Con el ojo puesto en edificaciones sostenibles

En dos años debe haber una política pública para definir los criterios en viviendas nuevas y usadas. En cinco, un plan de seguimiento y control.

¿En los próximos años está pensando en tener una vivienda propia? Si la respuesta es afirmativa, sepa que a 2030 todas las edificaciones deben ser sostenibles sin importar si son nuevas o usadas.

Así lo exige el documento del Consejo Nacional de Política Económica (Conpes) 3919, que orienta un plan de doce años para que se dé este proceso de manera organizada: en dos años debe haber una estrategia pública para definir los caminos de la sostenibilidad en viviendas nuevas y usadas. En cinco debe existir un plan de seguimiento y control de estas edificaciones y, a 2030, ya todas deben cumplir con estas características (ver Antecedentes).

Prepárese y busque proyectos que de una vez estén al día con estas iniciativas, para después no tener que pagar cuotas extraordinarias de administración para ajustarse a estos estándares.

“La implementación de una política nacional de edificaciones sostenibles es prioritaria (...) no existe una estrategia unificada que consolide acciones en las etapas del ciclo de vida de las edificaciones, articule las iniciativas de inclusión de criterios de sostenibilidad y haga seguimiento a los resultados de las acciones implementadas en las políticas”, aseguró el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía.

El costo de implementar este proyecto sería 579.625 millones de pesos entre 2018 y 2025, sin contar el plan específico de la región Caribe que está tramitando un préstamo con la banca multilateral de 200 millones de dólares.

Financiación

Más allá de las preferencias que otorga la banca privada a proyectos sostenibles hoy (una entidad), el documento exige que, tanto Findeter como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), deberán tener tasas de preferenciales, que “podrán ser extendidas a los hogares”, incluidos proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritario, tanto en el área rural, como urbana.

En Colombia ya se han venido dando pasos en este as-

pecto, según explicó Ana María Zambrano, directora regional del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). Por ejemplo, con la certificación LEED, de “edificios verdes”. Hoy existen 122 proyectos inmobiliarios certificados, de los cuales 16 están en Antioquia (358.562 metros cuadrados), y 42 más del departamento están en proceso de certificación, de un total nacional de 229 en el mismo estado.

Otro aspecto a resaltar es que Medellín ya planteó incentivos tributarios en el impuesto de delineación urbana y el predial unificado, que varía según el estrato entre 10 % (1 y 2), 8 % (3), 6 % (4), 4 % (5), 2 % (6).

Finalmente, “los ciudadanos deben reconocer que pese a que en algunos casos este tipo de proyectos pueden ser más costosos en la inversión, en el largo plazo significan ahorros significativos”, sostuvo Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Una proyección del DNP dice que con las tecnologías ecoeficientes (ahorro de agua y energía) se ahorrarán 152 mil millones de pesos (134 mil millones a los usuarios y 18 mil millones al Gobierno) solo en un plan con 800 mil viviendas