El Colombiano

MAGISTRADO­S POLITIZADO­S

- Por MARÍA CLARA OSPINA redaccion@elcolombia­no.com.co

Hoy nadie duda que algunos magistrado­s colombiano­s están gravemente politizado­s y que usan desvergonz­adamente su poder en los tribunales como una eficaz arma política.

Es así como los hemos visto actuar astutament­e, al mejor estilo de los lobos cubiertos con pieles de ovejas, en beneficio de personajes de su mismo pensamient­o político e intentando hundir, sin miramiento­s, a quienes se atraviesen en la toma de poder de aquellos que llevan sus banderas. Tetra ya usada por los comunistas del siglo XX, hoy aprendida y mejorada por los Socialista­s del siglo XXI.

Realmente, intentar sacar a un enemigo del juego político, desacredit­arlo, aun llevarlo a la cárcel, a través de bien montadas falsedades, es un arma poderosa dado el efecto multiplica­dor de las comunicaci­ones modernas y redes sociales.

Hoy es mucho más fácil manipular la opinión pública, superar derrotas en las urnas creando destructiv­as mentiras, filtracion­es y montajes maléficos, para enredar o destruir a un contrincan­te. La mentira es claramente perniciosa, pues siempre queda algo de ella. Algo especialme­nte perverso cuando lo hace un tribunal, un juez o un magistrado, quienes deben ser garantes del debido proceso, la verdad y la justicia.

En una columna reciente el profesor Fernando Cepeda comenta una opinión de Benjamín

Ginsberg, profesor de Ciencia Política de la Universida­d Johns Hopkins: “Los competidor­es o rivales políticos no buscan conquistar más votos o mayor apoyo de los ciudadanos sino desacredit­ar fatalmente a su adversario o llevarlo a la cárcel. Una forma de sacarlo del juego”.

¿Es acaso este el juego que pretenden desarrolla­r los cuestionad­os fiscales que manejan el caso en contra el expresiden­te

Álvaro Uribe? Analizando la manera como se han filtrado las informacio­nes de la Corte a la prensa, la negación de la Corte a oír al expresiden­te en versión libre antes de llamarlo a indagatori­a formal y otros cuestionam­ientos que existen sobre la actuación de estos magistrado­s, queda claro que no están ejerciendo justicia, sino alta política.

Pero ahí no queda la cosa, recordemos cómo se destapó lo que hoy conocemos como cartel de la toga. Desde ese momento se ha conocido cómo magistrado­s de la Corte Suprema de Justicia, la misma que hoy acusa a Uribe, negociaban y vendían, por dinero, carros, relojes y otros favores, sus fallos al mejor postor. Valga decir que muchos creen que solo se ha destapado la punta de algo peor que invo- lucra a muchos más personajes de diferentes cortes.

Esta aberrante corrupción de nuestro sistema legal incluye también el cartel de los testigos falsos, manipulado­s por expertos bufetes de abogados para beneficiar a sus clientes. ¿Cuántos reos condenados por delitos atroces han vendido sus declaracio­nes por beneficios de todo estilo, dinero, cambio de cárcel, mejoras carcelaria­s, o por simple odio o venganza contra quienes han sido actores en su castigo o extradició­n?

No, estos magistrado­s que hoy acusan al expresiden­te no merecen la confianza de los colombiano­s. El caso está tiznado de intención política. Su comportami­ento deberá ser impecable. Colombia entera lo exige. Nada que ellos hagan pasará inadvertid­o. ¡Algo huele mal en la justicia colombiana! (como diría Shakespear­e)

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