Revuelo político
Aún no se sabe quién terminará juzgando al exmandatario, que renunció a su curul en el Senado.
Por primera vez en la historia de la justicia en el país, un expresidente es llamado a indagatoria por la Corte Suprema. Sin embargo, la renuncia de Álvaro Uribe al Senado haría que el alto tribunal pierda la competencia. Recuento de la investigación, primeras reacciones y posibles escenarios.
Recién pasaban las 4:00 p.m. de ayer el expresidente y el senador más votado de las pasadas elecciones, con 875.554 votos, Álvaro Uribe, anunció que renunciaba al Senado para asumir la investigación que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por el caso de falsos testigos que lo enfrenta al senador Iván Cepeda desde 2014.
Solo ocho minutos después, el alto tribunal informó en un comunicado de prensa que llamaba al exmandatario a indagatoria por los delitos de soborno y fraude procesal por hechos ocurridos el pasado 16 de febrero de 2018. La Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción a Cepeda por la denuncia de Uribe de compra de testigos, en el caso que se lleva contra su hermano, Santiago Uribe, desde 2010, por hechos referidos a la creación de grupos paramilitares. Por el contrario, encontró razones para compulsar copias contra el denunciante.
En una indagación preliminar, el 22 de febrero, informó la Corte que personas allegadas al expresidente Uribe, al parecer con su consentimiento, habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos, por lo que el alto tribunal habría determinado que existen elementos para su investigación.
La investigación
Este caso comenzó cuando Cepeda organizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia entre 1995 y 1997, años en los que el expresidente era gobernador de este departamen- to. Según expuso Cepeda, Pablo Hernán Sierra García y Juan Monsalve Pineda, condenados por paramilitarismo, en entrevistas que le dieron desde las cárceles de Itagüí y Cómbita, respaldaban la tesis que señalaba que en la finca Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe Vélez, se había creado el Bloque Metro de las Autodefensas.
Inmediatamente, Uribe desestimó los testimonios y demandó a Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de ir de cárcel en cárcel comprando testimonios para coordinar un cartel de falsos testigos que buscaba incriminarlo.
Sin embargo, en el fallo, el alto tribunal, a través de interceptaciones y testimonios llegó a la conclusión que el legislador del Polo no había desviado las revelaciones contra Uribe de los encarcelados.
Este martes, tras dar a conocer su renuncia, el exmandatario publicó varios mensajes vía Twitter atacando a la Corte. En ellos, acusa al alto tribunal de prejuzgarlo y exi- gió la renuncia de un magistrado, que no identificó, pero que al parecer habría filtrado su llamado a indagatoria a los directores de medios Felipe López y Néstor Morales.
Además, les pidió a sus abogados no dar declaraciones en su nombre. El defensor del expresidente, Jaime Granados, a la salida de la Corte, les dijo a los medios estar sorprendido. “La Corte ya había accedido a otorgarnos esa versión y para nuestra sorpresa lo llamaron a indagatoria. De nuestra parte, consideramos precipitado ese llamado”.
Agregó que “el expresidente ha pedido que todo se investigue y nunca ha huido de la justicia. Él es el más interesado en que los temas se aclaren y aportaremos todos los elementos de prueba para defendernos”.
Por este caso se vinculó también al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, miembro del Centro Democrático, quien afirmó que “estoy extrañado que nos llamen a indagatoria sin siquiera habernos escuchado en versión libre. Le daré la cara a la justicia y voy a probar cualquier hecho”.
En medio del revuelo, la contraparte, Iván Cepeda, le dijo a EL COLOMBIANO que está estudiando la posibilidad de pedirle al tribunal ser parte en el proceso que se adelanta contra Uribe, y advierte que “aquí estamos sobre una actuación lícita de la Corte Suprema de Justicia. El ejecutivo no debe inmiscuirse en lo judicial, sólo cabe respeto y consideración a la independencia y autonomía del poder judicial”.
Concluyó que es “un hecho sin precedentes. Creo que es la hora de que Uribe le dé la cara a la justicia, se acabaron las maniobras dilatorias,
las presiones sobre los magistrados de la Corte”.
¿Habría cárcel?
Estamos lejos de conocer todas las consecuencias, pues no es claro quién sería el encargado del caso de Uribe, tras la renuncia de su curul (Ver recuadro).
A eso se suma que los delitos podrían llevar a la necesidad de privar de la libertad al senador del Centro Democrático.
“Las medidas precautelares dependen de cada caso. Debe considerarse la calidad de la persona, ver que no está impidiendo el cumplimiento u obstaculizando la investigación, y a la dignidad de la República”, explicó el expresi-
“La Corte me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador”. ÁLVARO URIBE VÉLEZ Expresidente
dente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla.
Si depende de la Corte, indicó a su vez Iván Cancino, abogado penalista, el tribunal tiene plazo de 10 días después de la realización de la indagatoria – la cual todavía no tiene fecha– para definir si hay mérito o no para un encarcelamiento.
Sin embargo, para Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general, no habría posibilidad para su reclusión porque “se trata de un ciudadano que no ha esquivado ningún llamado a la justicia y tiene arraigo, lo que permite descartar que haya una evasión a la justicia”