PROMESAS Y MALES DE LA JEP, PRUDENCIA
Con la posesión de la mayoría de los magistrados de la Jurisdicción especial para la paz (JEP), las expectativas y los reproches en relación con esta iniciativa especial de justicia penal están por los aires.
La retórica que adorna a la JEP o que la embiste no es tibia. Sus promotores la pintan como la última maravilla de la justicia transicional; sus detractores como una farsa.
Las personas victimizadas están atentas a lo que pase con la JEP: intuyen manipulación, pero su ilusión es más fuerte que el cinismo. Aguardan, paciente e impacientemente; no tienen mucha opción. Aunque se habla mucho de víctimas, sus voces no fueron determinantes en el arreglo. Todo esto es, supuestamente, para favorecerles. Todo está por verse.
Los perpetradores (tanto los conocidos y confesos, como los anónimos y escondidos) también están expectantes. Algunos buscan sacar provecho; otros buscan neutralizar cualquier riesgo de que esta nueva iniciativa de justicia les toque. En nombre de la paz, procuran una justicia disminuida, o una igual de selectiva a la ordinaria (que ya controlan).
Falta mucho para que la JEP opere. Por más de que se hagan anuncios o se realicen eventos simbólicos, la JEP está en pañales. La oposición a su funcionamiento y los retos de implementar un marco institucional tan complejo –por nombrar solo dos de los más grandes obstáculos que encara– harán que la justicia que imparta llegue más tarde de lo que muchos creen.
No obstante, la atención social sigue depositada sobre la JEP, en detrimento de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas.
De manera desafortunada, la JEP se erige como la pieza maestra de la denominada justicia transicional (a la colombiana) porque es lo más cerca que hay a la justicia penal. Puesto que el castigo se erige como una solución sublime frente a las atrocidades del pasado, la JEP desplaza la atención que deberíamos estar dando a procesos comunitarios de confrontación del pasado, que podrían estar mejor auspiciados por los otros mecanismos.
“(E)l favoritismo por la criminalización redunda en una resistencia a considerar y poner en marcha otros mecanismos legales, regulatorios o transformadores en la búsqueda de justicia” ( Mark
Drumbl 2007). La preferencia por la justicia penal conduce a centrar toda la atención en el establecimiento de la responsabilidad individual de unos cuantos perpetradores.
Esta aproximación ignora factores sistémicos y situacionales que contribuyeron a la perpetración extendida de la atrocidad. Además, es una receta sencilla para cerrar los regímenes de atrocidad a partir del sacrificio de unos cuantos chivos expiatorios.
El derecho penal enfrenta muchas limitaciones en procesos de reconstrucción de la verdad y de construcción de la memoria colectiva. En el país existe un sobredimensionamiento de la capacidad de la justicia penal para construir historia. Además, se ha cultivado una noción falsa del tribunal penal como un escenario de expresión de solidaridad social con las víctimas y de catarsis social. En la práctica, estas promesas no se han materializado y la capacidad de los procesos penales ordinarios o los de Justicia y Paz para producir verdad con valor social es reducidísima. La JEP no será ajena a estas limitaciones.
Por ello, es hora de tener mayor prudencia: el proceso de búsqueda de justicia es más complejo que el recorrido de la JEP. Esta es solo un medio, de muchos, que debemos recorrer
De manera desafortunada, la JEP se erige como la pieza maestra de la denominada justicia transicional porque es lo más cerca que hay a la justicia penal. Puesto que el castigo se erige como una solución sublime frente a las atrocidades del pasado, la JEP desplaza la atención que deberíamos dar a procesos comunitarios de confrontación del pasado.