EDITORIAL
Un nuevo informe de autoridades de Estados Unidos confirma 209 mil hectáreas sembradas con coca en el país. Hora de que el Gobierno Nacional tome medidas más drásticas frente al problema.
“Un nuevo informe de autoridades de Estados Unidos confirma 209 mil hectáreas sembradas con coca en el país. Hora de que el Gobierno Nacional tome medidas más drásticas frente al problema”.
El incremento sostenido de los cultivos ilícitos en el país, corroborado ayer por un nuevo informe de autoridades de Estados Unidos (11 % más), empieza a ahondar la molestia del gobierno de Donald Trump, que lo considera “inaceptable” y que, de no haber mejoras en la contención del narcotráfico, bien podría pasar a terrenos más duros de presión política e incluso de sanciones como la alternativa de la descertificación.
La realidad de que Colombia, hoy, está inundada en coca y con unas mafias repotenciadas, trae escenarios muy desfavorables a nivel internacional: tensiones en los resultados de la lucha contra las drogas ilegales, en cabeza de Washington, que no oculta su descontento, y gran inquietud en Europa donde, durante 2017 y 2018, van incautaciones récord, históricas si se quiere, de alijos en contenedores, transportados en barcos bananeros y en jets privados.
Pareciera que la Presidencia, la Cancillería y el Ministerio de Defensa no estuviesen leyendo en su amplitud y complejidad el daño que le hace al país el crecimiento desbordado del narcotráfico, con los fenómenos que alimenta y gravitan en su entor- no, tanto a nivel interno como externo: violencia y adicción en los países consumidores y en el nuestro, lavado de activos, fortalecimiento de las bandas criminales y las guerrillas residuales y un sinfín de mercados paralelos del crimen: microtráfico, extorsión y pillaje urbanos.
Pero, además, a la nación la está cubriendo de nuevo aquella sombra, aquella imagen ne- gativa que derrumba la confianza y erosiona el trabajo paciente (en publicidad y gestión diplomática y comercial) adelantado durante los últimos 20 años, para borrar estigmas, abrir mercados y atraer turismo e inversión.
El Gobierno Nacional, el Congreso y la Fuerza Pública, además de las agencias que monitorean y analizan los cultivos ilícitos y su circuito eco- nómico, están en mora de actualizar diagnósticos y rediseñar estrategias de erradicación (fumigación focalizada terrestre, ¿y aérea?) y de sustitución más expedita y eficaz concertada con comunidades, por lo menos en áreas de frontera.
Colombia no puede quedarse en una concepción exclusiva e idealizada de desmonte de los cultivos ilícitos por la vía del diálogo paciente con las comunidades, que es pertinente y necesaria para reestructurar la economía campesina y la producción agraria. Es urgente que se retome la acción más agresiva de las Fuerzas Armadas en el combate de los agentes que estimulan y patrocinan la siembra de coca, marihuana y amapola.
El cambio cultural, y de las mismas redes económicas rurales, es de mediano y largo plazo, y depende de políticas estructurales incluso ya más en manos del nuevo gobierno. Recae también en la desactivación aún pendiente de grupos armados ilegales insertos en el mapa de la ilegalidad. Pero la acción contra las mafias, en plena actividad y auge, reclama medidas inmediatas de fuerza y autoridad.
Una prioridad del presidente electo, Iván Duque, será atacar con prontitud la proliferación de drogas y cultivos ilícitos, porque hay un daño reputacional evidente y bastante perjudicial sobre la capacidad que tiene el Estado colombiano de ejercer control y operar en “territorios coqueros”, desocupados por las Farc, pero donde, como lo corroboran cifras del informe citado, campean las plantaciones ilegales y el espectro terrible de sus fenómenos e influjos