Crisis institucional con cara de escaramuza

Es una tentación leer el hecho político suscitado por el llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro

Uribe como una escaramuza más de la fatigante batalla entre el uribismo y el antiuribismo, inéditas fuerzas que han monopolizado el debate nacional en las dos últimas décadas. Sin embargo, sería equivocado sucumbir a tal tentación. No porque no haya elementos para sospechar de los fundamentos de hecho y de derecho de tal decisión o por las posibles consecuencias que el aforado tendría si cambiara su juez natural, sino porque está en juego algo más importante: la credibilidad de la Justicia, de un lado, y la representación ciudadana en el Congreso, del otro. A riesgo de opinar sobre una decisión judicial de la que sólo trascendió un escueto comunicado del presidente de la Sala Penal horas después de que la noticia hubiese sido difundida por los medios, quedaron algunas dudas el soporte jurídico de una decisión que alude a ‘personas allegadas’ y que da por hecho, soslayando la presunción de inocencia, la comisión de los delitos de soborno y fraude procesal. ¿Tiene plenas garantías un procesado del cual su juez natural es, cuando menos, ambiguo en la motivación de su providencia? De ser aceptada la renuncia de Álvaro Uribe como Senador se truncaría el mandato que le dieron 855.554 que votaron por él, el pasado 11 de marzo. Independientemente de la opinión que se tenga sobre su gestión -acá fuera de discusión-, es un hecho que si un representante con un mandato tan inequívoco de la voluntad ciudadana no puede cumplir su función se desnaturaliza uno de los propósitos del órgano representativo de la democracia: darle voz a los ciudadanos.