Origen del dinero de los paramilitares sigue impune
Dos años de investigación de un grupo de académicos del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford (Reino Unido), y las ONG Andhes (Argentina) y Dejusticia quedaron consignados en un informe que revela que “hay una parte del conflicto colombiano que no ha sido contada ni juzgada: los vínculos entre el poder económico y los actores armados”.
El documento “Cuentas claras” evidencia que en las 35 sentencias de Justicia y Paz, dictadas hasta 2015, se identificaron 439 casos de complicidad empresarial. En el 31 % de estos se le ordenó a la Fiscalía iniciar una investigación oficial, pero solo en el 10 % se dio la acción judicial (Ver informe).
La relación entre algunos empresarios y paramilitares “no solo incluía la contención de los actores armados, sino también repertorios de represión de las protestas sociales de sindicalistas, activistas, líderes comunitarios o cualquier otro individuo al que etiquetaban como ‘guerrillero’”. Por eso, el informe señala que el 24 % de las víctimas de esas alianzas entre algunos sectores económicos y las autodefensas eran habitantes de las comunidades locales, el 20 % trabajadores, el 9,6 % miembros de la oposición política, el 6 % sindicalistas, entre otros.
Este informe, que muestra la situación en varias regiones del país, busca ser un insumo para la Comisión de la Verdad, que de manera extrajudicial tiene el mandato de determinar qué fue lo que pasó durante el conflicto armado.
Las recomendaciones
El caso colombiano no es único: 22 de las 39 comisiones de la verdad en el mundo han revelado ciertos patrones de participación de terceros en las graves violaciones de Derechos Humanos, Brasil, Argentina, Chile, Guatemala, Kenia, Sudáfrica y Sierra Leona son algunos ejemplos, un total de 321 actores económicos fueron nombrados por estas comisiones. de 39 comisiones de la verdad en el mundo revelaron patrones de participación de terceros.
Por eso, la primera de las 26 recomendaciones que los investigadores hicieron a la Comisión de la Verdad colombiana es “incluir de manera expresa el tema en graves violaciones de los derechos humanos dentro de la concreción de su mandato”.
Además, sugirieron descartar el artículo 16 de la reforma constitucional, que dio vida a la JEP, que dice que la inclusión de terceros en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es voluntaria.
Por otra parte, aseguraron que la Comisión podría crear incentivos para que los sectores económicos se vean motivados en dar su testimonio.
En su autonomía, los miembros de la Comisión de la Verdad recibieron el informe y será material de estudio