La movida jurídica en el caso Electricaribe
Ante la demanda interpuesta por la compañía española Gas Natural Fenosa, el Estado tiene hasta seis meses para dar una respuesta. La firma hace votos por llegar a un acuerdo.
El pasado 15 de junio Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) interpuso ante Naciones Unidas una demanda contra el Estado colombiano por la intervención a Electricaribe. La empresa española está reclamando cerca de 1.600 millones de dólares; sin embargo, podría llegar a un acuerdo de palabra con el gobierno de Iván Duque, que tendrá seis meses para responder. Conozca los otros pleitos.
El Estado colombiano tiene vigentes 10 demandas de multinacionales, litigios que suman 5.300 millones de dólares. La más reciente, instaurada por Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), se tasó en cerca de 1.600 millones de dólares el pasado 15 de junio ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
La firma española Naturgy argumentó la demanda por cuenta de la liquidación que llevó a cabo el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, el 14 de marzo de 2017, de su contrato en Electricaribe. El ente regulador dijo en ese momento que la firma no daba abasto con la demanda que le exigía los 2,5 millones de usuarios en la región Caribe.
Ante la acción legal de la entonces conocida Gas Natural Fenosa, fuentes del gobierno le dijeron a EL COLOMBIANO que la defensa se está preparando, y que por ahora, la nación tiene un plazo de seis meses para dar respuesta a la demanda interpuesta.
De igual forma, voceros de la empresa le dijeron a este medio que “en realidad se trata de un hecho que se había anunciado, y que a pesar de mantener la demanda, la solución al pleito se espera que sea de acuerdo mutuo”.
Francisco Reynés, presidente de Naturgy, expresó el 27 de junio de este año que esperaba una solución de común acuerdo una vez se posesionara el nuevo presidente: “lo iremos a ver para evaluar si hay forma o no de resolverlo. Yo voy donde me llamen, porque soy consciente de que estas cosas se deben resolver ‘one to one’ (uno a uno)”.
La acción de la empresa española se constituye como la más importante en monto. La segunda más relevante, y que sigue en curso, fue la que llevó a cabo en 2016 América Móvil (dueña de Claro), tras alertar sobre violaciones de Colombia al Tratado de Libre Comercio con México; la cifra de ese pleito se ubicó en 1.020 millones de dólares, 273 millones más
de lo que Colombia exportó a mayo de este año hacia México (747 millones de dólares).
Si las 10 acciones que cursan contra Colombia de multinacionales se resolvieran a favor de las demandantes, el país tendría que pagar unos 15,3 billones de pesos; en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) de 2017 (912,5 billones de pesos) corresponde al 1,6 %.
En comparación con el total de pleitos legales contra el Estado, de 360 billones de pesos, según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la representación de estas disputas sería del 4,1 % (ver Informe).
¿Y la estabilidad jurídica?
Este caso generó que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) asegurara el año pasado que el país ponía en tela de juicio la estabilidad: “Nuestra organización teme que la acción actual del Gobierno colombiano podría ser ilegal y convertirse en la primera señal de tal proteccionismo”. Una declaración importante si se tiene en cuenta que España es el país que más invirtió el año pasado en Colombia, 2.618,3 millones de dólares, de un total de 13.964 millones.
No obstante, para Julián Martínez, socio de MartínezBáez Consultores, Colombia ha sido una nación respetuosa de la inversión extranjera, “con este pleito no se podría decir que la estabilidad jurídica para las empresas extranjeras quede en entredicho”.
Por cantidad de dinero, Colombia aún está lejos de ser una nación que se caracterice por este tipo de acciones legales, basta ver lo que pasa en países como España, donde las demandas se calculan en unos 38 mil millones de dólares.
“Colombia mejora en confianza inversionista, hay ambiente para hacer negocios y si estos casos judiciales se resuelven bien, hacen más estable al sistema judicial y dan más confianza”, concluyó Francisco Cubillos, profesor de la Universidad del Rosario