemos pri- mero unos requerimientos según las obligaciones que deben cumplir, luego viene la multa y finalmente la caducidad. Para el tema de explosivos, es un incumplimiento que podría generar multas, y cuando son sucesivas, da lugar a la caducidad”.
¿Cuántas empresas han recibido estas sanciones?
“Este año caducamos 30 títulos, la mayoría de minería de oro, pero no solo por los explosivos, sino en general: por falta de pago de póliza o de las regalías, o porque adquirieron un título hace años y no comenzaron la exploración y explotación. Y a otros 800 títulos les hemos hecho requerimientos, por no pago de obligaciones y falta de formatos básicos mineros”.
¿Cuántas minas hay activas en Antioquia?
“Tenemos 1.329 títulos mineros: 1.024 en etapa de explotación, 257 en construcción y montaje y 48 en exploración. Estos pertenecen a 704 titulares, algunos de los cuales son personas naturales. Tenemos que vigilarlos a todos. Hacemos dos visitas en el año, de ahí nacen los requerimientos”.
¿Dos visitas no es muy poco para vigilar una operación tan delicada?
“Además de las dos visitas, tenemos un mapa de puntos rojos adonde tenemos que ir frecuentemente. Por ejemplo, en la cuenca del Sinifaná, porque alrededor de un título hay mucha minería artesanal; a Buriticá vamos mensualmente y tenemos un funcionario de la Secretaría en Segovia. Pero si tú vas a una mina donde están haciendo todo correctamente, y no hay riesgo de derrumbes ni de gases, no hay problema”