La ofensiva que les viene a corruptos
El nuevo proyecto del Gobierno y la Procuraduría sobre probidad recoge otros dos puntos de la Consulta.
El Gobierno del presidente Iván Duque se resiste a dejar en manos de los partidos de oposición –fortalecidos con los resultados de la Consulta del pasado domingo–, el liderazgo de las iniciativas legislativas que permitan implementar o mejorar las herramientas para prevenir y sancionar la corrupción.
Para darle fuerza a esas iniciativas, se ha rodeado de las instituciones claves para enfrentar estas conductas, como la Fiscalía y la Procuraduría. Con esta última presentó antier su quinto proyecto en ese sentido: el que promueve la probidad administrativa, establece responsabilidad penal a personas jurídicas y fortalece el Ministerio Público.
El procurador general, Fernando Carrillo, dijo que lo que hubo el domingo fue un clamor y por eso hay que materializar en leyes y en cambios de comportamiento el grito de la ciudadanía contra la corrupción.
Endurecer castigos
El proyecto crea la Red para la prevención de la Corrupción, la integrará la Procuraduría con las personerías distritales, municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas y las demás dependencias con atribuciones disciplinarias.
Pero ese grupo no será otro de tantos que existen en el papel, sino que tendrá como tarea diseñar y ejecutar las acciones requeridas para promover la cultura del respeto y cuidado de lo público y la prevención de conductas contrarias al orden jurídico.
Además, plantea varias modificaciones a la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), como ampliar a 20 años el tiempo para que prescriban la acción disciplinaria de las faltas gravísimas y se aumenten los años de destitución e inhabilidad para los sujetos disciplinables.
Según el presidente Duque esta ampliación “le da una herramienta al Ministerio Público de estar siempre detrás de las conductas indeseables, perseguirlas y sancionar”.
Dos puntos de Consulta
Esta iniciativa recoge la esencia de otras dos preguntas de la Consulta Anticorrupción, diferentes a las otras tres que ya están recogidas en los otros proyectos que radicó el Gobierno el pasado 8 de agosto.
Por un lado, resuelve la pregunta dos, que pedía cárcel para los corruptos, sin posibilidad de reclusión especial y prohibición de volver a contratar con el Estado. De igual manera, entre las sanciones del nuevo proyecto de ley se destaca la prohibición a los corruptos de contratar con el Estado y la extinción de dominio exprés contra quienes atentan contra el erario.
Esto último retoma la pregunta seis de la Consulta, pero no la ahonda, como la iniciativa popular, que posibilita que le quiten las propiedades a testaferros como cónyuge, compañero permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o a socios de derecho o hecho.
Incentivar la denuncia
Otra de las novedades es fortalecer, motivar y patrocinar la denuncia ciudadana, brindando mecanismos de protección eficaces, lo cual permitirá que más ciudadanos cooperen con las autoridades.
“Que tengamos además el estímulo para la denuncia ciudadana, con mecanismos de protección, nos va a permitir a nosotros es hacerles sentir a los corruptos que toda la sociedad los está mirando”, dijo el presidente Duque.
Según Luisa Fernanda García, docente de Derecho de la U. del Rosario, este proyecto complementa el que había sido presentado hace dos semanas y materializa las propuestas de campaña del presidente. “Se evidencia un trabajo conjunto con órganos de control como la Procuraduría y un endurecimiento de las sanciones que se materializan a través de reformas al Código Disciplinario, entre otros”.
Lo que falta por regular
Ernesto Matallana, docente del área de Contratación Pública de la U. Externado, sostuvo que toda norma que implique detener los actos de corrupción es loable, pero en este articulado se habla de las personerías y su intervención cuando están politizadas.
Destacó que hay dos tareas que se le asignarían a la Procuraduría que hasta ahora han sido facultad solo de la Fiscalía: la extinción de dominio y el seguimiento del enriquecimiento de los funcionarios. “No se trata nada sobre la intervención del financiamiento irregular de campañas y esa es la causa de la corrupción en la contratación pública”.
Encuentro con promotores
Al final de la tarde de ayer el presidente Duque recibió en la Casa de Nariño a los promotores de la Consulta.
El mandatario hizo un recuento de los proyectos que ya radicó, como el que limita a tres periodos la elección de miembros de corporaciones públicas, el que obliga al uso de los Pliegos Tipo, el que levanta la reserva de la declaración de renta y el que crea la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. Todas temáticas incluidas en la Consulta.
La exsenadora Claudia López le presentó al presidente el paquete legislativo de la Alianza Verde en el mismo sentido y le pidió radicarlas en conjunto con los comités promotores y la ciudadanía el próximo 5 de septiembre, pero con mensaje de urgencia.
Según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hay muchas propuestas y por eso se requieren acuerdo político para sacarlas adelante