Ya no hay rastros de Bernavento
Terminó la recolección de escombros del edificio derribado en junio. Aún no se sabe quién pagará la millonaria demolición ni qué pasará con el lote.
Terminó recolección de escombros de este edificio derribado el 14 de junio. Le contamos por qué hay incertidumbre por el lote y el cobro de la demolición.
Una explanada ocre, rodeada por algunos palos de guayabo, reemplaza desde esta semana lo que fue el hogar de 48 familias en el desaparecido edificio Bernavento, ubicado en la Loma de los Bernal.
Durante los últimos 27 días un grupo de 28 trabajadores, cinco máquinas y 80 volquetas —con sus respectivos conductores— trabajaron para remover los escombros que quedaron tras derribar el edificio, el pasado 14 de junio.
Hernán Vanegas, ingeniero de Atila, la empresa que realizó la demolición, explicó que el pasado lunes terminaron de recogerse los escombros y que ayer empezaron los trabajos de cerramiento del lote, con los que se dará por terminado el contrato. “En el terreno no hay ni un solo escombro. El hueco de las excavaciones (lo que eran los sótanos) se llenó con tierra y la Alcaldía sembrará semilla de hierba, y con eso queda el sitio adecuado”, explicó el ingeniero.
Jaime Enrique Gómez, director (e) del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, informó que la próxima semana la Alcaldía de Medellín recibirá el lote y dará por finalizado el contrato con Atila. “Durante el proceso solo tuvimos un inconveniente, porque en la edificación había unos muros que hacían contención a la vía y había riesgo de que la calle se desestabilizara”, dijo.
Para resolver el problema fue necesaria la intervención de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, así como geotecnistas del Dagrd que recomendaron hacer el lleno del lote con tierra. “Ahí no se usaron escombros para rellenar”, aclaró Gómez.
Los residuos
Atila informó que solo hasta el próximo viernes estará listo el informe consolidado de cuánto material se extrajo del predio. Según Vanegas, los elementos fueron llevados a escombreras legales que cuentan con permiso de operación expedido por el Área Metropolitana (autoridad ambiental); y que algunos elementos se reciclaron, con la ayuda de una empresa privada.
Jaime Gómez aclaró que el costo de la disposición final de los residuos estaba incluido en el contrato firmado entre la Alcaldía y Atila; y que una de las exigencias fue cumplir con requerimientos ambientales, como separación de residuos. “De allá se sacó madera, hierro, aluminio y todo eso se separó del concreto y de los otros materiales”, aclaró.
El costo y el cobro
Luego de que se expidiera el decreto de calamidad pública No. 0240 del 17 de abril de 2018, la Alcaldía contrató a la empresa Atila Demoliciones para encargarse de derribar el edificio Bernavento, que tenía fallas estructurales.
El contrato inicial tuvo un valor de 2.467 millones de pesos. Pero, de acuerdo con los reportes preliminares del Dagrd, es probable que el valor aumente entre 200 y 250 millones de pesos, por cuenta de acciones adicionales que fueron necesarias.
“Tuvimos que construir un muro para reforzar la co-
lumna que tenía fallas, y así garantizar la seguridad de los operarios. Además el costo de la malla de cerramiento no estaba contemplado en el contrato”, aclaró Gómez.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, había dicho el pasado 5 de mayo que la demolición generaba un daño patrimonial para el sector público, por ser un daño causado por acción de privados. Y por eso, aclaró, era necesario trasladar el costo a los responsables.
Verónica de Vivero, secretaria General de la Alcaldía, reportó que hoy mismo su oficina le explicará a la Personería de Medellín que acción legal interpondrá para recuperar esos recursos y cómo lo hará; de modo que sea un juez el que les diga quién debe asumir ese costo.
Los copropietarios
El temor que sobrevive entre los propietarios de los 48 apartamentos es que sean ellos quienes tengan que pagarle a la Alcaldía el derribamiento. “Aún no nos dicen qué va a pasar, ni siquiera sabemos cuándo nos van a entregar el lote”, explicó Diego Arredondo, copropietario y administrador.
Mientras tanto, muchos de ellos siguen pagando créditos hipotecarios de hogares que no existen. Melissa Vanegas, copropietaria, explicó que algunos bancos hicieron condonaciones por dos años, “pero exigieron que se pagara una póliza sobre el bien y no tiene sentido porque el bien ya no existe”, dijo.
Su petición es que la justicia actúe para que sean los constructores (Promotora Bernavento y Promotora San Felipe) los que respondan por los perjuicios que les causaron