REFORMITIS-LUJURIA LEGISLATIVA
Se vienen anunciando con bombos y platillos proyectos de ley y actos legislativos para reformar la justicia (Cambio Radical ya presentó uno, y la ministra de Justicia anunció otro), para combatir la corrupción, y sobre probidad y ética en la función pública (presentados por el presidente Duque y el procurador Carrillo).
Ya el año pasado, 2017, se habían radicado cerca de siete proyectos de ley para atacar el flagelo de la corrupción y la búsqueda de la probidad y transparencia: Proyecto de ley 005 de 2017 Cámara, “Por medio del cual se adoptan medidas en materia penal en contra de la corrupción”, presentado por el fiscal General Martínez Neira, acumulado con el Proyecto de Ley 109/2017 Cámara, “Por medio de la cual se dictan normas en materia de probidad y prevención de la corrupción”, presentado por el entonces ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Proyecto de Ley 114/17 Cámara, “Por medio de la cual se adoptan medidas a favor de la transparencia y las buenas prácticas”. Proyecto de Ley 16/2017 Senado, “Por medio de la cual se fortalecen los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión pública”. Proyecto de Ley 47/17 Senado, “Por medio de la cual se adiciona el artículo 397A y se modifican los artículos 399A, 400A y 415A de la Ley 599 de 2000 y los artículos 202 y 205 de la Ley 906 de 2004”. Y Proyecto de Ley 52/17 Senado, “Por medio de la cual se establecen medidas para combatir la corrupción con los recursos públicos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”.
Desde el 4 abril ya existía ponencia para primer debate, y el solo proyecto del Fiscal General constaba de 118 artículos. Ahora se radica un nuevo proyecto y muchos creen que será el bálsamo que alivie todas las dolencias de nuestra frágil democracia. Contrasta ese entusiasmo reformista y esa lujuria legislativa, con otra iniciativa que radicó el entonces ministro Gil Botero, en marzo del presente año, y que buscaba derogar 11.819 normas inútiles, arcaicas, repetidas, ineficaces, desactualizadas que existen desde 1886. Ese sí que sería un gran aporte que haría el Congreso a la sociedad colombiana.
Es una lástima que los colombianos sigamos creyendo que las normas, el derecho, tienen la virtud de transformar el mundo. Es todo lo contrario, los comportamientos, los fenómenos económicos, los movimientos sociales, los avances científicos y tecnológicos son los verdaderos transformadores. El derecho siempre va detrás de ellos. Debemos dejar el vicio de depositar tanta confianza y responsabilidades en la Constitución, en el Derecho Constitucional, en el Derecho Penal y en las cárceles.
El camino correcto debe ser una revolución educativa, cultural, pedagógica, que promueva la ética, decencia, transparencia, integridad, civilidad, convivencia, solidaridad. No necesitamos más leyes, necesitamos es formar mejores ciudadanos que dé cómo resultado una mejor sociedad. Imperativo kantiano: ¿qué debemos hacer? Lo correcto.
Mucho me temo que al final nos pase como lo sentenciaba Guiseppe Tomasi di Lampedusa, en su famosa obra “El Gato Pardo”: que todo cambie para que todo siga igual
* Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Eafit.
Es una lástima que los colombianos sigamos creyendo que las normas, el derecho, tienen la virtud de transformar el mundo.