EDITORIAL
En cinco años, varias obras de ingeniería, residenciales, viales e incluso inmuebles de uso público, tuvieron problemas estructurales y constructivos. No es alarmismo exigir respuestas y controles.
“En cinco años, varias obras de ingeniería, residenciales, viales e incluso inmuebles de uso público, tuvieron problemas estructurales y constructivos. No es alarmismo exigir respuestas y controles”.
Cuando la sociedad colombiana plantea preguntas y hace críticas a la calidad de algunas obras de infraestructura, no parte de creer que la totalidad del aporte del gremio de la ingeniería y la arquitectura al desarrollo del país deba descalificarse. Las generalizaciones, desde el polo del pesimismo o desde la orilla del exitismo, son dañinas. Ni hay una crisis insalvable y extendida de la construcción, ni es posible pasar de largo el desplome de edificios y puentes y la desocupación de torres residenciales en peligro.
Es hora, sí, de explorar las razones, las causas de la aparición creciente, los últimos cinco años, de irregularidades, vicios y yerros que acabaron vidas humanas, que lesionaron el patrimonio y los sueños de miles de colombianos y que menguaron los recursos de proyectos de gran envergadura e impacto social y económico, en alianzas público-privadas, proyectos del Estado o inversiones de particulares.
Es cierto que frente al desastre en Chirajara solo hay interrogantes, y sería prematuro construir hipótesis —mucho menos tesis— para señalar responsabilidades. Pero no es menos válida y legítima la necesidad de que se esclarezca el origen de un evento que cobró la vida de diez personas y que fracturó la conectividad vial futura entre el centro y el oriente (Bogotá-Villavicencio), además del sobrecosto que implicará superar los daños.
Lo que no puede ocurrir es que se rompa o bloquee el puente de comunicación, franca y crítica, que debe haber entre los diferentes gremios de la construcción y la opinión pública y ciudadana. El control y la vigilancia deben ser ejercicios permanentes en relación con un sector determinante para la civilización y la vida humana en general, y la productividad y crecimiento singulares de la nación.
En especial, porque parte de las fisuras de la credibilidad y confianza en los constructores, en casos específicos como el colapso y desmonte del conjunto residencial Space, en Medellín, según fallos judiciales recientes, se debe al incumplimiento de normas en la calidad de los materiales y en las fórmulas de cálculo de las estructuras.
En abril de 2017, un edificio en construcción se cayó en Cartagena y provocó la muerte de 18 personas. Ahora, la Alcaldía de esa ciudad y la Fiscalía han ordenado la evacuación preventiva, pero obligada, de 16 edificios, debido a que tienen relación con el mismo constructor y a que presentan deficiencias estructurales y de sismorresistencia.
A Chirajara lo antecedió la caída de un puente en el norte de Bogotá en 2015, cuando se le efectuaban pruebas de carga. También colapsaron puentes entre San Jorge y La Mojana, en Cesar, y entre Yopal y Aguazul, en Casanare, en 2016. Hay otro par de casos en el departamento de Córdoba que, aunque menos sonados, ocasionaron pérdidas. La Alcaldía de Medellín también lidia hoy con reclamaciones por fallas en los parques-biblioteca.
Hay, pues, una lista considerable de episodios que merecen ahondar el debate frente a la vigilancia que ejercen la Agencia Nacional de Infraestructura, las curadurías, los organismos de control y los mismos gremios de la construcción en estudios de suelo, diseños de obra, obtención de licencias y procesos constructivos y elección de materiales de obras de ingeniería.
Evitar tragedias futuras se logrará, en parte, con la adecuada observancia de las normas y la veeduría y discusión que merece el tema. A la caída del Chirajara no se le puede sumar el puente roto en la reflexión conjunta, de constructores y sociedad colombiana, sobre hechos tan graves