Minas, problema sin resolver en Córdoba
Over Castaño se siente afortunado. Su experiencia como víctima de una mina antipersonal la puede contar él mismo y con su cuerpo completo.
“No perdí ningún miembro. Después de la explosión quedé inconsciente como media hora, pero sí muy afectado de mis oídos, cuello y cabeza. Ahora tengo dificultad para caminar y por eso necesito atención y ayuda del Gobierno”, dice el campesino.
Su accidente ocurrió el pasado 24 de febrero muy cerca a su casa, en la vereda Boca de Cruz Grande, corregimiento Crucito, en Tierralta, Córdoba. Dice que estaba quitando una maleza cuando sintió que algo explotó. “Ya he recibido atención médica, pero todavía no me reconocen como víctima y requiero de ese apoyo”, dice el afectado.
Aparentemente el caso de Over no es el único registrado en el sur del departamento de Córdoba, cuya zona es escenario de la lucha por el territorio, a sangre y fuego, de por lo menos tres estructuras armadas ilegales: los Caparrapos, Clan del Golfo y supuestas disidencias de las Farc.
“Nosotros tenemos tres casos de civiles heridos por artefactos explosivos: uno finalizando el 2017 y dos este año ocurridos en áreas rurales de Puerto Libertador y Tierralta”, asegura Andrés Chica, defensor de derechos humanos y coordinador de la Mesa Departamental de Garantías del departamento de Córdoba.
Este líder también advierte que en el sur del departamento de Córdoba se sigue sufriendo por las minas instaladas por los frentes de las Farc que delinquieron en esa zona antes del proceso de paz y cuyo territorio está ahora siendo disputado por otros grupos armados ilegales.
“Las zonas más difíciles están en San José de Uré, Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano”, agrega.
Sobre el caso de la persona herida en zona rural del municipio de Puerto libertador, la alcaldía de esa población aseguró que ese caso no estaría relacionado con el conflicto armado.
Aún no está priorizado
La región del sur de Córdoba aún no se encuentra priorizada para un desminado humanitario. La difícil situación de orden público que se vive en la zona es la principal razón para que no se realice ese tipo de desminado. A pesar de las denuncias de la Mesa Departamental de Garantías de Córdoba sobre los tres incidentes por explosivos en los últimos meses, la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, Daicma, solo tiene registros de una sola víctima (2018), mientras que en número de eventos por minas antipersonal o explosivos improvisados, esa entidad oficial, asegura que durante 2017 hubo 7 registros. A nivel nacional, según la misma entidad, en 2018 hubo 14 víctimas, tres de ellas integrantes de la Fuerza Pública