Contraloría lo pidió, ahora Congreso decide si prohíbe el asbesto.
Luego de auditoría en ocho ministerios, la senadora ponente de proyecto de ley y las víctimas celebraron llamado de atención.
“Es hora de que las entidades del Estado se hagan partícipes. Es el momento para defender a la sociedad”. CECILIA RIAÑOS Víctima del asbesto
El asbesto en Colombia debe ser prohibido. Este es el mensaje que envió la Contraloría General luego de que la delegada para al Medio Ambiente, realizara una auditoría en los ministerios de Salud, Minas, Trabajo, Comercio, Ambiente y Transporte.
En el resultado de la auditoría, la Contraloría concluyó que “de acuerdo con lo evaluado y teniendo en cuenta las afectaciones al ambiente y a la salud humana, ocasionados por la producción y uso de asbesto, se evidencia una necesidad de implementar un esquema legislativo que trascienda de la implementación segura de asbesto, a la prohibición de la producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquier variedad”.
Esta decisión respalda las siete veces que se ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para erradicar el uso de este mineral, pero que solo hasta octubre pasado logró una primera victoria, con su aprobación en primer debate en la Comisión Séptima.
Nadia Blel Scaff, senadora y ponente del proyecto, celebró este concepto, y aseguró que ya es hora de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para proteger a la sociedad.
“No pueden escudarse para no legislar en beneficio de la comunidad, pues conocemos las cifras del Instituto Nacional de Cancerología, el Ministerio de Salud y ahora los hallazgos de la Contraloría, que nos muestran los riesgos para la salud y la vida por el uso de este mineral”.
Academia y víctimas
Juan Pablo Ramos, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Los Andes, y quien ha investigado el asbesto en talleres mecánicos de Bogotá, expresó que lo que hace el ente de control es un llamado de atención para que Colombia asuma sus responsabilidades y que “lo que está diciendo –la Contraloría– va en la dirección correcta, en cuanto a la protección de la sociedad”, teniendo en cuenta que todos los tipos de asbesto provocan cáncer y que, hasta el momento, se ha eliminado su uso y producción en 60 países.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología (INC), el contacto con este mineral, sea de manera directa o indirecta, provoca asbestosis y mesotelioma, que son tipos de cáncer que se dan por la llegada de estas fibras a los pulmones.
Cecilia Riaños es víctima directa de este mineral. Su esposo, Luis Alfonso Mayorga, y su suegro, Rafael Alfonso Mayorga, fallecieron, padecieron, con 13 años de diferencia, de un cáncer provocado por este mineral, con el que aún se fabrican tejas, y materiales automotrices.
“Ya es hora que las entidades del Estado se hagan participes. Es el momento para defender a la sociedad, porque esto no solo causa enfermedades, sino que provoca la muerte”, asegura Riaños, respaldando lo dicho por la Contraloría.
Por otra parte, Ramos destaca que quienes “quieren proteger el uso del asbesto en el país” lo hacen porque tienen intereses particulares “de grupos muy pequeños”, por lo que la tarea, que se debe definir este año, es que el Congreso legisle en favor de la comunidad en general.
“El uso del asbesto beneficia a unas empresas privadas, pero los costos negativos los sufre la sociedad, sin que esas empresas lleven las cargas de sus responsabilidades”.
Así también lo manifiesta el informe de la Contraloría, al concluir que no hay una normatividad que establezca los límites para las emisiones de asbesto, “hecho que ha permitido que se propaguen las afectaciones a la salud”.
Ahora, la decisión está en las manos del Congreso, que tiene la posibilidad de beneficiar la salud de los colombianos, como lo dice la Contraloría